"El partido tomará esta medida, porque es un escándalo que el Gobierno no está dando explicaciones", dice el líder de los 'populares', y añade que "huele" a posible malversación.
La Justicia pone en el foco a Bartolomé Lora por las ayudas a la aerolínea pero el ente público ya se ha visto salpicado por otras causas como Defex o Mercasa.
La aerolínea ha asegurado que el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, Deloitte Legal y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas.
En el escrito por el que su defensa modifica las conclusiones provisionales para mostrar su conformidad con la acusación de la Fiscalía, apunta que Bosch es "autor" de lo que le imputan.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel a la encargada de un despacho de lotería de Écija.
Estas resoluciones han sido conocidas después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña revocara el pasado día 9 el tercer grado que la Generalitat concedió en enero.
Abre diligencias al admitir a trámite la denuncia que Abogados Catalanes por la Constitución presentó por delitos de prevaricación, fraude en contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias
Fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento no ha recibido información oficial sobre este asunto y que se trata de subvenciones que ya se concedían durante el anterior mandato, el de Xavier Trías (CiU).
La decisión del magistrado deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de ex consejera para la continuación de las actuaciones conforme a derecho.
La política catalana no fue reclamada a través de ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019, a pesar de que está procesada formalmente por el procés.
El cuñado del rey Felipe, que cumple una condena de 5 años y 10 meses por el caso Nóos, ingresó este lunes en la cárcel, donde tendrá que dormir de lunes a jueves para cumplir el resto de la pena.
El PP considera que la Cámara Baja debe conocer el destino de los 51.946 euros que cobra al año la asesora de Irene Montero.
Desde el mes de septiembre del año pasado acudía a Pozuelo de Alarcón para hacer labores de voluntariado con personas con discapacidad. Cumplirá lo que le queda de condena en régimen abierto.
La Abogacía del Estado pidió al alto tribunal que en su decisión sobre los indultos a los condenados por el proceso soberanista catalán tenga en cuenta el dinero malversado y si lo han resarcido.
El líder del PP busca que se pueda conocer así "por qué el real decreto es tan pernicioso para España" y lamenta que al Gobierno "todo les da igual, todo les sale impune".
La formación morada había denunciado junto a IU a un total de 28 ministros (algunos socialistas), políticos de todas las administraciones y empresarios al considerar que se producía un quebranto de lo público.
La única excepción es la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que sigue pendiente de resolución a los dos meses de que el Tribunal Supremo se lo revocara.
El portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago, pide que se aclare si existía ese protocolo que ha permitido a los mandos del Ejército vacunarse "antes que la población o que otros militares en riesgo".
Para la candidata de JxCat, la resolución del tribunal belga es una "nueva batalla ganada desde el exilio", y ha preguntado a la justicia española quién más debe decirles que se equivocan.
La candidata de Junts per Catalunya puede evitar un proceso en el TS si este no le abre juicio oral antes de que recoja su acta en Cataluña. Entonces, su caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia catalán.
Considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa y malversación".
En esta nueva ristra de perdones destacan los de su antiguo asistente de campaña, George Papadopoulos, y el del abogado Alex van der Zwaan, quienes fueron condenados en 2017 por mentir al FBI.
Presentan ante el Supremo los informes individualizados en los que resaltan la gravedad de las penas y denuncian un uso político de la medida de gracia.
El Alto Tribunal estima que por ahora no hay indicios sólidos contra los miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia. Aunque no impedirá investigaciones en otras instancias.
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