Se acabó la rebelión de los accionistas minoritarios de Abengoa ante la cruda realidad a la que se enfrenta la compañía. "La refinanciación convenida el 6 de agosto de 2020 es la mejor y única solución para el grupo", ha manifestado el nuevo consejo de administración formado por Juan Pablo López-Bravo (presidente), Jordi Sarrías y Margarida Smith. La decisión va en contra de los planes iniciales que buscaban maximizar la recuperación del valor de las acciones con el bloqueo de la refinanciación, que los iba a diluir al mínimo a cambio de salvar los proyectos, empleos, la empresa y la deuda neta de 3.900 millones de euros que mantiene la ingeniería sevillana.
Sin embargo, la nueva cúpula ha accedido a documentación financiera de Abengoa que revela "la existencia de obligaciones vinculantes con terceros, respaldadas por acuerdos de la Junta General de accionistas anterior a la celebrada el 17 de noviembre de 2020, y la contradicción entre esas obligaciones con terceros y la instrucción aprobada en esta última Junta".
"El Consejo de Administración tiene la convicción de que no ejecutar la refinanciación conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa, S.A. y sus accionistas"
Fuentes conocedoras del proceso aseguran a 'La Información' que, entre estas vinculaciones, se encuentran los acuerdos de quitas de deuda con los acreedores y bancos, beneficiosos para la supervivencia y sostenibilidad del grupo, así como algunos de los avales para la ejecución de proyectos de Abengoa que se hubiesen cancelado con la nueva situación planteada.
"En este sentido ha sido considerado especialmente decisivo para la toma de posición por el Consejo de Administración la convicción de que no ejecutar la refinanciación antes de esa fecha conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa, S.A. y para sus accionistas
Los tres consejeros han realizado una "revisión urgente" de los estados financieros del grupo junto a KPMG y han concluido que la situación de bloqueo del plan inicial de Gonzalo Urquijo, ex presidente de la empresa, que fue ratificado por la vía De Quintos hace un par de semanas, ha colocado al borde del abismo a Abengoa y tendría "consecuencias irreversibles" como la propia liquidación de la empresa y un concurso de acreedores que se llevaría por delante a proveedores, empleados y proyectos.
El órgano de gobierno de la compañía manifiesta además "su no oposición a la ejecución de la refinanciación por las filiales y su petición a las Administraciones Públicas y a todos los acreedores de que confirmen su participación y colaboren en su ejecución antes del 31 de diciembre de 2020". La aportación de 530 millones de euros de liquidez adicional por parte del ICO o Cesce tenía fecha de caducidad hasta final de 2020, según aseguran fuentes conocedoras del acuerdo. De hecho, el fleco suelto de la espantada de la Junta de Andalucía -que debía poner 20 millones- estaba a punto de ser solucionado con el paso al frente de Banco Santander, que lidera a los bancos en la refinanciación de la compañía.
Entre la traición y la obligación
La decisión de los consejeros contrasta con el mandato de los accionistas minoritarios, agrupados en la plataforma AbengoaShares, para elevar a la presidencia del grupo a Clemente Fernández González, expresidente de Amper, financiero, analista técnico y administrador del conocido foro de bolsa Chorco a través del cual se empezaron a organizar el grueso de los minoritarios de Abengoa o de la antigua Dogi (actual Nextil). La troika que encabeza López-Bravo se justifica ante las acusaciones de traición al mandato por sus nuevas obligaciones al frente de Abengoa.
"Los consejeros han evaluado todo ello desde su deber de diligencia y de lealtad al interés social, conforme a su mejor criterio profesional desde la independencia y la cualificación profesional de los consejeros, conscientes de la instrucción aprobada por la Junta General de 17 de noviembre de 2020 y también de su deber y responsabilidad como Consejo de Administración de evitar causar un perjuicio cierto a la Sociedad y a todos sus accionistas cuando se presentan, como es el caso, circunstancias entonces ignoradas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en toda su significación", explican.
