Tras cuatro años de investigación en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, los investigadores siguen rastreando el movimiento de dinero vinculado a los cabecillas de este caso de corrupción, bautizado como Lezo. Tanto es así que el magistrado Manuel García Castellón ha acordado una ampliación de las comisiones rogatorias a Suiza (y con ésta van ya un total de 15) para pedir que se investiguen unas transferencias a favor de Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal, por los vínculos que pudieran tener con los pagos que habría efectuado OHL para adjudicarse en el año 2007 el proyecto de obra del tren de Nalvacarnero, el cual, según el peritaje del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado se adjudicó tras obtener la puntuación necesaria.
Para entender estas diligencias hay que remontarse a mayo del año pasado. Entonces el instructor, a petición de la Policía Judicial, pidió a las autoridades helvéticas información bancaria de dos sociedades relacionadas con Ildefonso de Miguel y que éste tiene radicadas en Panamá. Ya en febrero de este año, Ginebra dio respuesta a la petición de la Audiencia Nacional en relación con las firmas Surtain Trading y Sparkling Water; sin embargo, la respuesta no satisfizo al magistrado que expone ahora en un auto recogido por La Información, que la documentación aportada está "incompleta" y carece de los "datos clave" que buscan los investigadores.
Lo que quieren averiguar es quién se esconde detrás del envío de tres trasferencias a De Miguel entre los años 2005 y 2008 por importe total de 1,4 millones de euros. Lo que queda acreditado hasta el momento es que Surtain Trading recibió en diciembre de 2005 una transferencia por importe de 800.000 euros, un segundo envío de dinero en 2007 por 206.946 euros y un tercero en enero de 2008 por 493.054 euros. Estas dos últimas entregas, que se ordenaron desde la firma panameña Hanalei Hold, coinciden en tiempo, según precisa el magistrado, con el presunto pago que habría hecho OHL a cargos del Ejecutivo regional de 2,5 millones de dólares para adjudicarse las obras del tren para unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero.
Los sobresueldos del Canal
El instructor tampoco se cree los motivos que envuelven la primera transferencia de 800.000 euros. Según explica, se realizó a nombre de una persona llamada Fernando Martín, que nada tiene que ver con este caso de corrupción, y justifica el pago con la penalización por la rescisión de un contrato de compra venta de unos viñedos firmado en el año 2005. "Es presumible que se trate de un contrato simulado creado con la finalidad de encubrir un pago ilícito a favor de Ildefonso de Miguel en contraprestación a la realización de actividades ilícitas derivadas del cargo público", reza el magistrado. Las pesquisas realizadas hasta la fecha han puesto de manifiesto cómo los principales acusados del procedimiento se habrían repartido comisiones millonarias con varios pelotazos del Canal, entre los que se encuentran las compras de la colombiana Inassa (2001) y de la brasileña Emissao doce años después.
Al margen de estas operaciones que se han investigado en dos piezas separadas ya terminadas, el juez pone el foco ahora en el vínculo que pudiera tener el cobro de los cerca de 700.000 euros restantes con las dádivas que habría ordenado el exconsejero de OHL Javier López Madrid desde las cuentas de OHL en México. Según explica el magistrado, aunque esta cuantía no llegó a su destinatario final, es probable que los 2,5 millones de dólares abonados en aquel entonces tuvieran como receptor final el exgerente del Canal. Tanto López Madrid como Villar Mir han negado en sede judicial el pago de dádivas al consistorio regional a cambio de hacerse con adjudicaciones de obra pública, si bien Anticorrupción apunta en la dirección contraria. Para ello se apoya en las anotaciones que hizo López Madrid en su libreta y en las que se haría referencia a 'Nacho'.
El exconsejero de la constructora expuso en su declaración ante el juez que no recuerda si se refería a Ignacio González y que todo lo que apuntaba provenía de las indicaciones del exdirectivo de OHL Rafael Martín de Nicolás. En concreto, su cuaderno recogía la cita 'CAM-OHL R Matin Nicolás' y más abajo 'Mintra excluir Navalcarnero (darle instrucción)'. Sin embargo, el magistrado sigue indagando en esta pieza tercera del caso Lezo quien tenía que ser el receptor final de los pagos que se efectuaron desde dos cuentas de México a Suiza y si éstos se pueden considerar como donaciones para adjudicarse el faraónico proyecto que nunca llegó a salir adelante. Tanto es así que una de las últimas diligencias que acordó en este procedimiento antes de la suspensión judicial derivada de la pandemia del coronavirus, fue tomar declaración a Marjaliza.
Los mentores de la adjudicación
Aunque figura como uno de los principales acusados de la trama Púnica, el magistrado le llamó como testigo para que aclarase quien fue la persona que medió para que este proyecto valorado en 363 millones de euros fuera a la compañía de Villar Mir. El constructor confeso relató que tanto Ignacio González como Francisco Granados presumieron de ser los impulsores de esta licitación durante una comida en la que participó López Madrid. Según dijo, Granados reprochó al empresario y exconsejero de Bankia que le debía 1,4 millones de euros a modo de dádiva por haber mediado en esta adjudicación, si bien López Madrid le respondió que el verdadero mentor fue 'Nacho', en referencia a Ignacio González. Éste, por su parte, desmiente ser el receptor del dinero y asegura que se podría referir a Ignacio Palacios, entonces jefe del Gabinete de Granados, o bien Ignacio Martínez, director de finanzas y tesorería de OHL.
Ahora el magistrado sigue el rastro del dinero que cobró Ildefonso de Miguel en aras a esclarecer si el exalto cargo del Canal era el verdadero receptor final de los 2,5 millones de dólares transferidos desde México. Por ese motivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pide a las autoridades helvéticas que identifiquen el dueño y beneficiario de las cuentas que transfirieron los 1,4 millones de euros a Ildefonso de Miguel, así como todos los movimientos, incluidos las operaciones de entradas y salidas de fondos y las realizadas con dinero en efectivo. En lo que respecta a los delitos que podrían acarrear estos hechos, el magistrado se remite a lo ya explicado en las anteriores 14 comisiones rogatorias libradas a Suiza entre el 13 de enero de 2017 y el 24 de julio de 2019.
Cabe recordar que el avance de la causa se debió en gran parte a las confesiones que hizo el expresidente de Inassa y hombre fuerte de González, Edmundo Rodríguez Sobrino, acerca de las dádivas que se habrían repartido los imputados en Lezo por participar en estas operaciones de la empresa pública de aguas de Madrid. El caso cuenta además con un peritaje realizado por el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado el cual certificó que OHL obtuvo la puntuación necesaria para adjudicarse el proyecto. No obstante, además de este asunto, la empresa también está involucacrada en la pieza novena de Lezo. En la misma se investigan exaltos cargos de la compañía y funcionarios y cargos públicos, entre los que se encuentran el expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife Luis Suárez, por el pago de mordidas desde la filial mexicana para hacerse con licitaciones en todo el territorio nacional.
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