Las principales medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros

El Gobierno ha acordado este viernes ratificar a Félix Sanz Roldán al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha afirmado que el Gobierno ha aprobado su cese y nombramiento al mismo tiempo para permitir que continúe en el cargo.

El Gobierno ha tomado esta decisión al cumplirse ahora el mandato legal de cinco años como máximo responsable de los servicios secretos españoles.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo nombró director del CNI el 3 de julio de 2009, en sustitución de Alberto Saiz, que dimitió el día anterior, tras el escándalo de sus exóticos viajes pesqueros.Bonificación a la contratacion juvenil

El Gobierno bonificará con 300 euros mensuales durante seis meses la contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años no ocupados que ni estudien ni trabajen y que se hayan acogido al programa de garantía juvenil.

Según ha anunciado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la bonificación estará en vigor hasta el 30 de junio de 2016 y será compatible con cualquier otro incentivo a la contratación indefinida.

Para optar a la bonificación el puesto de trabajo tiene que ser de nueva creación e indefinido, en tanto que para los empleos fijos a tiempo parcial bajará a 150 euros mensuales si la jornada es del 50 % y a 225 euros si es del 75 %.Dinamizar el comercio

El Gobierno ha aprobado además medidas para dinamizar el comercio, entre las que se encuentran la reducción de los trámites y tiempos para abrir un establecimiento, la limitación de los supuestos en los que se puede exigir una autorización o la ampliación de ciudades obligadas a liberalizar horarios en zonas turísticas.

Estas iniciativas están incluidas en un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, el objetivo es profundizar en la unidad de mercado y eliminación de trabas administrativas para la apertura de negocios, e impulsar el binomio "turismo y comercio" para multiplicar su impacto en la generación de empleo.

Las nuevas urbes, que se suman a las 14 definidas en 2012, son San Sebastián, Coruña, Santander, Oviedo, Gijón, Almería, León y Jerez de la Frontera, así como Salamanca y Marbella (que ya cuenta con áreas con libertad de horarios comerciales).

En el plazo de seis meses (a contar desde que entre en vigor la normativa), los ayuntamientos deberán delimitar lo que consideren zonas de gran afluencia turística, propuesta que tendrá que ser aprobada por la correspondiente comunidad autónoma.

Para ampliar el número de ciudades obligadas a contar con al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT) en la que las tiendas puedan abrir cuando quiera, el Ejecutivo ha rebajado los criterios implantados en 2012 para delimitarlas.

Así, si antes se contemplaban ciudades con más de 200.000 habitantes y 1 millón de pernoctaciones, estos límites se rebajan a 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones.

Hasta ahora, cumplían los criterios Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada y Cartagena (Murcia), Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

A estas se sumaron posteriormente, de forma voluntaria, Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres. Actualmente, según datos de Economía, España cuenta con 681 ZGAT en 526 municipios.

La existencia de zonas con libertad de horarios para todo tipo de comercios (grandes o pequeños) es necesaria para impulsar el binomio "comercio-turismo" en España, un país que recibe 60 millones de visitantes, según el Ejecutivo, que afirma que las ventas han evolucionado mejor en las regiones más turísticas.

Por otra parte, el real decreto modifica el artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para agilizar la implantación, traslado o ampliación de superficies comerciales.

Así, se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado, de forma que el ayuntamiento y la comunidad autónoma correspondiente tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de una superficie comercial, y se reduce a la mitad el plazo de tramitación, de 6 a 3 meses.

Una vez en vigor, la implantación de establecimientos "sólo" se podrá someter a unaúnica autorización que se concederá por tiempo indefinido y cuando concurran razones imperiosas de interés general: que su construcción pueda implicar daños en el medio ambiente, el entorno urbano o en el patrimonio histórico artístico.

Además, se eliminan restricciones injustificadas introducidas para defender un modelo empresarial en detrimento de otro -grandes superficies frente a pequeño comercio- y se suprime la intervención de los competidores en los procesos de autorización.

