Trapero y el 8-M: las decisiones clave de Delgado que alivian al Gobierno Sánchez

La Fiscalía ha retomado la agenda judicial tras el parón por el coronavirus y lo ha hecho pronunciándose sobre dos asuntos de calado: la acusación definitiva contra Josep Lluis Trapero y la postura en torno al caso del 8-M. El criterio del Ministerio Público en ambos casos se acerca en gran medida al mantenido por los servicios jurídicos del Gobierno, con especial trascendencia en la causa que ha seguido la Audiencia Nacional por el 1-O en Cataluña. Apenas cuatro meses después de que Dolores Delgado asumiera la dirección de la Fiscalía General del Estado, el órgano ha suavizado y mucho su acusación contra el Mayor de los Mossos rebajándole el delito de rebelión a una sedición con alternativa de desobediencia, lo que evitaría su ingreso en prisión. 

La lectura de las conclusiones definitivas en el procedimiento penal contra la los mandos políticos de los Mossos se produjo este lunes después de que el tribunal tuviera que suspender hace tres meses el juicio por la amenaza del coronavirus. A mediados de marzo la vista encaraba ya su fase final con todas las miradas puestas en la Fiscalía, que comenzó imputando un delito de rebelión tal y como hicieran los fiscales del Tribunal Supremo en la causa del procés. Sin embargo, la sentencia de la Sala que preside Manuel Marchena en la que se descartó la comisión de un delito de rebelión, abrió la puerta a suavizar la acusación contra Trapero, Pere Soler, César Puig y la intendente Teresa Laplana. A este hecho se le sumó la llegada de Dolores Delgado proveniente del Ministerio de Justicia. Bajo su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez, la Abogacía viró en la causa del procés hacia una acusación por sedición descartando la rebelión.

Ahora, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha anunciado en la reanudación del juicio una petición de 10 años de cárcel para los jefes policiales aunque alternativamente propone un delito de desobediencia por haber desatendido las órdenes judiciales en la celebración del 1-O y también en el asedio de la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de ese 2017. El escrito del fiscal mantiene el tono duro marcado en sus conclusiones provisionales de 2018 pero con matices. Así, aunque abre la puerta a que los hechos se queden en una mera desobediencia que solo acarrearía inhabilitación, sostiene en su argumentario que los Mossos actuaron con una "deliberada pasividad" para permitir las votaciones ilegales de aquel 1 de octubre.

Respaldo a la gestión del Gobierno 

Otro de los pronunciamientos más esperados ha sido el que ha tenido lugar en la causa abierta en un juzgado de Madrid por autorizarse las marchas en la capital pese a la amenaza de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 27.100 personas en España. La acción tenaz de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, chocó con el criterio mostrado por la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno salieron en defensa del Delegado José Manuel Franco y recurrieron la apertura de diligencias por prevaricación al considerar que no había indicios sólidos para actuar contra él. El criterio de la Fiscalía, que ha guardado silencio desde el pasado mes de marzo, era clave especialmente después de la derivada política que ha adquirido el procedimiento penal. 

Y es que la investigación, que la titular del juzgado de instrucción 51 encargó a la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, puso en el foco no solo el trabajo de la Delegación sino también la gestión del Ejecutivo central en los días previos a la declaración del estado de alarma. La Policía Judicial ha recabado pruebas recogidas en dos atestados que vendrían a demostrar que el delegado del Gobierno contaba con información suficiente de organismos nacionales e internacionales como para haber actuado frenando las convocatorias autorizadas para esos días. Sin embargo, la Fiscalía entona un discurso especialmente duro con la instructora y recurre igualmente la apertura de diligencias dejando de este modo la pelota en el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá que resolver sobre ambos recursos. 

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El Ministerio Público sigue los pasos de la Abogacía incluso hasta para reprochar a la juez que pusiera en marcha la instrucción y encargara los informes forenses y judiciales pese a encontrarse los plazos procesales suspendidos por orden ministerial. Además, considera que no hay causa por prevaricación porque para la comisión del delito recogido en el artículo 404 del Código Penal hubiera sido necesario que Franco dictara una resolución contraria a la Ley que fuera "ilícita y arbitraria". La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, en un escrito que no va firmado, reclama el archivo de las pesquisas sin esperar a que se tome declaración a Franco, la cual está prevista para este miércoles a las 15.30 horas. 

Asegura que "no resultaría razonable" exigirle que prohibiera manifestaciones por razones de orden sanitario cuando él no tiene competencias en este ámbito. Incluso vaticina que las diligencias que practicará la Policía Judicial no irán mucho más allá de lo averiguado y que, de las investigaciones realizadas hasta el momento, "resulta prácticamente inverosímil" mantener la hipótesis de que con el escenario existente a comienzos de marzo Franco tenía datos más que de sobra para conocer la gravedad de la pandemia. El órgano que dirige Dolores Delgado sale de esta forma a respaldar al Gobierno asegurando que no hubo directrices de actuación concretas de Europa ni del Ministerio de Sanidad sino que las alertas que lanzaron fueron meras recomendaciones.