Domingo, 19.05.2019 - 23:32 h
Fin de la tregua con el Gobierno Sánchez

Bankia, Santander y Caixa emprenden nuevas acciones legales por el caso Castor

Las entidades interponen un recurso contra el silencio administrativo negativo aplicado a la reclamación patrimonial que plantearon en abril.

Proyecto Castor
Bankia, Santander y Caixa emprenden nuevas acciones legales por el Castor. / Archivo

Se acabó la tregua. Caixabank, Bankia y Santander han emprendido nuevas acciones legales para recuperar el dinero invertido en el fiasco del almacén de gas Castor, según confirman fuentes bancarias. Los tres bancos han interpuesto un recurso contra el "silencio administrativo negativo"con el que la Administración ha hecho frente a la reclamación patrimonial  que presentaron en abril de 2018. 

Los bancos adelantaron  1.350 millones de indemnización a las empresas responsables del Castor,-ACS y la canadiense Dundee-después de que el Gobierno cerrara la instalación en 2013 por los graves problemas que provocaba. A cambio, los bancos iban a cobrar un interés del 4,3% durante 30 años. El plan saltó por los aires en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el decreto del cierre de la instalación y con él, los pagos a la banca.

Durante más de un año, los bancos, asesorados por el despacho especializado Linklaters, han mantenido contactos, discretos pero continuos, para intentar un arreglo con la Administración sin llegar a las manos. Lo hicieron con el antiguo ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, y lo han hecho con los responsables de energía del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En el mes de abril de 2018, con los cobros pactados paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y sin noticias del Gobierno, Caixa, Santander y Bankia dieron el paso e interpusieron una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que argumentaron "enriquecimiento injusto del Estado" en el proceso de cierre del almacén de gas.

El cambio de Gobierno de junio propició un periodo de tregua de ocho meses. Las entidades, de forma coordinada, han trabajado durante el periodo para mantener vivo el caso y preparar nuevas acciones en lo contencioso -administrativo. Lo mismo ha hecho la empresa Enagás, encargada de supervisar las instalaciones del Castor y que también ha dejado de cobrar por la labor. La operadora del sistema gasista se ha sumado a los bancos y ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus trabajos de mantenimiento y seguridad del almacenamiento.

El caso se anima porque los bancos ya contaban con que el Ejecutivo recurriría al silencio administrativo para hacer frente a sus reclamaciones. Gráficamente, fuentes bancarias explicaban hace unos meses que el nuevo Ejecutivo socialista no tenía fácil dar una contestación a sus demandas "porque supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos" y en esa elección no hay ganancia política.

En el plano legal, los bancos cuestionan el "silencio administrativo negativo" de la Administración. Es un principio recogido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. La norma prevé la interpretación negativa de la falta de respuesta de la Administración en varios casos, entre ellos, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

Con el nuevo paso de los bancos, el caso Castor toma temperatura. Las asociaciones ciudadanas más activas en la denuncia de presuntas irregularidades  -el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña- han llevado el asunto a las puertas del Tribunal Constitucional. Y algunas de las empresas y entidades afectadas consideran necesario revisar el papel y la responsabilidades de los promotores del proyecto, con la constructora ACS a la cabeza.

Las asociaciones presentaron una querella contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros del PP y PSOE por la gestión del almacén de gas. Y destacan que en el único lugar donde reina una aparente calma en torno al caso es en la constructora y en sus socios canadienses, que cobraron apenas un mes después del cierre de la instalación la indemnización de 1.350 millones de euros prevista en el contrato con el Estado.

El caso colea no sólo en los tribunales españoles. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financió parte del proyecto ha sido y es blanco de críticas. La última, de la defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, ha calificado de mala administración la actuación del BEI por tardar más de cuatro años en responder la petición de una plataforma ciudadana para que el BEI dejara de financiar el almacén de gas.

Los pleitos en marcha y las últimas decisiones del Supremo sobre los pagos del mantenimiento de la instalación apuntan a que la solución final del caso pasa por el desmantelamiento de la instalación. Al margen de quien acabe pagando, no será barato.

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