El juez que ha investigado la fortuna de Rodrigo Rato en los juzgados de Plaza Castilla ha dado un paso adelante y ha propuesto juzgar al exdirector gerente del FMI y otra decena de personas. Se trata de un movimiento que acuerda después de destinar más de doce meses a unificar toda la causa en la que también figura como imputada su exsecretaria Teresa Arellano y las agencias de publicidad que llevaron a cabo las campañas de salida a bolsa de Bankia. El magistrado Antonio Serrano-Arnal concluye que las investigaciones realizadas por Policía Judicial y Hacienda constatarían la comisión de delito de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y delitos de evasión fiscal.
El auto explica que el exvicepresidente del Gobierno habría defraudado al fisco entre los años 2006 y 2015. Según razona, el también expresidente de Bankia eludió sus obligaciones fiscales con "maniobras de ocultación de su patrimonio exterior" a través de una serie de empresas familiares que también habría utilizado para traer el dinero de vuelta a España. Entre los supuestos que recoge el magistrado, se encuentran las conferencias que prestó entre los años 2007 y 2014 y que facturó a través de su sociedad Arada. Según dice, ingresó un total de 1,7 millones de euros "sin que existiese contrato alguno entre la mercantil Bureau Consulting Conferenciantes (BCC) -para que le efectuó los trabajos- y sus firmas, que son las que los cobraron.
El magistrado también pone el foco en los servicios de asesoría que Rato prestó para Telefónica y cuyos pagos se hicieron a otra de sus empresas investigadas en este procedimiento: Kradonara. Según explica, se acordaron unos pagos de 300.000 euros los años 2013 y 2014 y 130.000 euros en 2015 y se llevaron a cabo con operaciones societarias en las que estaría implicado el abogado Domingo Plazas. En lo que respecta al retorno del dinero a España, el juez explica que Rato camufló dicho capital en las cuentas de Kradonara como si fueran préstamos participativos concedidos por Vivaway, sociedad también familiar. "Las cantidades recibidas figuran en el cálculo de cuotas de IRPF defraudado ya que las mismas, tras un proceso de enmascaramiento en las diversas cuentas de las empresas controladas por el investigado Rodrigo de Rato, acabaron finalmente en poder de este" reza el auto del juez.
Comisión de 2 millones
En lo que respecta a las supuestas comisiones repartidas por los contratos de publicidad de Bankia (cifradas en 2 millones de euros), el magistrado explica que en junio de 2011, apenas un mes antes de la salida a bolsa de la entidad, se firmó un contrato de asesoramiento entre Kradonara y la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo. El juez detalla que el supuesto objeto era prestar unos servicios de consultoría por 40.000 euros si bien realidad lo que pretendían era utilizar este puente para desviar a las sociedades de Rato las comisiones que habría obtenido Portuondo de Publicis y Zenith por los contratos de publicidad de Bankia. De este modo, se ampara en estas acusaciones para procesar también a estas firmas y atribuye a Rato el cobro ilegal de 835.024 euros y a Miguel Ángel Montero de 189.704 euros
El magistrado incluye en este capítulo a Miguel Angel Montero Quevedo, el cual figura como administrador de algunas empresas de Rato, aunque la Fiscalía sospechó que podría tratarse de su testaferro. Además, dedica un capítulo a Teresa Arellanos en calidad de mano derecha de Rato en Bankia y explica cómo éste le fue dando cada vez más funciones hasta provocar la salida de Pilar Trucios, entonces directiva de comunicación. Su marcha se produjo al negarse a firmar la renovación del contrato de publicidad porque consideraba excesivas las retribuciones. De las testificales practicadas hasta la fecha han constatado que a Publicis se le pagaban 240.000 euros mensuales fijos en virtud del contrato. Por contra, estas empresas siempre han defendido que ganaron de manera lícita el concurso y que se trató de una campaña muy ambiciosa a la que dedicaron mucho esfuerzo.
Blanqueo de capitales
En lo que respecta a este delito, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid aclara que se valieron de una serie de empresas familiares gestionadas por los acusados además de por Santiago Alarcó (excuñado de Rato). Las más destacadas son Kradonara o Vivaway aunque también se valieron de otras como Cor Comunicación. El 'modus operandi' utilizado fue el traspaso de fondos de unas a otras mediante la figura del préstamo participativo. De este modo, consiguieron ocultar estas ganancias y no declararlas al fisco. Según acreditan los investigadores, Rato consiguió retornar 7,3 millones de euros a través de Vivaway y Kradonara "de manera opaca" y los repartió entre otras seis sociedades. Al respecto cabe recordar que el excuñado de Rato volvió a declarar en diciembre ante el juez siendo una de las últimas diligencias acordadas antes de terminar la instrucción.
"Por tanto, nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito, utilizando la estructura Vivaway-Kradonara, expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rato siendo que su origen debería ser relativamente sencillo de indicar al tratarse de fondos bancarizados", reza el auto del magistrado, el cual concluye de esta manera una causa que comenzó investigando hace ahora seis años. Durante este tiempo abrió más de una decena de líneas de investigación que mantuvo separadas hasta que la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a juntarlas para un enjuiciamiento común de los hechos.
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