¡Preparen las carteras! Llega Pedro Sánchez, el nuevo Tío de la Vara... fiscal

12 de abril. Ángel Gabilondo, pese a partir en clara desventaja en las elecciones madrileñas, busca cómo diluir el prometedor mensaje fiscal de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso y sacar la cabeza. Entonces, el fuego amigo de María Jesús Montero termina por hundírsela. En la presentación del comité de expertos del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal, la ministra andaluza deja claro que su idea pasa porque algunas modificaciones tributarias -algunas subidas, hablando en plata- entren ya en vigor en 2022. La alerta roja para la candidatura socialista encendida desde la calle Alcalá intenta desactivarla la ‘jefa’ económica desde la Castellana. “No es el momento de subir impuestos, de ninguna manera estamos hablando de eso, y menos a corto plazo”, lanza Nadia Calviño horas después, utilizando los tiempos como gatera y antes de zaherir sin duelo a la banca por unos sueldos de infarto que ella misma ha contribuido a perpetuar al avalar determinadas fusiones. Convenientemente ocultas hasta pasada la fatídica fecha del 4-M, el Gobierno desvela a mediados de esta semana las fichas anejas al Plan de Recuperación remitido a Bruselas… para confirmar los peores presagios: los fondos europeos llegarán de la mano de un indisimulado incremento de los impuestos. Malas semanas para la Vicepresidencia económica.

La lista no tiene fin, pero conviene repasar algunos ‘highlights’. Por ejemplo, el Ejecutivo se compromete a subir las bases máximas de cotización, sin explicar -eso sí- cómo repercutirá el incremento en la pensión máxima. Asimismo, plantea aprobar un impuesto específico a los billetes de avión, un planteamiento lógico en plena debacle de un turismo asolado por la pandemia. Para justificarlo, dice el gabinete que hay que apostar por medios de transporte más sostenibles. O sea, la ideología elevada al sectarismo hasta convertirla en demagogia. Un saco en el que también puede incluirse el alza del gravamen al diésel tantas veces anunciado y a todas luces justo para penalizar a los más de 13 millones de ricos que conducen estos contaminantes vehículos hasta su puesto de trabajo diario. ¡Que falta de sensibilidad cuando podrían adquirir un coche eléctrico a precio de ganga! Y suma y sigue. El plan presentado a la UE incluye la posibilidad de “crear un pago por el uso de la red viaria de carreteras”, véase, de introducir peajes. O incluso de suprimir la tributación conjunta en el IRPF, un torpedo en la línea de flotación de economías boyantes, como las de los pensionistas.

Resulta curioso que Sánchez, paladín inmarcesible de los desarrapados y defensor a ultranza de subir los impuestos a los ricos, termine descubriendo una máxima que estaba ahí para él desde que el mundo es mundo, véase que diseñar tributos pensando en los más pudientes apenas aporta dinero fresco al Fisco… por la evidente razón de que son pocos. Y cuando terminan los populismos y los aquelarres contra los ‘amancios’ de turno, lo único que queda es irse de la política por la puerta de atrás tras contar la última milonga a tus frustrados votantes. Dicho de otro modo, para llenar de verdad las arcas públicas hay que tocar a la gente de a pie, a las nóminas que controlan y cruzan la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Porque para un Gobierno con un déficit y una deuda galopante, conocedor del riesgo cierto de que la inversión huya del país a poco que los desequilibrios macroeconómicos se acrecienten y que además no quiere dejar de gastar, la palabra mágica es ‘recaudación’. Y no hay recato a la hora de poner en liza toda la verborrea política y los eufemismos más ridículos si con ello se consigue alcanzar ese hito que nunca se menciona de forma explícita, no vaya a ser que alguien averigüe el truco o haga demasiadas preguntas.

