El magistrado al frente del caso Popular, José Luis Calama Teixeira, ha acordado una nueva ronda de interrogatorios en el marco de la causa por la debacle del banco para el próximo mes de noviembre. Así, a la citación como investigados de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, se suman ahora otros 11 altos cargos entre los que destacan el exvicepresidente de la entidad José María Aras Mosquera y el que fuera secretario del Consejo de Administración Francisco Aparicio Valls.
Así lo recoge el juez en una providencia de este mismo miércoles en la que apunta que interrogará como investigados el 12 de noviembre al también expresidente del Banco Pastor Aras Mosquera y a Aparicio Valls. Ya para el 19 de ese mes están llamados Miguel Ángel del Solís Martínez, representante de la sindicatura de Accionistas BPE; José Ramón Estevez Puerto y Reyes Calderón, ambos miembros del Consejo de Administración. Un día después desfilarán por la Audiencia Nacional los también miembros de este órgano Ana María Molins y Jorge Oroviogoicoechea mientras que el 26 harán lo propio Vicente Pérez y Helena Revoredo; esta última presidenta de Prosegur.
Ya para el 27 de noviembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a los también exconsejeros Javier Tardío y Antonio del Valle. Todos ellos prestarán declaración después de que lo haga la excúpula. En concreto, el primero en dar su versión sobre la caída de la entidad que adquirió el Banco Santander por un euro será el último presidente del banco, Emilio Saracho, los próximos 2 y 3 de octubre. Ángel Ron, por su parte, acudirá finalmente los días 30 y 31 de ese mismo mes después de que el juez haya modificado la fecha a petición de su defensa.
Esta solicitud de su abogado ha provocado que el juez haga un 'trueque' de citaciones y anticipe para los días en los que en principio iba a declarar Ron (8 y 9 de octubre) a Roberto Higuera Montejo, exnúmero de dos de del banco. De este modo, el instructor da impulso a este procedimiento penal que arrancó hace cerca de dos años a petición de la Fiscalía Anticorrupción así como ante la presentación de múltiples querellas en la Audiencia Nacional de accionistas afectados con el hundimiento de la entidad.
Así pues, el próximo mes de octubre arrancará la ronda de interrogatorios a la cúpula del banco acusada principalmente por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 por 2.505 millones de euros. Igualmente, el magistrado que comenzó investigado estos hechos, Fernando Andreu, abrió una pieza separada de cara a dilucidar si estos miembros del Consejo de Administración querellados cometieron delito de falsedad de mercado mediante la difusión de noticias falsas que hicieron caer el valor de la acción.
Precisamente, los expertos del Banco de España concluyeron en su peritaje incorporado a la causa que la caída de uno de los bancos sistémicos más importantes de España se produjo ante la "intensa" fuga de depósitos en los últimos meses. De hecho, cifraron en 16.000 millones de euros esta salida de depósitos la cual se produjo en tres episodios ocurridos todos ellos entre los meses de abril y junio del 2017; justo antes de su resolución por parte de la JUR y posterior venta al Banco Santander.
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