El Gobierno se ha dejado sin cumplir uno de los principales compromisos en el acuerdo de investidura: la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral del PP. Moncloa lo asume y así queda reflejado en el documento 'Cumplimos' que ha presentado este martes el presidente del Ejecutivo tras el último Consejo de Ministros del año del Covid, un informe en el que se analiza el grado de cumplimiento de los compromisos que adquirió Pedro Sánchez al inicio de la legislatura.
De acuerdo con el Plan Anual Normativo, el departamento que dirige Yolanda Díaz tenía previsto aprobar este año la "Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial", con el objetivo de "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". Pero la pandemia ha hecho saltar por los aires el calendario, especialmente en los asuntos que deben ser tratados en el marco del diálogo social. Así lo asume el Gobierno.
La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP es, sin duda, uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición y el que más está costando alcanzar. En un contexto de crisis como el actual, cualquier retoque al mercado de trabajo ha de ser medido con especial precisión y así lo ha entendido el Ejecutivo, por recomendación directa del área económica liderada por Nadia Calviño. Además, la hecatombe laboral provocada por la pandemia ha obligado a focalizar los esfuerzos en instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios extraordinarios. Asimismo, entre medias se han colado aspectos urgentes como la regulación del teletrabajo. Todo esto ha tenido muy ocupados a los agentes sociales.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo decidió abrir la mesa de negociación para abordar la regulación de los conocidos como riders, con la intención de finiquitar las conversaciones antes de final de año para centrarse después en el salario mínimo interprofesional (SMI) y poder, al menos, abrir la mesa sobre la reforma laboral. Pero las negociaciones sobre los riders han encallado por la oposición de la patronal y el rechazo de los sindicatos a las últimas propuestas del Gobierno, provocando un colapso en el diálogo social en la recta final de este 2020 que obliga a trasladar algunos asuntos a 2021.
Lo urgente, el próximo mes de enero, es la búsqueda de un pacto para subir el SMI. Eso, si se impone la postura de Yolanda Díaz de continuar negociando de inmediato para mantener la prórroga de los actuales 950 euros el menor tiempo posible, frente al área socialista de la coalición que defiende abordar el salario mínimo a mediados de 2021. Por otro lado, al mismo tiempo se debe tratar el asunto de los ERTE y su eventual prórroga a partir del 31 de enero. Todo indica que, como pronto, las conversaciones sobre los riders no se retomarán hasta febrero, de modo que la contrarreforma laboral seguirá atascada en los próximos meses.
El Gobierno también admite en 'Cumplimos' haber fallado en otras promesas como "abrir el debate y presentar una propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, aprobar una ley nacional contra la corrupción o elaborar una ley de asilo". Asimismo, la promesa para "integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General de Seguridad Social, para cotizar por ingresos reales" tampoco se ha iniciado de momento, como tampoco se han puesto en marcha medidas como la elaboración de la Estrategia Industrial con el horizonte 2030 para la transición ecológica y la descarbonización, la ley de base reguladora del ciclo integral del agua, la revisión del régimen tarifario hídrico en las cuencas mediterráneas, atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia, y la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria.
En el haber, Sánchez ha destacado en esta última comparecencia del año que el Gobierno ha cumplido el 23,4 % de los 1.238 compromisos que adquirió en la investidura hace casi un año y está trabajando ya en el 90,9 % de la totalidad de ellos. El jefe del Ejecutivo también ha afirmado que prevé que en el próximo semestre (antes de que concluya el mes de junio) se habrán cumplido el 32,6 % de los compromisos adquiridos, lo que supone un tercio del total. Además, de los 1.238 compromisos adquiridos, 428 proceden del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, de los que hasta el momento se ha cumplido el 20,3 % de los pactos alcanzados para la investidura.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios