ERC y el 'caso Netflix': ¿Quién roba a un ladrón tiene cien años de perdón?

Jueves, 25 de noviembre. El Congreso de los Diputados aprueba unos Presupuestos Generales del Estado decisivos, en tanto dan aire a Sánchez y le garantizan que podrá agotar la legislatura. La mayoría absoluta alcanzada es incluso amplia, con 188 votos a favor. Apoya el proyecto Bildu, que ha pedido a cambio de sus escaños que el canal infantil de la ETB se vea en todo Navarra. Prueba superada. También da su plácet el PNV, que a última hora se descuelga con una demanda imposible, véase crear una ‘minidenominación’ de origen para los vinos de la Rioja alavesa. Pese al fiasco final de la propuesta, desde los nacionalistas se insiste en que todo se andará y que se negociará entre bambalinas. “Todo es posible con Pedro”, les falta promulgar. Lo cierto es que de fondos y partidas presupuestarias ya no hablan ni unos ni otros; los desembolsos e inversiones están previamente pactados y ahí no hay problema. Será por dinero. Incluso ERC finalmente apoya las cuentas públicas tras semanas de negociaciones y con un buen pan debajo del brazo. Esto es, “forzar al Gobierno español a blindar el catalán” en la futura ley audiovisual, como subraya la propia formación independentista en un comunicado. Miel sobre hojuelas.

El pacto, realmente, lo habían anunciado las huestes de Rufián en la tarde del 23 de noviembre, martes. Ufanos, tras apurar los plazos de propuestas y contrapropuestas hasta casi las tres de la mañana, los republicanos cantan victoria. Las plataformas audiovisuales, entre ellas gigantes como Netflix, HBO u Amazon, tendrán que respetar una cuota de producción en catalán (también en gallego y euskera). En concreto, del 6% de su catálogo. “He dormido poco esta noche -subraya el portavoz de Esquerra, que prosigue con cierta sorna-. Al PSOE siempre hay que obligarlo. No lo decimos nosotros, también lo dice Unidas Podemos”. Lo cierto es que su formación ya ha echado cuentas y tiene claro cómo tendrá que conducirse la creación audiovisual a partir de su acuerdo con los socialistas. Por ejemplo, de 100 películas producidas por Netflix, 30 tendrán que ser producciones europeas; de estas, la mitad en lengua del Estado, véase en castellano; de estas, el 40% en catalán, euskera o gallego. Es decir, el 20% de las películas europeas tienen que ser en esas lenguas cooficiales. Un plan atado y bien atado a expensas de oficializarse en una enmienda en la nueva ley.

Todo salta por los aires, empero, horas después de la votación en la Cámara Baja y cuando ya no hay marcha atrás. Los primeros en dar la voz de alarma son los propios grupos audiovisuales españoles, que rápidamente advierten de que -una vez más- se van a quedar solos haciendo cola ante la caja para ‘apoquinar’ lo que inicialmente estaba pensado para corporaciones mucho más poderosas. Empiezan a decirlo ‘sotto voce’ ejecutivos del sector. “Opera el criterio de país de origen y las obligaciones de las leyes españolas no se pueden imponer a empresas que están fuera de España”, subraya un directivo de larga trayectoria en el mercado, al tiempo que explica cómo los Neflix&Co. ya preparan su artillería jurídica por si se judicializa el proceso. El descontento de las televisiones en abierto nacionales cristaliza días después en la nota más dura que se recuerda por parte de Uteca, la patronal audiovisual. “Se nos condena a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único”, arranca el comunicado, antes de constatar “el trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras que ofrecen sus servicios en España”.

