La ‘Policía patriótica’ que lideró el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino con Jorge Fernández-Díaz como ministro del Interior tendrá que explicar ante el juez porque relegó y cortó de raíz el trabajo del equipo de investigadores de Asuntos Internos que dirigía el caso del 'pequeño Nicolás', hasta el punto de ponerles en contra de todo el Cuerpo, repartir sus fotos para controlar sus movimientos en las instalaciones policiales e incluso abrir expedientes por falta muy grave a alguno de ellos con el objetivo de echarle de la Policía. Esa es la base de la querella contra la cúpula policial de aquella época admitida a trámite hace dos años y que ha estado congelada en el juzgado de instrucción número 49 de Madrid, sin que se diera traslado a los implicados. La Audiencia Provincial ha ordenado a la jueza que acelere ya las notificaciones ante un retraso que considera injustificable.
La querella la interpuso el inspector Ruben Eladio López, número dos del equipo del excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, por el supuesto acoso que él y los otros cinco miembros de su grupo de investigación recibieron cuando durante sus trabajos en el llamado ‘caso Nicolay’ descubrieron que podría haber alguna relación con el comisario Villarejo, cuyo caso todavía no había saltado a la luz ni llegado a los tribunales, pero que explotó a raíz de esa ‘guerra de comisarios’. Según los datos que obran en la querella, el propio López fue interrogado en el despacho del DAO y presionado para sacar a Villarejo de la causa antes de que trascendiera su trabajo, algo a lo que tanto él como sus compañeros se negaron a hacer.
Una vez cerrada la investigación de urgencia y bajo la presión de varios de los componentes de la policía patriótica, cada uno de los miembros del grupo fue destinado a un punto distinto y ocupado en labores policiales por debajo de sus aptitudes. López acabó en la gestión de los calabozos de Madrid y el resto en comisarías periféricas, en el mejor de los casos. La querella pretende que se esclarezcan todos aquellos hechos y se restituya, en lo posible, el bagaje y prestigio profesional de los investigadores, una vez que la instrucción sobre Villarejo y casos como ‘Kitchen’ están demostrando que todas las sospechas que se lanzaron entonces sobre unos trabajos policiales supuestamente realizados fuera de la legalidad, con el nexo común del “agente doble” Villarejo, tienen visos de ser verdad. La querella admitida a trámite plantea posibles delitos de organización criminal, acoso laboral y destrucción de pruebas, entre otros.
Dos cartas reveladoras
Entre la documentación entregada al juez en esta causa se encuentran dos emotivas y extensas cartas elaboradas por una de las policías que estuvo desde el principio en la investigación que reflejan las presiones y vejaciones que sufrieron, hasta el punto de pasar miedo por su futuro, “un miedo que presagiaba lo peor. Y así fue, pues poco después acabaríamos investigados en nuestro propio Juzgado y desacreditados y desterrados policialmente”, señalan las misivas adelantadas por La Información.
Los policías que investigaban al ‘pequeño Nicolás’ ya desvelaron en diciembre de 2014 un posible encuentro de éste con Villarejo, a partir del cual, su orden era buscar en las bases de datos reservadas de la Policía a todos aquellos con cuyas claves de acceso se habían consultado datos cuyo destinatario era Francisco Nicolás. Esa acción fue el inicio de todas las presiones, pero en el informe sobre la causa que consta en el sumario del ‘caso Nicolay’ los investigadores señalan como, tras salir de la cárcel, fue grabado en una reunión en los jardines del Canal de Isabel II con un personaje que respondía a las características del excomisario. Y el propio Nicolás admitió en su declaración su relación con Villarejo.
Las misivas aportadas a la querella que ahora se ha puesto por fin en marcha señalan que, una vez que Pino ganó la guerra a Martín-Blas, su sustituto en Asuntos Internos, Francisco Migueláñez, quería “dar fin de forma súbita e inmediata a la investigación, fuere cual fuere el estado en el que se encontrara, y sin más explicación ni especificación alguna sobre qué ocurriría tras eso con nosotros”.
Uno de los nombres que ahora ha saltado a la palestra en la investigación del caso Kitchen y los papeles de Bárcenas, el inspector jefe Jesús Galán, también aparece en las cartas enviadas por la policía a sus entonces superiores, en las que asegura que pretendía ofrecerle “una solución para escapar de aquel horror”. “Él me garantizaba y me aseguraba que no me iba a pasar nada. Entre las opciones, además de la de regresar destinada a mi tierra o recomendarme para irme a una embajada, me aconsejó presentar tranquilamente una baja médica sin estar enferma para apartarme de la investigación. A mi me resultaba increíble, jamás lo hice”, señala la carta. “Con el tiempo comprendí que él no me ofrecía soluciones a mis problemas, sino a los de otras personas”, señala.
“Cuando ahora veo que los compañeros que investigan la Operación ‘Tandem’ tienen tantos reconocimientos en prensa, y están recibiendo felicitaciones y condecoraciones por su labor, pienso hasta en el día que nosotros llegamos a comprar las cajas para hacer los registros en los domicilios y empresas del Comisario Villarejo. Pero nos cortaron toda posibilidad de gloria”, refleja el documento.
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