Llega la reintroducción de las reglas fiscales con un plan de choque 2025 y 2028 como política central para la gestión de las cuentas públicas en la zona euro. No es que se hubieran abandonado pero sí estaban siendo un tanto ignoradas, hasta tal punto que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tuvo que ponerse firme para exigir a los gobiernos europeos que es hora de reducir la deuda. Pese al sofisticado disfraz de flexibilidad y margen de maniobra que se le ha puesto al acuerdo, la principal consecuencia es que llegan recortes para volver a cumplir con los pilares de del euro: un objetivo de déficit público tope del 3% y una deuda pública del 60% sobre PIB. Estamos lejos, lejísimos, pero no queda otra que empezar a recorrer un largo camino que debería empezar en la divulgación.
Vayamos a lo básico. Por ejemplo, se puede empezar explicando que el déficit significa que el gobierno de turno ha gastado más de lo que se ingresa. Seguiríamos diciendo que la deuda pública crece porque hay que pedir prestado para financiar esa cuenta recurrente sin pagar y esa alegría al gastar. Por ignorancia, omisión o mala fe, hay determinados políticos que miran para otro lado con lo básico. España parte de déficits del 10% en 2020, 6,7% en 2021, 4,73% en 2022 y, todo parece indicar, que rozará el 4% en 2023. La previsión del Gobierno es el 3% para 2024. La deuda pública está en el 110% sobre el PIB después de bajar desde el 120%. Sin embargo, la cuenta a devolver no ha hecho otra cosa de crecer hasta los 1,57 billones de euros. El descenso en porcentaje se produce porque el PIB aumenta. ¿Qué ocurrirá con la radio deuda/PIB cuando el débil crecimiento previsto dé marcha atrás?
Ajuste, el eufemismo de los recortes
Resolver la ecuación gastos e ingresos sigue siendo la asignatura pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez, que justo ahora queda descabezado en el Ministerio de Economía con la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir del próximo 1 de enero. Sorprende que Moncloa quiera mantener el intríngulis hasta última hora cuando la incertidumbre en este caso no suma nada y solo resta. Está en juego la posición clave a la que miran empresas, mercados e inversores (acreedores) de la deuda billonaria del Estado y a la que pedirán cuentas desde Bruselas para los asuntos económicos y financieros relativos a España.
Por todo lo anterior, el nuevo titular de Economía no puede ser un desconocido, sino alguien con peso específico a la hora de convencer a los inversores, desplegar políticas de crecimiento que permitan cumplir las reglas fiscales y defender ante la opinión pública los tijeretazos que dé el Gobierno. Hay múltiples pronósticos en la misma dirección. Entre ellos, Airef estima que se realizarán ajustes por cerca de 40.000 millones de euros entre 2025-2028 para anclar a medio largo plazo el objetivo de deuda, es decir, que las proyecciones dejen de mirar hacia arriba y bajen.
De las soluciones disponibles con las que cuenta Sánchez tras la marcha de Calviño, lo único que parece seguro -y eso es mucho decir con los cambios de opinión presidenciales- es que será continuista. La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, volvería a ganar poder y cotiza estos días como vicepresidenta primera en lugar de Calviño -ahora es cuarta- con lo que se mantendría la etiqueta 'económica' para la posición número dos del Gobierno. Parece el único perfil capaz de argumentar un ajuste fiscal, defender las bondades del enésimo nuevo impuesto y neutralizar a Yolanda Díaz. Sin embargo, no parece encajar con el perfil que demanda al cartera de Economía, Comercio y Empresa que se acaba de crear.
Sobre el papel, el candidato con la máxima puntuación es José Luis Escrivá. Lleva cuatro años en el Gobierno y ha encajado en el núcleo duro de Sánchez que forman Ribera, Montero y Bolaños. Si fuese una oposición, tendría el puesto ganado. Tiene experiencia internacional en instituciones como el BCE, BIS o BBVA pero además cuenta con un pasado reciente (2014-2019) al frente a la Airef, la agencia creada para fiscalizar las cuentas públicas. Es un asunto clave en la nueva legislatura. Escrivá se ha quedado con parte de las atribuciones de Calviño (Transformación Digital) tras su paso por Seguridad Social y Pensiones, el ministerio responsable de una partida de 200.000 millones de euros anuales en presupuestos, cuya sostenibilidad y definición es uno de los grandes quebraderos de cabeza del gobierno.
Sin embargo, Sánchez tiene la opción de un fichaje externo que aporte aire fresco a las políticas del gobierno pero siempre con un perfil técnico. Hay tres nombres en liza procedentes del mundo financiero que también aparecen en las quinielas de candidatos. David Vegara, actual jefe de riesgos (CRO) de Banco Sabadell, fue secretario de Estado con Solbes y Zapatero, pero cuenta con experiencia en instituciones europeas desde la crisis financiera de 2008 y cuenta con cualidades para llevar las riendas de un área vital del ministerio: el Tesoro Público. La capacidad del brazo emisor del Estado para lidiar con las refinanciaciones será clave en 2024. Lo mismo se puede decir de José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea con mandato cerca de su vencimiento y ex secretario de Estado con Solbes, Salgado y Zapatero. Aparece otra vez entre los potenciales candidatos Ángel Ubide, asesor económico de Sánchez en 2015 y 2016. Su perfil de economista en banca de inversión y 'hedge funds' (Citadel, Goldman, DE Shaw, Tudor) en EEUU juegan a su favor, pero la inexperiencia en los círculos de Bruselas pesan en contra.
El único nexo en común para todos los candidatos es que tendrán la difícil misión de mantener el equilibrio fiscal, maximizar el crecimiento y liderar la transformación de la economía en un momento delicado. Ocurre en un punto de tensión en hogares, autónomos y empresas después del esfuerzo en la contribución fiscal en los tres últimos años. También coincide con cierta complacencia en el sector público, que consume recursos, como saben ustedes, de todos. Han sido cuatro años difíciles donde los haya pero para el sector privado, sin la red de seguridad del funcionariado, mucho más que para el público. La sucesión de golpes ha sido interminable. Desde la pandemia al cuello de botella de los suministros globales, pasando por los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis energética, una inflación galopante no vista en décadas y el ciclo relámpago de subida de tipos de interés sin parangón.
