El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid están a un paso de ser juzgados por acoso a la doctora Elisa Pinto. Tras seis años de investigación en los que la causa incluso llegó a cerrarse, la titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid dictó auto de procedimiento abreviado contra ambos dejándoles al borde del banquillo por los hechos ocurridos entre los años 2013 y 2015. Ahora ambos afrontan un total de 17 años de prisión cada uno por delito continuado de amenazas, cohecho, dos delitos de lesiones y contra la administración pública.
Así lo reclama la asociación Clara Campoamor en calidad de acusación popular en un escrito presentado al juzgado y al que ha tenido acceso La Información. A falta de que la Fiscalía remita su propia petición, este movimiento considera que tanto el comisario jubilado como el yerno de Juan Miguel Villar Mir deben responder penalmente por el acoso al que fue sometida durante esos años la dermatóloga, así como el apuñalamiento del que fue víctima en abril de 2014 mientras se encontraba en su vehículo con su hijo menor y que se atribuye a la figura del comisario jubilado.
La asociación reclama además que declare en la vista como testigo Elisa Pinto así como otros mandos policiales y comisarios que han participado en la redacción de los informes durante estos años de instrucción. La acusación se desmarca de la calificación de la magistrada Belén Sánchez y actúa contra Villarejo por delito de cohecho activo (al tratarse de un policía en activo en el momento de los hechos) y contra López Madrid por cohecho pasivo. Además solicita multa de 135.000 euros para cada uno por este tipo penal y reclama que, como medios de prueba, se oficie al Ministerio del Interior para que informe qué destinos ocupó el agente encubierto desde 2013 hasta su jubilación en agosto de 2016. Se trata de unos años en los que Villarejo trabajó para la Dirección Operativa Adjunta (DAO) de la Policía Nacional.
La ubicación de los teléfonos
Tal y como constata la instructora en su auto del 28 de agosto, la acusación considera probado que los hechos arrancan en 2013, un año después de que ambos se conocieran, y ante la intención de López Madrid de tener algo más que una relación de amistad con ella. La insistencia del empresario, siempre según el escrito, derivó en que a mediados de ese año ella le advirtiera que le iba a denunciar por acoso. Ello determinó que López Madrid recurriera a Villarejo para que "hiciera lo necesario" en aras a evitar que esto acabara en los tribunales y saltara a la luz pública. A raíz de ese momento, la doctora comenzó a recibir llamadas y mensajes en los que se le amenazaba con su vida y la de sus hijos.
Fue en este punto cuando se produjeron denuncias cruzadas entre las partes puesto que el exdirectivo de OHL decidió emprender acciones legales por su cuenta y actuar también contra Pinto por amenazas en otro juzgado de Plaza Castilla. De este modo, el empresario niega rotundamente ser el artífice de estas coacciones, aunque la titular del juzgado 39 ha decidido dejarles al borde del banquillo al considerar que todas las diligencias practicadas en estos seis años (incluida la rueda de reconocimiento a la que se sometió Villarejo tras el apuñalamiento a Pinto) apuntan a su responsabilidad en estos hechos. Igualmente, se ampara en los informes policiales sobre el posicionamiento de los teléfonos cuando se enviaron estos mensajes así como en la documentación sobre la titularidad de las líneas telefónicas para confrontar la tesis de los acusados que alegan que fue ella misma la que simuló la recepción de amenazas de muerte desde terminales que se localizaron cerca de su domicilio.
Al respecto, la asociación descarta este extremo y recoge que durante ese tiempo Villarejo y López Madrid se comunicaron con tarjetas prepago que adquirieron mediante documentación falsa de un ciudadano uruguayo. Incluso algunos de los mensajes recibidos ya en 2015 se enviaron desde un móvil que figuraba a nombre de Valrin López como titular, aunque se utilizó el DNI de López Madrid para darlo de alta. Con todo, el escrito se hace eco de una grabación que se encontraron los investigadores del caso Tándem en el domicilio del comisario jubilado en 2018 y que guarda relación con la instrucción que culminó la juez en agosto. La misma corresponde a diciembre de 2013. En aquel entonces, y en el marco del fugado cruzado entre las partes, López Madrid se habría reunido con Villarejo en la sede de Cenyt, grupo de su entramado empresarial, para preparar la "visita sorpresa" a la consulta que la dermatóloga tiene en la capital.
"Sabrás lo que es el infierno"
"Si a mi no me crees este señor huele a policía", le advirtió en aquel encuentro para añadir que la Policía iría "a verle" si es que creía que no contaban con medios para frenar la situación. Precisamente la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento por todos los encargos privados de Villarejo decidió abrir una pieza separada, la número 24, a tenor de la aparición de dichos audios. Fuentes jurídicas consultadas por este diario, explican que el magistrado Manuel García Castellón intentó inhibirse de esta causa en favor del juzgado de Plaza Castilla que ha investigado el asunto desde 2014. Sea como fuere, la grabación incautada por Asuntos Internos sirve a las acusaciones para reforzar su actuación contra ambos y apuntalar la situación de acoso que tuvo su momento álgido en abril de 2014, cuando un hombre apuñaló a Pinto mientras se encontraba en su coche con su hijo.
Aunque Villarejo ha negado rotundamente estar detrás de estos hechos y se ha referido a ella como "la loca" en numerosas conversaciones que figuran en el caso Tándem, la instructora se basa en el parte de lesiones del hospital Gregorio Marañón para acusar al agente encubierto así como su posterior reconocimiento por parte de la doctora. Con todo, las amenazas continuaron en 2014 con textos como: "Vamos a pinchar a tus hijos", "Vamos a seguir, puta" o "No coges el teléfono, pues te mandaremos un mensaje con un cuchillo para que lo entiendas", de acuerdo con el escrito presentado por la asociación Clara Campoamor. Los últimos mensajes los recibió ya a finales de ese año y en los mismo se le exhortaba a mantener "la boca cerrada" advirtiéndole de que acabarían con ella y con sus hijos: "Cambia tu declaración o sabrás lo que es el infierno".
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