El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha reivindicado el papel de la Justicia y ha pedido que no sea considerada únicamente como "pilar fundamental del Estado" sino que debe ser entendida también como un factor de prosperidad y crecimiento económico. El respeto a la misma y su buen funcionamiento no se queda únicamente en el ámbito de los tribunales sino que se traduce como un elemento "determinante" de la confianza que demandan ciudadanos, empresas e inversores.
De este modo, el presidente del alto tribunal ha reivindicado el papel de la Justicia en el acto de apertura del año judicial celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos (el mismo que acogió el juicio del 'procés') y que ha contado, como viene siendo habitual, con la presencia del Rey Felipe VI. Durante su discurso, que ha sucedido al pronunciado por la fiscal general del Estado, María José Segarra, Lesmes ha alertado acerca de los factores negativos que genera la incertidumbre en este campo y ha dicho al respeto que la incertidumbre y la falta de confianza en la Justicia es uno de los factores que "de manera más nociva" incide en la inestabilidad económica de una sociedad.
Los dos juristas han dedicado buena parte de su intervención a pedir más medios materiales y económicos para reforzar la Justicia y luchar contra la lacra de la corrupción, aunque para Lesmes ésta no puede ser el único freno de la misma. "Es verdad que la complejidad de los mecanismos económicos y jurídicos hace que los hechos de corrupción no resulten fácilmente perseguibles por los órganos policiales y judiciales, pero es decisivo que en la sociedad no cunda la sensación de impunidad frente a la corrupción", ha asegurado.
"Tenemos que acatar la sentencia que se dicte"
La fiscal general del Estado, por su parte, ha aprovechado su alocución para repasar las cifras más trascendentales relacionadas con los casos de terrorismo, violencia de género, trata de seres humanos y delitos sexuales, entre otros. El juicio sobre la deriva independentista de Cataluña, en cuya sentencia trabajan los magistrados de la Sección Segunda del alto tribunal, también ha sido objeto de mención. Al respecto, Segarra se ha remitido a la vista oral para recordar el compromiso de la Fiscalía en el procedimiento ante la "extraordinaria gravedad de los hechos".
"La respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley (...). Por ello, y precisamente en este momento, creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", ha indicado la fiscal general del Estado, a la par que ha reivindicado la "autonomía" de actuación del Ministerio Público en actuación en el procedimiento. Al respecto cabe recordar que la Fiscalía ha mantenido desde el arranque del juicio hasta el término del mismo que los hechos cometidos por el entonces equipo de Gobierno de Carles Puigdemont son constitutivos de delito de rebelión.
Aumento del 23% de los casos por delitos sexuales
De entre todas las cifras recogidas por la memoria de las que se ha hecho eco la fiscal general del Estado destaca el incremento de casos relacionados con la delincuencia sexual. Sobre este punto concreto ha alertado acerca de lo "especialmente preocupantes" que son las cifras de este ámbito relativas al ejercicio del 2008, año en que el número de procedimientos aumentó hasta un total de casi 19.000 asuntos; es decir, un 23 por ciento más que las cifras recogidas en el año anterior.
Con todo, también han sacado a relucir pretensiones que se han convertido en un reclamo habitual en este tipo de actos. Por ello han pedido dotación de más medios a unos juzgados colapsados y desbordados por la carga de trabajo y una mayor especialización. Al respecto, Carlos Lesmes ha explicado que en España se gastan anualmente casi 4.000 millones de euros en la política de Justicia pero esto no es un buen indicador si se compara con otros países de la Unión Europea. "Existe una excesiva carga de trabajo difícilmente asumible con los recursos disponibles", ha expuesto el presidente del órgano de gobierno de los jueces.
La solución, a su juicio, pasa por una reforma "integral" de la actual estructura judicial incluso antes de acometer una mayor inversión en el ámbito de los tribunales. Por ello ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo en este aspecto para poner en marcha un nuevo modelo territorial y organizativo que tenga como eje central alcanzar mayores cotas de eficacia. Con todo, y pese a mencionar los puntos débiles del mundo judicial, Lesmes ha terminado su intervención recordando que existe independencia judicial en los tribunales de España.
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