Cuánto más débil se siente un Gobierno más temores suscitan sus estrambóticas decisiones en el mundo empresarial. Una vez que Pedro Sánchez ha decidido izar las velas de la transformación económica en busca de una España con todos calvos es cuando verdaderamente peligran las cabelleras de esos asustadizos dirigentes corporativos situados siempre en primer tiempo de saludo ante el poder establecido. La mayor parte de las sociedades cotizadas en el Ibex viven secuestradas por la regulación oficial, expuestas al favor discrecional del Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la pulsión intervencionista del ministro o ministra de turno. No se trata solamente de hacer el caldo gordo a los moradores de La Moncloa sino de testimoniar una adhesión inquebrantable a los postulados de la propaganda gubernamental con la certeza de que cualquier movimiento en falso será castigado con penas que pueden suponer un ostracismo institucional cuando no la destitución fulminante.
Los nuevos episodios nacionales de un Gobierno echado al monte en busca de forzosas e impostadas lealtades con el mundo del dinero han alcanzado su punto álgido con el reciente relevo al frente de Indra. A Fernando Abril-Martorell le han dado a probar la misma medicina que suministraron hace siete años a su antecesor Javier Monzón, quien realmente había sido el promotor de una compañía multinacional en la que se aglutina el mayor polo industrial de España en el sector de las tecnologías de la información. El directivo ahora cesante no ha ofrecido prácticamente ninguna resistencia ante las presiones de la SEPI en su calidad de primer accionista con su 20% pelao del capital de Indra. Pero la abrupta y estrepitosa salida de todo un presidente ejecutivo por la puerta de atrás es el más elocuente ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de gobierno corporativo dentro de una sociedad cotizada.
La salida abrupta de Abril-Martorell obedece a la negativa de la SEPI para aceptar las condiciones contractuales que reclamaba el ya expresidente de Indra de cara a un nuevo mandato
Además de un indignante desprecio a los códigos de buena conducta que promueve desde hace tiempo la CNMV, la chapuza de lo ocurrido en Indra demuestra la incongruencia de un Estado metomentodo que ejerce simultáneamente su condición de cliente preferente y accionista minoritario de una sociedad cotizada. Una dualidad perversa que politiza las decisiones de entidades sometidas a negociación bursátil y que apelan de manera permanente a la confianza de los grandes inversores institucionales, pero también de muchos particulares minoritarios que han depositado parte de sus ahorros en acciones de la compañía. Los manejos cortijeros de tamaña naturaleza arrojan al mismo tiempo graves sombras de duda sobre el desempeño efectivo que puedan disponer los consejeros nombrados por el Gobierno para mantener el deber de lealtad con la empresa que se exige y supone de todo administrador.
La SEPI no ha explicitado ninguna crítica a la labor de Abril-Martorell y ni siquiera ha considerado que desde la llegada al cargo del ahora dimisionario la compañía dejó de repartir dividendo. Tampoco ha mostrado mayor oposición al ERE adoptado a finales del pasado año con unas condiciones mucho más draconianas que las denunciadas por el Gobierno en Caixabank, BBVA y demás entidades bancarias. Todos estos avatares y otros más, como la negativa a retomar las negociaciones para la compra de ITP Aero, han deteriorado las relaciones del máximo ejecutivo de la empresa y su principal socio de referencia, si bien la gota que ha colmado el vaso fue la negativa del holding estatal a renovar el contrato que requería el interesado para seguir en el cargo. Los planes retributivos de Abril-Martorell, con sus emolumentos fijos y variables aparte de sus bonus millonarios, no encajaban en el marco salarial de un sector público obligado a dar ejemplo de pobreza mientras gasta lo que no está en los escritos.
Desde el momento en que la permanencia dentro de la empresa no se correspondía con sus pretensiones económicas, el ya expresidente decidió que era el momento de poner en valor los derechos adquiridos en los últimos años. Los seis millones largos de indemnización han servido para tender un puente de plata a Abril-Martorell, pero no han sido suficientes para certificar un plan de relevo ordenado que evitase poner en solfa la idoneidad del aspirante propuesto por la SEPI para tomar el mando de Indra. La solución de compromiso adoptada entre los consejeros dominicales y los más preocupados independientes ha dejado la compañía abierta en canal y en una situación difícilmente gobernable. Indra queda partida en dos líneas de actividad con dos consejeros delegados no muy bien avenidos y un presidente de pega. Téngase en cuenta que Marc Murtra, el hombre del PSC promovido a instancias de Salvador Illa, ha sido despojado de cualquier poder ejecutivo y actuará como un mero delegado gubernativo sin arte ni parte en la operación de los negocios.
El control de los fondos Next Generation es clave para que Sánchez pueda llegar políticamente vivo a la presidencia española de la UE entre julio y diciembre de 2023
El nuevo comisario político de Indra responde a un experimento gaseoso y muy poco ortodoxo para el buen gobierno societario al tiempo que ofrece un tentador precedente que las huestes de Pedro Sánchez no dudarán en utilizar como modelo de actuación para fiscalizar y controlar las aportaciones derivadas de los fondos europeos en el rescate de empresas en dificultades. No se descarta que una figura corporativa al uso pueda formar parte incluso del equipo encargado de coordinar el desarrollo de los celebrados PERTES, esos proyectos bendecidos con el favor del Gobierno para la recuperación económica del país. Los acreedores que aspiren a las dádivas comunitarias deberán superar la prueba de lealtad que exige Moncloa, entre cuyos requisitos destaca la necesidad de incorporar algún que otro emisario del Estado en las futuras iniciativas empresariales de las que presumiblemente depende, ahí es nada, la transformación económica de España.
Los anhelos kantianos de intervencionismo público se extrapolarán a la enésima potencia en cuanto que Europa empiece a habilitar su vacuna financiera en forma de miles de millones de euros. El chute Next Generation es la última credencial que Sánchez puede presentar para adornar un programa político que hace aguas por todos los lados y llegar entero a ese momento estelar de la quinta presidencia española de la UE, que tendrá lugar en el último semestre de 2023. Es impensable que el jefe del Ejecutivo vaya a renunciar al rédito que subyace detrás del parné solidario de Bruselas. Para ello es necesaria una nutrida cuadrilla de vigilantes de la playa que aseguren al gran hacedor el adecuado uso y destino político de los fondos. En juego está la resiliencia de un Gobierno acorralado en sus contradicciones y que no cejará en controlar hasta el último euro con tal de tener alguna opción de renovar mandato en las próximas elecciones.
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