"Es intolerable que salgan concursos con una dotación económica inferior a los anteriores con la situación que tenemos y con el enorme esfuerzo que han realizado los profesionales de la limpieza durante lo peor de la pandemia en este país". Los grandes gigantes de los servicios - Urbaser, Acciona, Clece, Eulen, Ferrovial, FCC o Ilunion -, agrupados bajo la patronal Aspel, han decidido plantarse y recurrir los pliegos de los millonarios contratos de limpieza licitados por la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana por alentar pujas a la baja y fijar precios de salida que imposibilitan de facto el cumplimiento de las tablas salariales vigentes en los propios centros hospitalarios que se incluyen en los contratos. El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, no puede ser más claro: "Los trabajadores de la limpieza han trabajado junto a los sanitarios para luchar contra la pandemia y creo que esta no puede ser la recompensa que reciban de la Administración".
El conflicto se mide en cientos de euros para los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, pero en decenas de millones de euros para las empresas del sector y las Administraciones Públicas. Por descender al detalle, en el caso de la Comunidad de Madrid la Consejería de Sanidad ha decidido abrir en 51 millones de euros al año - sin IVA - la puja por los siete lotes en que ha dividido el megacontrato por el que se adjudicarán los servicios de limpieza de los hospitales públicos Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Príncipe de Asturias, Gregorio Marañon, Getafe y El Escorial. El contrato tendrá un vigencia de 36 meses, ampliables a 60 meses, así que lo que está en juego a nivel económico son más de 250 millones de euros para las empresas que se adjudiquen el servicio.
El de la Comunidad Valenciana es aún más cuantioso ya que su perímetro es más amplio y abarca a la práctica totalidad de la planta hospitalaria de la región. El valor atribuido al contrato es de 474 millones de euros y está dividido en 22 lotes. Se da la circunstancia de que son los dos primeros megacontratos de limpieza hospitalaria que salen a licitación en la era post-covid y no han podido evitar la polémica.
La controversia tiene una naturaleza similar en ambos casos. Las administraciones en su celo por preservar sus arcas de gastos innecesarios han optado por calcular la retribución a percibir por el personal de limpieza necesario para ejecutar estos servicios en función de las condiciones establecidas el convenio de sector, obviando las fijadas en los acuerdos laborales que rigen en cada uno de los centros y que mejoran en algunos casos de manera muy significativa las existentes en el convenio sectorial.
Según el sindicato CCOO, en el caso de la Comunidad de Madrid la singular escala salarial elegida por la Consejería de Sanidad para establecer el precio de los contratos provocaría recortes de hasta el 20% en las percepciones de las profesionales afectadas - en el sector de la limpieza hay una amplia mayoría de mujeres - y teniendo en cuenta que el 90% del coste de los servicios de limpieza depende de los gastos de personal afectaría a la prestación misma del contrato. "En esas condiciones el contrato no es viable", denuncian desde el sindicato, "ya que podrían dar lugar a que se aceptasen ofertas que estén un 20% por debajo de los costes reales del servicio, abocando al mismo a la conflictividad laboral para la empresa que se adjudique el contrato para rentabilizar el mismo".
El conflicto es similar en la Comunidad Valenciana. Hace menos de un año el Gobierno de la Generalitat alcanzó un acuerdo con sindicatos y empresas de limpieza para no precarizar la situación de las más de 3.000 trabajadoras de la limpieza de la región, que en algunos hospitales como el de Castellón mantienen aún una tabla salarial que las sitúa por debajo del Salario Mínimo. El acuerdo incluía el compromiso del Gobierno valenciano de no alentar las subastar al mejor postor en los contratos de limpieza, que acaban traduciéndose en un recorte de las condiciones de las trabajadoras, y de incluir un margen dentro del contrato para incluso poder mejorar esas condiciones según lo que se pactara en la negociación colectiva. Nada de eso se recoge en el pliego del contrato que ajusta a la baja las condiciones del mismo y pretende regular las condiciones de los servicios de limpieza para los próximos entre tres y cinco años.
Como si no hubiera habido una pandemia
El resultado es que a la hora de echar cuentas las empresas se han encontrado con que si quieren pujar en el rango de tarifas establecido por las Administraciones sólo les dejan dos opciones: hacer el trabajo con menos personal para mantener las condiciones estipuladas en los acuerdos vigentes en cada centro o mantener a todo el personal pero recortar de forma significativa sus condiciones salariales para poder pujar dentro del rango tarifario establecido por la Sanidad valenciana y madrileña. El sector ha considerado que ninguno de esos dos escenarios es aconsejable, que en ninguno de ellos se puede garantizar la adecuada prestación del servicio y ha decidido denunciar los pliegos para que cumplan al menos el mínimo indispensable de permitir que se cumplan las condiciones pactadas entre empresa y trabajadores en cada uno de los centros.
Otro de los elementos llamativos es la ausencia de referencias a la situación creada por la Covid-19. Mientras los protocolos de limpieza difundidos por el Ministerio de Sanidad regulan un incremento significativo de la frecuencia de los trabajos de higienización, singularmente en espacios públicos como puede ser un hospital, los concursos convocados por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana no modifican de forma sustancial las prescripciones técnicas de los servicios para adaptarse a la nueva realidad.
"La Comunidad de Madrid ni lo menciona y la Generalitat Valenciana se limita a reflejar que los costes que se deriven de las medidas extraordinarias de higienización que se puedan derivar de la lucha contra la pandemia deberán ir a cargo de la empresa adjudicataria", lamenta el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos. "No parecen darse cuenta de que el sector de la limpieza es indispensable para garantizar la salud pública y supone un servicio básico, fundamental y esencial para la sociedad. Sin ella, ningún otro servicio podría ejercer su función”, remacha.
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