El banquero Ángel Ron aprovechó su interrogatorio en la Audiencia Nacional para apuntar en dos direcciones principales: por un lado, en la buena gestión para la entidad que se puso en marcha durante su mandato y, por otro, en el 'complot' que se urdió desde dentro del Consejo de Administración para acelerar su salida y provocar una clara devaluación del banco. En lo que respecta al primer punto, Ron enumeró una serie de hitos destacando especialmente la buena acogida que tuvo en Europa su propuesta estrella para desprenderse de unos 15.000 millones de euros en activos vinculados al ladrillo, conocida como proyecto Sunrise.
En su primer día de declaración ante el magistrado instructor José Luis Calama Teixiera, el expresidente del Popular sacó pecho del proyecto que finalmente no vio la luz y aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) aplaudió la iniciativa e incluso le transmitió su intención de cogerlo como modelo para otras entidades de la Unión Europea. Al respecto apuntó que esta operativa que se contemplaba en el plan de ampliación de capital y que consistía en crear una compañía inmobiliaria dentro del grupo, no se acometió por voluntad de su sucesor, Emilio Saracho, según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por La Información.
Aunque la mayor parte de su intervención judicial estuvo destinada a explicar el proceso de sucesión, lo cierto es que Ron también dedicó buena parte de sus cinco horas en la Audiencia Nacional a defender la ampliación de capital que puso en marcha el banco en 2016 por 2.505 millones de euros. Al respecto explicó que se reunió primero con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y que desde el supervisor se le trasladó que iba a producirse un cambio regulador en octubre de ese año y que las entidades iban a tener que adaptarse e incrementar las provisiones. Según Ron, los organismos reguladores solo exigían 3.400 millones de provisiones, para lo cual se necesitaba una ampliación de 1.600 millones; no obstante, elevaron el capital requerido y consiguieron provisiones de 4.600 millones.
El "riesgo de divorcio"
El asunto relativo a la ampliación integra una de las tres patas en las que se dividió su interrogatorio siendo las otras dos las que conciernen al proceso de sucesión y al papel que jugaron la consejera Reyes Calderón y el inversor mexicano Antonio del Valle en su salida de la entidad y en el desenlace de la misma, que acabó siendo resulta por la JUR y adquirida por el Santander por un euro. Sobre este último, Ron se refirió a una carta que envió José Mateu, representante de la Sindicatura de Acccionistas de Popular, a una serie de destinatarios, entre ellos la entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos, Reyes Calderón, en la que advertía de irregularidades en el proceso de sucesión.
La misiva, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada a 25 de noviembre de 2016, apenas tres meses antes de que se hiciera efectiva la entrada de Emilio Saracho al frente del banco, y en la misma advierte de que teme que se empiece mal "la reingeniería del proceso" que, según explica, se lleva de forma "incompatible con los estándares menos exigentes del gobierno corporativo". Se refiere Mateu al proceso de cambio en la presidencia del banco, sobre el que dice que se debe someter a pleno en el Consejo de Administración y no decidirlo en la Comisión de Nombramiento "imponiendo al presidente conductas precipitadas importantes", un hecho que califica de "inaceptable".
"Como se convino, a reserva de su ratificación formal en el Comité Consejo oportuno, para el interés de la sociedad es bueno el liderazgo del presidente pero con la participación activa del Comité que presides y de todos los demás consejeros que legítimamente pidan sumarse desde el inicio al proceso en aras de reducir el riesgo de divorcio entre Comité y Consejo por no poder sumarse desde el principio", expone el representante de la sindicatura, el cual además termina advirtiendo de que si se sigue procediendo de esa forma exigirá al Consejo formar parte de la Comisión de Nombramientos.
"No sois merecedores de este banco"
Ron aportó esta misiva, que no figuraba en el sumario pese a sumar más de dos años de instrucción, para apuntalar que contaba con el respaldo de los accionistas del banco y que, de hecho, sus cuentas se aprobaron con un 98% a favor de los votos en la famosa junta de accionistas del 10 de abril de 2017 en la que Saracho, ya como presidente, advirtió de que el banco debía venderse o someterse a una nueva ampliación de capital. Al respecto, recordó los meses previos a su salida de la entidad y aseguró que la cuerda estaba muy tensa y se acabó rompiendo con motivo de las filtraciones en prensa de la mala situación de la entidad, hechos que atribuye a Calderón y a Del Valle, a quien señaló como la persona que se quería quedar la entidad a un precio muy bajo.
A preguntas del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que puso especial interés en este asunto, Ron se refirió a una de las últimas reuniones del Consejo de Administración en las que les acabó gritando que no eran merecedores del banco y que con la gestión -que calificó de "desastre"- se acabarían cargando la entidad. Este hecho propició que Calderón abandonara el encuentro llorando, según relató en sede judicial el banquero. Igualmente, aseguró que llegó a recibir amenazas de Del Valle hasta el punto que le dijo que quería tener dos consejeros en el banco.
La negativa de Ron derivó en que éste le advirtiera que le iba a hacer una campaña perjudicial en los medios, siempre según Ron, el cual también dejó caer que en la demanda de arbitraje que presentó el empresario mexicano contra España, éste reconoció que tenía 1.500 millones de euros para invertir en una hipotética ampliación de capital en el banco. "Dígame usted quien invierte 1.500 millones en un banco que estaba tan mal", le espetó Ron al magistrado Calama Teixeira, el cual le respondió dándole la razón en este punto concreto.
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