El presidente del Gobierno se abre a cambios en este delito durante la tramitación de la reformulación de la sedición en Congreso con el condicionante de que el nuevo texto preserve la lucha contra la corrupción.
Casi la mitad de los votantes del PSOE opina que el principal motivo para llevar a cabo la reforma del Código Penal ha sido “contentar a algunas formaciones políticas” y creen que se penalizará en las urnas.
La posibilidad de reformar las penas contempladas ha levantado polémica, ya que los jueces deberían revisar muchas de las condenas impuestas en macrocausas de corrupción, donde este delito es habitual.
Isabel Rodríguez no ha desmentido a Gabriel Rufián, pero tampoco ha querido ir más allá sobre la modificación del citado delito asegurando que el Ejecutivo ha cumplido con la proposición no de ley.
Jueces y fiscales recuerdan que es un delito "muy frecuente" en estas causas y subrayan que los tribunales deberán revisar cada caso, principalmente si se distingue entre los que se han "enriquecido" y los que no.
La reforma del código Penal ya esta en marcha y Bolaños reitera que aunque se vaya a eliminar el delito de sedición, otros como el de rebelión o el de desobediencia "no se han tocado".
El presidente ha reiterado en su respeto a los procedimientos judiciales ante la situación de José Antonio Griñán sin aclarar si tiene intención de concederle el indulto, insistiendo en que ya se conoce su posición.
Su abogado argumenta que el hecho de que "tuviera la condición de condenado sin sentencia" ha podido producir "un sufrimiento añadido que hay que ver si puede compensarse" con una reducción de la pena.
El secretario general de los populares considera que "las sentencias están para cumplirlas" para evitar "agravios comparativos entre ciudadanos de primera y de segunda", tras hacerse pública la sentencia.
Las magistradas Ana Ferrer y Susa Polo firman un voto particular contrario a la sentencia, al entender que no hay pruebas suficientes contra el expresidente de Andalucía de que cometió un delito de malversación.
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal justifica así la condena de Griñán a seis años de prisión por malversación de caudales públicos por el fraude de cerca de 700 millones de euros en subvenciones.
El juez Alejandro Abascal señala que recientemente ha solicitado a la IGAE una ampliación de los informes entregados el pasado mes de mayo sobre el posible desvío de subvenciones públicas y fondos de la Liga.
El líder del Ejecutivo no debe olvidar la necesidad imperiosa de buscar el apoyo de los ciudadanos de cara a las futuras elecciones de mayo de 2023, quizá por ello ha dado algunas alegrías al bolsillo de los votantes.
Para el abogado de la causa los votos discrepantes de dos de los cinco miembros del tribunal que ha emitido dicha sentencia constituyen "un rayo de esperanza". Griñán tiene la "conciencia tranquila".
Condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE, aseguró que no tuvo a su cargo las partidas ni el reparto de los fondos.
El fallo ratifica las penas de los expresidentes de la Junta de Andalucía: José Antonio Griñán tendrá que cumplir seis años de prisión y su antecesor, Manuel Chaves, la inhabilitación durante nueve años
Según el juez, los indicios en este procedimiento, "evidenciarían" que utilizó sus funciones como directora de la ILC dictando "resoluciones injustas" para adjudicar 18 contratos menores.
El diputado del Partido Popular ha declarado durante más de hora y media, ha asegurado a su salida que el interrogatorio "ha ido bien".
Francisco Igea presenta una denuncia ante la Fiscalía por posible malversación después de que el vicepresidente de la Junta publicase un vídeo de promoción de su partido que mostraba ambos logos.
Los abogados del expresidente se escudan en sentencias anteriores y sostienen que los acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces no pueden considerarse actos administrativos.
Su letrado ha ha alegado que llegó a la Junta en abril de 2004 y que no tuvo "ninguna relación" con los hechos probados considerados núcleo de la causa.
El exalcalde de Boadilla del Monte recibió una pena de prisión de 36 años y 11 meses por asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos, entre otros.
El fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificara a las personas que negociaron los términos del acuerdo.
El órgano ha recibido un informe de la Oficina Antifraude de la UE que acusa a la líder de Agrupación Nacional de malversar 137.000 euros de fondos europeos cuando era eurodiputada, entre 2004 y 2017.
Página 1 de 9