Santiago Alarcó, excuñado de Rodrigo Rato, volverá a declarar ante el juez que investiga la fortuna familiar del exvicepresidente del Gobierno por su implicación en el entramado societario de la familia. Según precisan fuentes jurídicas a La Información, el magistrado que indaga el origen del patrimonio de Rato, Antonio Serrrano-Arnal, le ha citado el próximo 16 de septiembre en el marco de la causa que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla en la que ya figuraba como investigado por delito de blanqueo de capitales.
El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid da impulso de esta manera a un procedimiento que se lleva investigando desde abril de 2015 por presunto fraude a Hacienda en cerca de una decena de ejercicios fiscales. La causa se estructura en ocho piezas separadas y suma varias decenas de imputados por el papel que jugaron en la presunta ocultación del patrimonio familiar del exdirector gerente del FMI así como en el desvío de fondos de Bankia. Este último se habría producido con motivo de las campañas de publicidad que firmaron con Cenyt y Publicis, de acuerdo con la tesis del Ministerio Fiscal.
En lo que respecta a Alarcó, Anticorrupción le acusa por delito de blanqueo de capitales y le sitúa como la persona que estuvo al frente de las sociedades Vivaway y Kradonara entre los años 2001 y 2006. A partir de esa fecha ambas pasaron a ser propiedad de Rato. De acuerdo con la versión de la fiscal Elena Lorente, el expresidente de Bankia se sirvió de esta mercantil para inyectar "cantidades muy importantes de dinero" que provenían del extranjero y que previamente habían pasado por cuentas bancarias de Vivaway. De ahí que una de las premisas de la principal acusación del procedimiento resida en que Kradonara no tuvo una actividad real.
Contratación en Bankia
Con todo, no es la única parte del procedimiento en la que se ha visto salpicado Alarcó. Así, el instructor investigó su contratación en Bankia en calidad de asesor externo y, en concreto, el incremento salarial que acusó su nómina ya que pasó de cobrar 12.000 euros en su primer año como empleado de la entidad a cerca de 500.000 euros en apenas tres años. El magistrado archivó esta parte de la causa al no apreciar delito en estos hechos; decisión que fue ratificada por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Los mismos determinaron que efectivamente Alarcó prestó servicios reales y "muy cualificados".
Igualmente, Serrano-Arnal también investigó presuntas irregularidades en la venta de un palacete en la localidad segoviana de Vegas de Matute. Por todos estos hechos ya ha sido citado a declarar en el marco de esta causa que está cercana a cumplir los cuatro años y medio de instrucción. No obstante, esta citación se produce después de que el procedimiento diera un giro importante el pasado mes de junio. Este se produjo después de que la Audiencia de Madrid frenara la pretensión de Serrano-Arnal de enjuiciar las piezas por separado ordenándole que la vista oral contra los acusados se haga una vez finalizada toda la instrucción y de manera conjunta.
Esta decisión tuvo como repercusión directa frenar el juicio de la primera pieza del caso con la instrucción finalizada. Es la relativa a las presuntas comisiones irregulares cifradas en 2 millones de euros que se repartieron como consecuencia de los contratos de publicidad que la entidad firmó los años 2011 y 2012 con Publicis y Zenith. Por ese motivo propuso sentar en el banquillo a un total de doce personas por delito de corrupción entre particulares, entre ellas el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella, el abogado Domingo Plaza, la exsecretaria de Rato, María Teresa Arellano y el propio expresidente de la entidad. Según la Fiscalía, éste último habría percibido una comisión de 835.000 euros que ingresó en su sociedad Kradonara.
Delitos conexos
El motivo por el cual la Audiencia Provincial de Madrid acordó esta medida de calado es porque los tipos penales que se investigan todas las piezas, relativos a delitos fiscales y a corrupción entre particulares, están íntimamente ligados al de blanqueo de capitales. Este último se investiga en otra pieza del bautizado como el 'caso Rato'relativa al presunto fraude 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2005, según las pesquisas de la ONIF de la Agencia Tributaria. Rato negó los extremos en su última citación judicial por este caso y dijo que no tenía cuentas en el extranjero.
Precisamente, en el marco de estas pesquisas Rato se anotó una importante victoria después de que la Audiencia de Madrid rechazara la petición de Anticorrupción de cursar comisiones rogatorias a países como Reino Unido, Luxemburgo, Mónaco, Alemania, Panamá o Suiza en aras a no dilatar más la instrucción. Lo que pretendían los investigadores era indagar en cuentas bancarias que Rato habría abierto en el extranjero a nombre de entidades suyas, entre ellas Vivaway. Los magistrados denegaron la pretensión por falta de tiempo y acto seguido pusieron fecha límite a la causa. De este modo, dictaminó que las pesquisas tienen que estar terminadas, a más tardar, en junio de 2020.
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