Miércoles, 21.08.2019 - 00:55 h
Mientras se tramita la causa de la Audiencia Nacional

Anticorrupción pide al Banco de España que paralice el expediente por el Popular

El fiscal del caso razona que la sanción contra los exdirectivos del banco versa sobre los mismos hechos que se investigan en esta causa penal.

Ángel Ron
Ángel Ron fue presidente del banco entre 2004 y 2017./ EFE

La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado sobre el expediente que abrió el Banco de España contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron y otros 40 exdirectivos de la entidad y lo ha hecho pidiendo al supervisor que paralice la sanción incoada el pasado mes de marzo en tanto se tramita la causa penal contra algunos de ellos en la Audiencia Nacional, puesto que se trata de los mismos hechos que se están investigando en este procedimiento penal.

El magistrado José Luis Calama Teixeira ya ha incorporado a la causa el escrito remitido al juzgado por el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, del pasado 21 de mayo. De acuerdo con el mismo, recogido por La Información, sería procedente paralizar el expediente teniendo en cuenta que el avance de las pesquisas que arrancaron en este órgano judicial en octubre de 2017 puede derivar en la investigación de más personas de las inicialmente querelladas, entre las que se encuentran Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho.

El expediente incoado por el supervisor y adelantado por El Confidencial, se dirige contra exdirectivos y exconsejeros de la etapa de Ángel Ron por presuntas irregularidades detectadas por el Banco Central Europeo. Según relata el representante del Ministerio Público, que responde con su escrito a la comunicación remitida a la causa por el Banco de España el pasado 7 de mayo, se trata de una cuestión "relevante" de cara a dilucidar si los hechos que recoge el expediente son los mismos que se investigan en esta causa. 

La conclusión que alcanza la acusación es que "hay coincidencia" entre ambos aspectos en lo que respecta a los hechos investigados; ahora bien, la similitud es únicamente "parcial" en lo relativo a los exconsejeros y exdirectivos contra los que se dirige el expediente. "Ha de tenerse en cuenta que la investigación judicial será la que determine la incorporación o no a la causa, como investigadas, de personas distintas a las actualmente querelladas que en su mayoría lo han sido por pertenencia al consejo de administración", reza el fiscal. 

Romeral recuerda que el macroprocedimiento se centra en dos aspectos concretos: por un lado, la ampliación de capital de mayo de 2016 por 2.505 millones de euros y, por otro, todos los hechos que tuvieron lugar hasta la venta de la entidad al Santander en junio del siguiente año. En esta pieza separada se indaga si ya bajo la presidencia de Saracho se cometió delito de manipulación de mercado para influir en la cotización de las acciones del banco desde la ampliación hasta su resolución. El fiscal pone el foco en la contabilidad del Popular de vida de cara a averiguar si reflejaba la imagen fiel de la entidad y si las partes contables de entonces se asentaron conforme a las normas que las regulan. 

Precisamente el Banco de España basa su expediente en las cuentas (que de acuerdo con las acusaciones se habían maquillado de cara a llevar a cabo la ampliación de capital), así como en la clasificación de créditos reestructurados y en la adjudicación de activos. La incoacción de este expediente se produjo semanas antes de conocerse las conclusiones del informe que el juez Fernando Andreu encargó a dos peritos del supervisor de cara a esclarecer los hechos que se investigan en la causa. Los mismos determinaron que el principal motivo de la debacle del Popular se debió a una "intensa fuga" de depósitos de hasta 16.000 millones de euros que tuvieron lugar los meses de abril y junio de 2017.

Los expertos consideraron que el banco era "solvente" puesto que contaba con un patrimonio a finales de 2016 de 11.088 millones de euros, aunque advirtieron que la financiación de liquidez necesaria no era suficiente para restaurar la confianza. En lo que respecta al folleto informativo de la ampliación de capital apuntaron que las hipótesis que incluía el mismo "eran demasiado optimistas", especialmente en lo relativo a la evolución de dudosos y que las cuentas del año 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable vigente. 

Sanción paralizada de la CNMV

Con todo, la del Banco de España no es la única sanción contra la excúpula del Popular por estos hechos. La CNMV incoó expediente administrativo contra Ángel Ron así como contra los entonces consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y el exdirector financiero, por presuntas irregularidades en las cuentas anuales de 2016 del Banco Popular. No obstante el regulador suspendió la tramitación del expediente precisamente por la existencia de esta causa penal en el marco de la cual los principales acusados expresaron su malestar por la divulgación de la sanción.

En concreto, Ángel Ron dirigió un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 4 en el que cargó contra el regulador por filtrarla a la prensa y por omitir, según expuso en su documento, un superávit del Popular de 184 millones de euros en su hecho relevante de abril de 2017. Igualmente planteó que el organismo que dirige Sebastián Albella fue "testigo directo" de la ampliación de capital así como de la auditoría de la entidad y los posteriores trabajos de revisión, encargados a PwC y KPMG, respectivamente. 

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