Actualmente, en comunidades como Cataluña o País Vasco las grandes superficies (más de 2.500 metros cuadrados) ven frenada su expansión debido a que las autonomías se lo impiden con argumentos medioambientales o urbanísticos.

Fuentes del sector han explicado que habrá que esperar a ver cómo aplican estos cambios las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en materia de comercio.

Con la implantación de la "ventanilla única", la comunidad o el ayuntamiento tramitará de forma conjunta la solicitud de implantación de una superficie evitando así que las empresas tengan que acudir por separado a cada una de estas administraciones.

En un comunicado, Economía recuerda que hay autonomías que cuentan con procedimientos abreviados o han eliminado todo tipo de intervenciones previas, incluidas licencias municipales.

"Esto demuestra que es posible simplificar y reducir los procedimientos eliminando trámites superfluos sin menoscabo de las garantías que en materia de medioambiente y urbanismo deban preservarse", añade. Incentivar la banca privada

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de cédulas y bonos de internacionalización para incentivar que la banca privada financie operaciones de exportación e impulsar así la internacionalización de las empresas.

El Consejo de Ministro ha aprobado el decreto ley que regula estos instrumentos financieros con el fin de "multiplicar" las posibilidades de financiación privada a la internacionalización y dotar de "músculo financiero" al sector exterior.

El reglamento fija la normativa que debe regir las emisiones de las operaciones sobre estos títulos en el mercado secundario y las competencias de supervisión que tendrán la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España sobre ellos.

Las cédulas son un instrumento financiero que emiten los bancos y que tienen como garantía la cartera de préstamos que la entidad ha concedido para una actividad, lo que les permite financiarse en los mercados mayoristas en condiciones más favorables.

Según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad, con este instrumento las entidades de crédito van a tener un incentivo en proporcionar nuevos créditos para financiar la exportación e internacionalización de empresas.

Explica que la provisión de financiación bancaria en apoyo a la actividad internacional permitirá posteriormente a las entidades de crédito captar fondos, a plazo y coste más favorables, y destinables a cualquier otra finalidad.

El Gobierno también ha ampliado la actuación de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) a través del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana (FONPYME), al autorizar las participaciones temporales y minoritarias directas en el capital social de las empresas españolas para su internacionalización.

Asimismo, facilitará la participación en aquellos instrumentos o fondos de capital expansión con apoyo oficial a fondos de inversión privados que fomenten la internacionalización.

El objetivo de FONPYME es facilitar la financiación a las pymes que quieren operar en el exterior.

Este fondo permite realizar inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de las pequeñas y medianas empresas situadas fuera de nuestro país.Pagos con tarjeta

El Gobierno ha aprobado hoy un tratamiento singular para lospagos con tarjeta de pequeño importe, de hasta 20 euros, en los que las comisiones serán más bajas, de 0,2 % para las de crédito y 0,1 % para las débito.

Esta es una de las nuevas medidas de impulso al comercio interior y exterior que ha aprobado el Consejo de Ministros.

En cuanto a la rebaja de las comisiones en pagos con tarjeta, el Ministerio de Economía ha explicado en un comunicado, que en la propuesta de reglamento de la Comisión Europea se incluyen limitaciones en las tasas de intercambio o comisiones por los sistemas de pago en España, una medida que entrará en vigor el 1 de septiembre.

Así, las tasas de operaciones estarán limitadas al 0,3 % para pagos con tarjeta de crédito y al 0,2 % para pagos con tarjeta de débito.

En los pagos de débito se incluye una limitación adicional, una comisión máxima de 7 céntimos de euro, para evitar comisiones mayores a las actuales.

Además, la norma establece un tratamiento singular para los pagos de pequeño importe, de hasta 20 euros, en los que las comisiones serán aún más bajas; 0,2 % para crédito y 0,1 % para débito.