No sería ocioso recordar a Sánchez lo reacias que son las plataformas de 'streaming' a tributar en España, dentro de una política de opacidad impropia de la transparencia y ejemplaridad que tanto reclama el Gobierno al propio Ibex

El Gobierno, tras pactar con ERC, tampoco tarda demasiado en quitarse la careta. Calviño dice rápidamente Diego y constata lo que todos ya saben, es decir, que la directiva comunitaria establece un “límite claro” e impide exigir a las plataformas extranjeras una cuota de producción. Incluso con más desparpajo, el otro gran negociador con los republicanos, el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, evita entrar en si se ha producido un engaño a los catalanes pero enarbola sus prioridades sin ambages. “Vamos a buscar un equilibrio, pero sobre la premisa fundamental de que queremos que España sea un centro mundial de producción audiovisual y para eso tenemos que ser atractivos para la industria y las grandes compañías”. Ironías de la vida, lo dice sin torcer el rictus en una entrevista en Antena 3. Otrora miembro del despacho Uría Menéndez, exjefe de la asesoría jurídica del Banco de España, responsable de coordinar el dispositivo de exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco, no parece que Bolaños sea hombre de trazo grueso. Y mucho menos que con su formación y experiencia pueda pasar por alto el citado ‘principio de país de origen’ en una negociación de tan altos vuelos. Tampoco puede asumirse con soltura que Nadia Calviño, técnica comercial y economista del Estado, se cayó de un guindo el día 26, justo después de la aprobación de los PGE.

“Lo más seguro es que no lo supieran y que les hayan engañado como a chinos. No sería de extrañar”, relata otro ejecutivo al corriente de las conversaciones. “Y no les está mal empleado”, remacha. No en vano, una de las tesis que circula en el sector es que las pretensiones de ERC en la ley audiovisual están lejos de un sano fomento del catalán. “Las cuotas de producción no favorecen ‘per se’ al catalán. Se puede obligar a cumplir con un determinado umbral de series o películas, pero no se puede obligar a que se vean. Y la realidad es que la demanda se restringe mucho en esos idiomas”, se argumenta. Entonces, ¿cuáles serían las intenciones reales de los republicanos? Bajo esta tesis, favorecer la llegada de fondos a la industria audiovisual catalana. Lo de menos sería la emisión de esas producciones y lo de más nutrir de fondos al sector ‘nacional’, también golpeado por la pandemia. “No es muy difícil poner nombre a esas empresas”, se alega. No está de más recordar que, de hecho, hay innumerables cintas sufragadas con subvenciones y dinero público que duermen en polvorientas estanterías el sueño de los justos porque carecen de distribución comercial o incluso abrigo en plataformas. Deslizan quienes conocen bien el ‘modus operandi’ del Ejecutivo que ya estará negociando, para contentar a ERC, la incorporación a la ley de incentivos a la producción o subvenciones al doblaje, fórmulas con mejor encaje en la directiva comunitaria. Desde luego, no debería verse como mera casualidad y gesto de bondad intrínseca que los separatistas hayan aflojado en su intención inicial de complicar en el Senado el trámite parlamentario de los PGE.

Entretanto, sería sugestivo conocer detalles del romance que vive Sánchez con el ‘clan de Netflix’ y que, a lo que se ve, le tiene obnubilado. En ese idilio, no pierde ocasión el inquilino de La Moncloa de reivindicar España como destino de turismo cinematográfico -lo hizo en la reciente cumbre de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Madrid- ni tampoco de vender España a los Disney, Amazon o HBO como ‘hub’ audiovisual. Lo hizo en julio durante una visita a la sede de NBC en Los Ángeles y también se explayó en este argumentario durante una visita en octubre a las instalaciones de Netflix en Tres Cantos. Pese a que los focos de Hollywood pueden deslumbrar, no sería ocioso recordar al político madrileño lo reacias que son estas plataformas a tributar en España, dentro de una política de opacidad con sus cifras impropias de la transparencia y ejemplaridad que tanto reclama el Ejecutivo a otras empresas, sin ir más lejos en el Ibex. Tampoco que, por mucho que se enfaden con la legislación, esos grandes ‘players’ nunca se irán de España, a la sazón su cauce natural para entrar en el mercado latinoamericano. No debería escapar al presidente del Gobierno que uno de los mayores éxitos de Netflix a nivel mundial, ‘La Casa Papel’, es una producción adquirida a Atresmedia, que a su vez crea empleos y paga la totalidad de sus impuestos en España. Aunque solo fuera por mero instinto de conservación, los asesores monclovitas deberían recordar a su ‘master and commander’ que esa empresa tiene influyentes emisoras de radio y hasta telediarios... todos radicados en territorio nacional. Nunca es tarde para evitar un motín a bordo.