La buena noticia es que un gobierno, por regional que sea, ha alentado la ‘rebelión’ contra el discurso dominante y demostrado que existe un camino alternativo en el que la riqueza asoma al tiempo que se favorece la actividad

Viene en este punto a cuento recordar un episodio acaecido en mayo de 2018. Un nutrido grupo de conspicuos juristas, expertos en Hacienda Pública y en muchos casos de indisimulada simpatía socialista, lanzaba la denominada Declaración de Granada. En el punto de mira, sin lugar a dudas, el entonces ministro Cristóbal Montoro, que a su pesar no se convirtió en el alumno más popular del instituto durante su generoso periplo al frente de las finanzas del Estado. El documento, visto hoy con algo más de perspectiva y asumiendo que su esencia no ha variado pese al cambio de gobierno, no tiene desperdicio. Desde el respeto al pago de impuestos en línea con los principios constitucionales, los signatarios avistan “que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo de comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales. Lo que debe ser una función pública que tiene como fin hacer efectiva la tributación de todos de acuerdo con la Constitución y las leyes, se lleva a cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo están pensadas para allegar más recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa”. En esta línea, los 35 firmantes cuestionan la relación de los impositores con Hacienda y que ésta se produzca de igual a igual: “La Administración Tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”. Para terminar, insisten en cómo se ha difuminado el concepto de justicia financiera y cómo la tributación se ha convertido en un instrumento político más. ¿Su objetivo? Salir al paso de un endeudamiento público fuera de control, “resultado de una gestión política irresponsable”.

A partir de ahí, solo cabe preguntarse dónde está el límite para esa voracidad recaudadora. ¿Es que el gasto y los impuestos solo pueden subir? En el fondo, ese es uno de los debates que abordan los profesores Carlos Rodríguez Braun, María Blanco y Luis Daniel Ávila en su más que recomendable obra ‘Hacienda somos todos, cariño’ (Deusto, 2021). “Se nos insiste en que el gasto público está petrificado en su nivel actual, cualquiera que sea, y lo está porque se supone que su nivel refleja las preferencias del pueblo. Reveladora y sistemáticamente, jamás se incluye entre tales preferencias la de soportar una presión tributaria más baja”, expone con gracia el ensayo. Y es que, en efecto, si los costes son fijos, “cualquier contratiempo que pueda padecer la Hacienda Pública deber ser resuelto siempre con más ingresos”. Es más, habrá que deslizar entre los afectados que esos rejones sobrevenidos son necesarios: “Rara vez o nunca pagaremos los impuestos con gusto, pero el poder debe lograr que los paguemos sin hacerle frente masivamente, y para ello nunca puede limitarse a la intimidación. Debe intentar persuadirnos para que no protestemos. Tiene que conseguir presentarse como un ente amable y cariñoso, justo merecedor de nuestro aprecio”. La buena noticia en el arranque de mayo es que un gobierno, por regional que sea, ha alentado la ‘rebelión’ contra ese discurso dominante y demostrado que existe un plan B, un camino alternativo donde la riqueza asoma al tiempo que se favorece y eliminan trabas al normal desarrollo de la actividad.

El Gobierno Sánchez no ha procesado aún en toda su complejidad el triunfo de Ayuso en Madrid. El voto masivo de los ciudadanos a la aspirante popular, incluido el ‘cinturón rojo’ de la comunidad y el de barrios tradicionalmente obreros, constata la inclinación de los ciudadanos a confiar no solo en aquel cuyo discurso les habla de libertad, sino en quien les ayuda con hechos y sobre el terreno a ganarse la vida. En este caso, incluso con menos intervención y, simplemente, dejándoles ejercer sus trabajos. Hosteleros, comerciantes, profesionales y un largo etcétera de autónomos no pueden soportar más impuestos, menos aún cuando provienen de un Ejecutivo que ha batido récords en la contratación de asesores de confianza o en la propia creación de ministerios y estructuras de poder. Se llama predicar con el ejemplo, una asignatura que debieron perderse Sánchez y su ‘claque’ podemista. Hombre con indudable sentido del humor, lo que seguro no se perdía en su momento el presidente socialista era ‘La Hora de José Mota’. Uno de los personajes del cómico, el Tío la Vara, nacido de las manchegas entrañas de Campo de Criptana, perseguía a todos aquellos que infringían cualquier norma social para reconvenirles y atizarles sin piedad fusta en ristre, al grito de “os voy a crujir vivos”. Esa persecución es precisamente la que van a sufrir nuestras cuentas corrientes en los próximos meses al ritmo de la pica tributaria de Sánchez. Preparen la cartera.