Esta normativa será de aplicación en todos los pagos realizados en puntos de venta españoles en los que participe, al menos, un proveedor de servicios de pago español, incluyendo operaciones de comercio electrónico.

La medida adoptada en materia de tarjetas de pago sólo afecta a los tradicionales sistemas de pago (en los que intervienen el usuario de la tarjeta, el comerciante, el banco emisor y el banco que gestiona el cobro en el comercio).

La norma no se aplicará a las tarjetas de empresa, corporativas ni en la retirada de efectivo en cajeros.

Según el Gobierno, actualmente la tasa media por el pago con tarjeta en una misma red es de 0,75 % en tarjetas de crédito y de 0,30 euros por transacción en tarjetas de débito.

Para el comercio minorista, la tasa media de intercambio es el 0,68 %, muy elevada para el sector, según el Gobierno, lo que desincentiva a muchos comerciantes, especialmente a los pequeños.

En España solo el 16,8 % de los pagos se realiza con medios electrónicos y únicamente el 7 % de bajo importe (por debajo de 20 euros) se paga con tarjeta.

En la UE, España se sitúa en un tramo intermedio-bajo por detrás de países como Finlandia (27,1 %), Irlanda (29,4 %), Francia (33,3 %), Países Bajos (35,0 %), Portugal (47,0 %), Suecia (47 %), Reino Unido (47,6 %) y Noruega (50,3 %).

Para garantizar el cumplimiento de las nuevas limitaciones, se prohíbe expresamente repercutir los gastos al ordenante para evitar cualquier compensación por parte de los bancos, ya sea en la cuota de emisión de las tarjetas o en otros servicios bancarios que pudieran verse incrementados indebidamente.

En este sentido, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría ha asegurado que no se podrán cobrar mas de los márgenes establecidos. "Queda terminante prohibido", ha sentenciado.

Además, según la norma, se garantiza la transparencia obligando a los medios de pago a proporcionar información relativa a las tasas de intercambio y descuento al Banco de España, y se dará seguimiento a la medida a través del Observatorio de Pagos con Tarjeta, órgano consultivo, asesor y de coordinación adscrito al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de ComercioRegulación aeroportuaria

El Gobierno ha aprobado este viernes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), principal instrumento de regulación y supervisión de Aena, que establece que las tarifas aeroportuarias no subirán hasta el año 2025.

El nuevo marco regulatorio, que acompañará a la privatización de Aena y que tendrá una duración quinquenal, establecerá los niveles de calidad de servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio y de inversiones así como las tarifas, ha anunciado hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Según desveló ayer la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el borrador de real decreto con el que se establece el marco regulatorio del sector aeroportuario contempla la congelación de las tasas hasta 2025 siempre y cuando las inversiones acometidas por Aena no superen los 450 millones de euros anuales y el incremento de los costes aeroportuarios no supere el 1 %Gravamen a los depósitos bancarios

El impuesto estatal sobre los depósitos bancarios tendrá un gravamen del 0,03 %, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha explicado que este gravamen, que pagarán los bancos, se ha incluido en el decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado hoy.

El impuesto estatal sobre los depósitos bancarios está en vigor desde enero de 2013, pero se mantenía al 0 % ya que se creó con el único fin de garantizar la unidad de mercado y evitar que cada comunidad autónoma pudiera tener una tasa propia.

Según anunció el Gobierno en su día, el tipo de este impuesto sería muy moderado y no tendría un fin recaudatorio, sino únicamente compensatorio, ya que la ley de financiación autonómica obliga a resarcir a las comunidades autónomas que lo tenían y cuya vigencia quedó anulada a partir de la existencia del impuesto estatal.

Las tres comunidades a compensar son Andalucía, Canarias y Extremadura, que son las que lo tenían vigente antes del 1 de diciembre de 2012. Después lo implantaron Cataluña y Asturias