El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió su primera gran derrota parlamentaria en el terreno económico el pasado viernes y la situación no tiene visos de poder solucionarse. El Ejecutivo socialista perdió en el Congreso la importante votación sobre el techo de gasto y la senda de déficit flexibilizada que había acordado con Bruselas debido a que la mayoría de sus socios de la moción de censura no votaron a favor de las cifras presentadas por la ministra María Jesús Montero. Así, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, que menos de dos meses antes habían llevado a Sánchez a La Moncloa, contribuyeron a una derrota que ha provocado un especial daño en Hacienda. Solo el PNV dijo 'sí'.
Cada uno de estos grupos tiene sus motivos para abstenerse en la trascendental votación que se volverá a repetir en apenas cuatro semanas. Así, los independentistas catalanes argumentan que no votaron a favor del techo de gasto de Montero debido a que el PP va a tumbar, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, cualquier propuesta del Gobierno. Se remiten a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en concreto a su artículo 15.6, que recoge que para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública es necesario que el Ejecutivo consiga la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Con una mayoría popular en la Cámara Alta es imposible salvar ese veto.
El equipo de Pedro Sánchez sí que negoció en un principio con el PP la posibilidad de aprobar conjuntamente el techo de gasto y la senda de déficit. Pero tras la victoria de Pablo Casado en las primarias, el Grupo Popular dijo 'no' a un acuerdo similar al de 2016, cuando socialistas y populares aprobaron junto a Ciudadanos estas leyes en materia económica. Para poder salvar el veto del PP en el Senado es necesario modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Gobierno no ha hablado a sus socios de moción de censura de esta posibilidad para que el Congreso pueda sortear el rechazo de la Cámara Alta, como ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo.
En Unidos Podemos manejaron otros argumentos para abstenerse y tumbar el techo de gasto. El grupo confederal habló de realizar un esfuerzo adicional de 5.000 millones a la cifra que aportó el Gobierno: pedían aumentar el límite a los 130.000 millones de euros. Las fuentes consultadas añaden que en los grupos autonómicos y municipales que confluyen en Podemos sí que existía cierto ánimo a apoyar al Gobierno, pero la dirección del grupo impuso la abstención para, según argumentan, marcar un perfil más duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En ERC, por su parte, no gustó que el Gobierno se pusiera en contacto con ellos quedando apenas unas horas para la votación. Fuentes de la formación independentista desvelan que la vicepresidenta Carmen Calvo contacto con la formación para pedirles el voto favorable de sus nueve diputados quedando unas 24 horas para el debate en el Congreso. Lo hizo, además, por e-mail. Critican que Moncloa y Hacienda no abrieran una negociación con ellos y fueran con prisas, de ahí que también se abstuvieran.
Sin posibilidad de maniobra en la segunda votación
Hacienda va a volver a llevar al Congreso en algo menos de un mes el techo de gasto y la senda de déficit, tal y como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Ministerio pretende presentar las mismas cifras que fueron las pactadas con Bruselas en un debate y votación ante el que existe escasa capacidad de maniobra. Teniendo en cuenta las razones de los socios de la moción de censura para abstenerse todo parece indicar que el Gobierno de Sánchez va a volver a fracasar.
¿Qué implicará eso? A partir de esa segunda votación se aplicará de forma automática el techo de gasto y la senda de déficit actualmente en vigor. Es decir, el Ejecutivo socialista tendrá que elaborar los Presupuestos Generales de 2019 con los números que sí consiguió aprobar Cristóbal Montoro, una posibilidad que Hacienda ya está manejando como bastante probable. La actitud de Montero durante este mes de agosto va a consistir en "apelar a la responsabilidad" de la oposición para aprobar un acuerdo por mayoría: "Les advertiremos de las repercusiones económicas" que tendrían no aprobar estas medidas, aseguran desde el Ejecutivo.
El Gobierno de Rajoy situó el techo de gasto en 119.834 millones y con esa cifra Hacienda debería configurar sus primeras cuentas públicas. El efecto en la Administración General del Estado sería mínimo, apenas una décima menos de margen con respecto al cuadro trazado por los socialistas, mientras que las administraciones autonómicas (como Cataluña, de ahí que se presione a ERC y PDeCAT) tendrían dos décimas menos de margen, al igual que la Seguridad Social. La ministra Montero no ha descartado algún pequeño ajuste fiscal para solventar esta situación con la que no contaban.
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