Inés Ochagavia, actual responsable de seguridad de BBVA, ha comparecido en la Audiencia Nacional por primera vez tras su imputación en la causa hace casi dos años. La sucesora de Julio Corrochano en este departamento pidió declarar ante el juez del caso Villarejo el año pasado por lo que dijo eran "errores" de calado en el forensic que elaboró la entidad para depurar responsabilidades. Sin embargo, en su interrogatorio ha explicado que conserva material relativo a contratos del banco con Cenyt que no figuraría en el sumario de la causa y que entregará este viernes cuando vuelva a la Audiencia Nacional para seguir declarando por este asunto. Entre esa documental se encontrarían facturas y nuevos papeles relacionados con el entramado empresarial del comisario.
Así lo confirman a La Información fuentes jurídicas presentes en la sesión de este jueves en la que el magistrado también ha interrogado a cuatro mandos policiales imputados por consultar datos en las bases internas para los encargos privados del agente encubierto. En lo que respecta a Ochagavia, la que fuera Directora de Producción de Área ha comparecido a petición propia para apuntar que ni autorizó ni verificó 19 facturas giradas del banco al Grupo Cenyt. Según ha dicho, ella no era la encargada de dar el visto bueno a los servicios contratados ni tampoco tenía competencias para validar los pagos. La directiva, que advirtió que estos fallos le valieron la apertura de un expediente disciplinario, ha dicho que la única persona que tenía la potestad de verificar los informes del entramado de Villarejo era Julio Corrochano, a quien la defensa legal de BBVA le define como el nexo con el comisario.
Ochagavia ha comparecido con papeles en sede judicial dando pie a que los fiscales Anticorrupción al frente de esta macrocausa le pregunten por los mismos, así como por los motivos por los que figuraba en copia en correos sobre los encargos a Cenyt. Al respecto ha explicado que en el año 2018, tras el estallido en prensa de los trabajos de Villarejo para BBVA, se le ordenó recopilar toda la documentación que obrara en el banco relativa a este asunto. El cometido lo encargó el que fuera responsable de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Arbizu, el cual fue despedido de la entidad por su supuesta relación directa con la contratación de las empresas del policía. Fuentes del banco, por su parte, matizan que toda la documentación recopilada en este tiempo ha formado parte de la investigación y se ha aportado a este procedimiento penal.
En su relato, Ochagavia ha explicado que recurrió a Corrochano, le pidió toda la documentación sobre Villarejo, la escaneó y la mandó por correo electrónico a sus superiores para que hiciera la evaluación de riesgo correspondiente. Sobre este punto insiste en que parte de esa documental no se habría entregado a la Audiencia Nacional y que la aportará ella misma este viernes. Con todo, ha descartado cualquier contacto directo con el comisario asegurando que nunca lo vio en persona y haciendo hincapié en que las conclusiones de PwC en relación a todo este asunto eran inciertas. Ya en el escrito presentado ante el juzgado el pasado mes de julio expuso que tampoco sería prueba de cargo el 'mail' que le envió desde su correo corporativo a Eduardo Ortega en julio del año 2018.
Según expuso, incluyó un relato de todos los servicios contratados con Cenyt que había redactado tiempo antes Corrochano pero que, al haberse jubilado y por tanto no encontrarse ya en el banco, lo envió ella. "Tal y como comentamos, Julio ha detallado en un informe todos los detalles de la relación con Cenyt", reza el correo al que ha tenido acceso este diario. Así las cosas, Ochagavia se suma a las críticas vertidas contra esta investigación interna del banco después de que hiciera lo propio en sede judicial Antonio Béjar. El que fuera responsable de Riesgos se desmarcó de la estrategia oficial de todos los investigados en esta pieza y decidió colaborar con la Justicia desde su imputación. El forensic también le sitúa detrás de la relación del banco con Villarejo aunque él dijo que se contrató a sus empresas por orden de Julio Corrochano el cual, a su vez, obedecía el mandato de la cúpula.
Consultas policiales ilegales
Este mismo jueves han comparecido también cuatro mandos policiales (inspector jefe, subinspector y dos oficiales) imputados hace apenas unas semanas por las consultas que hicieron desde los ficheros internos en relación a personas vinculadas con los trabajos privados de Villarejo. El magistrado les citó por los delitos de revelación de secretos y cohecho a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras constatar que entre los días 1 y 28 de noviembre de 2016 los agentes -destinados entonces en la Comisaría General de Información- buscaron datos confidenciales en diferentes ficheros internos de una serie de ciudadanos, algunos de ellos de Bulgaria. Uno de ellos, en concreto, fue el compañero de celda de Luis Pineda mientras estuvo en prisión provisional tras la operación Nelson.
Según las fuentes consultadas, los mandos han asegurado que desconocían la finalidad del encargo y que simplemente cumplieron órdenes de sus superiores, entre los que se encontraban el inspector jefe Constancio Riaño. El alto mando, ya jubilado, también está implicado en la pieza segunda de la causa, bautizada como Iron, acusado también de haber consultado estos datos de carácter confidencial para los trabajos del espía. Ahora los policías precisan que las órdenes fueron verbales y que en aquel entonces no se registraban las búsquedas ni los motivos de las mismas. Además, han apuntado que no recordaban quien en concreto le encargó buscar esta información que luego la Policía Judicial encontró entre la documentación incautada en el domicilio de Villarejo.
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