Seis años después, uno de los casos de corrupción que golpeó al PP mientras aún digería Gürtel vuelve a poner el foco sobre los de Pablo Casado. La instrucción del caso Púnica continúa en la Audiencia Nacional más de un lustro después. Y el juez Manuel García Castellón sigue avanzando entre la gran cantidad de documentos e informes que le proporcionaron los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Lo que se ha traducido en 17 nuevas imputaciones de exalcaldes de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, además de otros cargos vinculados a gobiernos 'populares' años atrás. Con la circunstancia de que actualmente algunos de ellos detentan cargos políticos.
Entre los vinculados a esa trama liderada por el exconsejero del gobierno madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza y que el magistrado ha decidido imputar están nombres conocidos en el ámbito político en la última década. El que más resonaba era el del exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, al cual García Castellón decidió investigar cinco años después de que la UCO advirtiera de que sospechaban de él. A pesar de que en el sumario aparecen conversaciones entre él y Marjaliza, García de Vinuesa no fue imputado antes y continuó ocupando cargos públicos con normalidad. Pero eso se acabó horas después de que se conociera la decisión del instructor, ya que tuvo que dimitir de su cargo de Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, tal y como adelantó La Información.
Tras la salida del que también fuera diputado en la Asamblea de Madrid, aún hay otro cargo destacado del PP en una administración que ha sido citado como investigado. Se trata de Pablo Balbín, un experto en comunicación que ha pasado por varios ministerios. Actualmente, es el jefe de gabinete de Andrea Levy, que está a cargo de la concejalía Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Al contrario de lo que ha ocurrido con Ignacio García de Vinuesa, Balbín no tiene pensado dimitir, según confirman fuentes del consistorio. Levy tampoco tiene intención de destituirle en la actualidad.
"Le han citado como investigado por un caso que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. No le han condenado por nada", explican desde el equipo de la dirigente de los 'populares'. Otras fuentes municipales explican que su salida no entra dentro del acuerdo que firmaron el alcalde, José Luis Martínez-Almeida y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, para expulsar a los altos cargos imputados por corrupción política. "No es un alto cargo, sino personal eventual. Y tiene derecho a defenderse", destacan estas fuentes.
Balbín, desde los ministerios a Madrid
La historia profesional de Balbín siempre ha estado vinculada a la comunicación. En todos los departamentos en los que ha estado ha desempeñado labores relacionadas con la prensa y la estrategia. Este es el puesto que tenía en el momento por el que ha terminado imputado por fraude, malversación y tráfico de influencias. Entonces, entre 2012 y 2015, era jefe de prensa de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, y según el sumario habría sido el encargado de recibir los informes que una empresa llamada EICO hacía para mejorar la imagen pública en internet de Figar. La cual también está imputada desde hace años.
La investigación ya señaló en el año 2016 que desde el departamento de Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería". Su contacto en este caso era Alejandro de Pedro, otro de los supuestos 'conseguidores' de la trama. Y aunque Balbín ya aparecía en la documentación de la causa en 2016, cuando era director de Comunicación del Ministerio de Educación, no se había tomado ninguna medida judicial contra él hasta este 2020. Antes de incorporarse al equipo de Andrea Levy, estuvo unos meses al frente de la Dirección de Medios de la Comunidad de Madrid tras la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol.
Aguirre, Cifuentes, Erguido...
Los casos de Balbín y García de Vinuesa son los que más notoriedad han tenido en los últimos días por ser los únicos que mantenían un trabajo en la administración. Pero en la causa que investiga la utilización de dinero público para pagar trabajos que mejoraran la reputación de numerosos altos cargos del PP en Madrid, Valencia, Murcia o Castilla y León están inmersos grandes nombres de la política de los últimos años. Además de Francisco Granados, presunto 'cabecilla' y alto cargo con más responsabilidad de toda la causa, hay un número considerable de exmiembros del gobierno madrileño. Las más destacadas son las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, investigadas por "supervisar" una supuesta caja B del partido y por adjudicar irregularmente la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández respectivamente.
El resto de la lista de nombres ilustres que están pendientes de su futuro judicial son los de Juan José Güemes, Manuel Lamela, Gádor Ongil, Borja Sarasola o Salvador Victoria, todos ellos exmiembros del Consejo de Gobierno madrileño en la etapa de la dupla que formaban Aguirre e Ignacio González. Este último también estuvo imputado en Púnica y ya ha sido procesado por otra trama corrupta, como es el caso Lezo. También está implicado el ya exsenador del PP David Erguido, que formaba parte del entorno de Pablo Casado. Entre los últimos que han 'engordado' ese grupo en la última semana hay otros cinco exalcaldes del PP en pueblos valencianos o madrileños.
