Isabel Díaz Ayuso pone en marcha su maquinaria para elaborar los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2023, que necesitarán el visto bueno de Vox. El partido de Abascal acordó con el PP la aprobación de las cuentas de 2022, que llevaban tres años prorrogadas, a cambio de incluir medidas por valor de 78 millones sobre un total de 23.033 millones, cuantía que crecía un 15% sobre el cálculo anterior. En esta ocasión entra en juego el nuevo ciclo electoral que volverá a llevar a los madrileños a las urnas en el mes de mayo, y que podría dejar en el aire el proyecto de ley más importante del curso político.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha dictado las normas de elaboración del nuevo presupuesto y lo hace condicionada por tres hitos que determinan el contexto político actual: la crisis económica y social derivada de la invasión rusa de Ucrania, incluida la atención a refugiados; el incremento sustancial de los precios de la energía y los materiales; y la aplicación de los fondos europeos, que el Gobierno de Ayuso pretende exprimir.
Aunque su elaboración se encuentra todavía en una fase preliminar, el gobierno regional aspira a aumentar su presupuesto, que pretende conseguir mediante un alza de las entregas a cuenta y un incremento de los ingresos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica (que suponen un 80% del total) y los impuestos propios, a la espera de que el Gobierno de España comunique las entregas para 2023 y realice la liquidación del presupuesto de 2020.
La orden de Hacienda pasa por limitar el gasto y adaptarlo a los fondos europeos, encajando todos los gastos e inversiones que sean posibles en el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU. Según una estimación de la AIREF, los gastos financiados por este mecanismo equivaldrán al 0,6% del PIB madrileño para 2022.
Este control pasa por no programar nuevas inversiones más allá de las que consideren "excepcionales", que deberán ajustarse a los créditos disponibles, sin dejar de atender las que tienen carácter plurianual y toda aquella reposición que sea "imprescindible". Entre las inversiones a ejecutar en varios años y que serán financiadas por Europa se encuentran grandes infraestructuras como la ampliación de la red de Metro de Madrid a El Casar (Getafe) -valorada en 40 millones de euros- o la construcción del intercambiador de Valdebebas (Madrid) por más de 22 millones.
La construcción es, precisamente, uno de los sectores más condicionados por el alza de los precios de los materiales y la energía. La Confederación Nacional de la Construcción recriminó recientemente a la Comunidad de Madrid que se niegue a compensar el alza de precios en los concursos públicos, siendo la única autonomía que no lo ha hecho. Los fondos europeos también se destinarán a la financiación de gastos para atención social a menores, financiación de nuevas aulas de educación infantil, digitalización de las aulas o programas de rehabilitación y eficiencia energética para viviendas, programas a varios años vista que ya se incluyeron en el presupuesto de 2022.
El gobierno de Ayuso tampoco tiene previsto conceder nuevas subvenciones, un criterio general que se repite desde hace varios años. Desde la Consejería dirigida por Javier Fernández-Lasquetty alegan que se está poniendo en marcha una revisión del gasto vinculado a éstas con el objetivo de que la AIREF valore su eficiencia, un procedimiento conocido como spending review: "Hasta que ese estudio no esté hecho, no se concederán nuevas", afirma un portavoz regional. Fue este mismo organismo quien avisó a la Comunidad de una ejecución "muy moderada" y "menor de la esperada" en las inversiones asociadas a los fondos europeos del año 2021.
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