Al Ejecutivo le crecen los frentes abiertos. Las autoridades españolas viven a la carrera para doblegar (otra vez) la curva de contagios. El Gobierno ha vuelto a actuar con mano de hierro en aquellas áreas donde la situación se ha descontrolado. Frente a la dureza de las medidas, el Ministerio de Salvador Illa sigue sin aclarar qué pasa con la licitación de esos once lotes de material sanitario que prometían blindar los hospitales bajo un Acuerdo Marco que, tras un primer parón, debía resolverse a finales de septiembre. Dos semanas después, las CCAA siguen sin tener noticias de la compra 'fantasma' de Sanidad. Los gobiernos autonómicos se han cubierto las espaldas, tirando de los fondos autonómicos, para blindar sus despensas de batas y mascarillas.
¿A qué se debe el último retraso? ¿Cuándo se resolverá la licitación? Fuentes conocedoras del proceso han evitado los detalles sobre el parón en la compra de EPIs, ante las preguntas de La Información. "Se sigue trabajando en ello, cumpliendo con los plazos de un trámite de estas características", zanjan desde el departamento. Aunque el Gobierno se curó en salud evitó cerrar el calendario, la cartera sí compartió sus cábalas. "Se prevé que antes de finales de septiembre esté adjudicado. A partir de ese momento, las CCAA podrán realizar contratos basados (sin licitación) para adquirir el material que precisen de lo adjudicado", aseguraron desde el Ministerio a este diario el pasado 10 de septiembre.
El Gobierno ya congeló en verano su 'megacompra'. Tras anunciar la estrategia el 22 de julio, dos semanas después, la licitación quedó paralizada. Según las CCAA más críticas, las cláusulas del concurso dejaban fuera a muchas empresas de sus territorios. Según el Gobierno, el paso atrás buscaba satisfacer el interés de las regiones que no se habían sumado a la primera convocatoria. La incorporación de Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco hizo que, los 1.215.896.750 euros que barajaban las cuentas del Ejecutivo en julio, se transformasen en 2.578.739.505,65 en agosto.
"Se trata de una tramitación de emergencia", tranquilizó la cartera hace dos meses, "Los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de que acabe septiembre". Bajo la previsión de ese SOS antes de octubre, las autonomías hicieron sus cálculos. Más de un mes después, las autoridades sanitarias de varias CCAA aseguran que no saben nada del paradero de este material con que contaban para aplacar la segunda ola de la pandemia. Allí donde la tasa de contagio ya acaricia los niveles de primavera y los hospitales rozan la saturación, los refuerzos urgen.
Solo Valencia se mantuvo al margen. Los gobiernos regionales evitaron tentar a la suerte y arriesgarse a tropezar con las mismas piedras de la primavera. "Nosotros seguimos comprando, no hemos esperado en ningún momento a la compra del Ministerio", detallan fuentes de la Comunidad de Madrid a este diario. La Junta de Andalucía va más allá. "El Gobierno autonómico ha invertido una partida de 120 millones de euros para asegurar un estocaje de equipos de protección", cifra el Ejecutivo regional en una llamada con La Información. Las previsiones andaluzas calculan que sus despensas tendrán test, batas, gorros, mascarillas… para cubrir las necesidades de la crisis sanitaria durante, al menos, seis meses.
La estrategia que han seguido las CCAA mira a una revisión periódica del 'stock'. Si se cumplen las previsiones, Andalucía tiene un colchón de medio año. Madrid lo revisa cada dos meses. La primera ola aleccionó a las autoridades españolas y todo apunta a que, por mucha virulencia que adquiera la segunda onda, los españoles no volverán a despertar con la imagen de sus sanitarios improvisando EPIs con bolsas de basura. Aunque las semanas pasan y el misterio sobre la 'megacompra' de la cartera sigue sin respuesta. "Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones", garantizó Sanidad en junio. Por ahora, las comunidades seguirán echando mano a los fondos regionales.
El adelanto de los rebrotes y la parálisis del trámite han llevado a las CCAA a rehacer sus cuentas y ha suplir con sus propios proveedores esos 4.200 millones de unidades a los que nadie logra seguir la pista. Como única garantía, el Gobierno apuntó que todos los equipos cumplirán con las normas técnicas europeas y con la exigencia del marcado CE. Sobre los candidatos a hacerse con los once lotes apenas ha trascencido que la oleada de solicitudes ha sobrepasado a la Administración. "En cuanto esté cerrado el proceso se informará por los canales oficiales". Es octubre. La curva sigue al alza y la lista de ciudades acordonadas crece cada día. Del material prometido, nadie sabe nada.
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