El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza documentación vinculada a dos exsecretarios generales de la empresa pública y un director financiero sobre el presunto pago de comisiones irregulares.
El caso procede del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que vio indicios de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
La Fiscalía, según recoge el auto del Supremo, entiende que hay también indicios de un delito de malversación.
La fiscal general explica en un decreto que las pesquisas no se centran en posibles delitos a la Hacienda europea, sino con comportamientos que afectan "directa y esencialmente a intereses nacionales".
La fiscal general del Estado convoca el lunes a la Junta de Fiscales de Sala para resolver quien tiene la competencia para investigar el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Solicita que en el juicio declaren como testigos la dirigente de Vox Macarena Olona por su etapa como secretaria general de la empresa pública y el exdirectivo que denunció una trama de comisiones ilegales.
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos amplían sus denuncias por prevaricación, malversación o tráfico de influencias aportando más documentación sobre varios contratos tramitados por la vía de urgencia.
Según han precisado los magistrados, el interés legitimador como afectado "ha de aparecer como determinante de la condena".
La presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que su familiar cobró 55.800 euros por las gestiones para conseguir mascarillas en China, pero no aclaró otros tres pagos.
PSOE, Podemos y Más Madrid piden a Anticorrupción que investigue si el contrato en el que medió el hermano de la presidenta madrileña se cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación.
La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables".
El servicio encargado de las grabaciones de vistas judiciales ha comunicado a la juez que el vídeo de esta diligencia, que se celebró a mediados de enero, no recogió el sonido y no hay posibilidad de recuperarlo.
En el juicio por la venta de 1.860 viviendas en 2013 de la EMVS a Fidere (filial del fondo de inversión Blackstone) Oslé y Benavides estaban acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ciudadanos y el Partido Popular han pedido la dimisión de Colau. La líder de Cs en la ciudad, Luz Guilarte, ha dicho este martes que Colau "no debe seguir arrastrando el nombre y la marca de Barcelona".
La juez acordó esta diligencia antes de decidir si mantiene viva la investigación sobre la ayuda pública de 53 millones de euros o acuerda su archivo, tal y como han pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
La Guardia Civil detiene a una docena de personas, entre ellas la exalcaldesa, y registra diversos departamentos del Ayuntamiento.
Los equipos jurídicos de PP, Vox y Ciudadanos ultiman las demandas que formalizarán ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Los magistrados aún no han valorado si tienen legitimidad para recurrir.
El magistrado del Supremo aclaró al tribunal de Cerdeña que se puede extraditar al expresidente catalán porque la orden de detención nunca fue suspendida, en contra de lo que manifestó la Abogacía del Estado.
El expresidente de la Generalitat defiende que el Tribunal General de la Unión Europea determinó que la vigencia de la euroorden está suspendida. Además pide recuperar la inmunidad para frenar la extradición.
El juez considera que su arresto ayer en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares, con la única imposición de que no abandone Italia.
Polémica sobre si la orden de detención estaba activa o no. El expresidente catalán se encontraba huido de la Justicia española desde el año 2017 y residía en Waterloo.
Apunta a un supuesto delito de administración desleal, de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones por parte del líder y del gerente de la entidad.
Las acusaciones populares ejercidas por el PP y VOX en la causa que investiga el rescate a la aerolínea han reaccionado al desbloqueo de los 34 millones euros de la ayuda interesando nuevas medidas cautelares.
Ya a finales de 2020, la presidenta de la Comunidad inauguró el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el que Ayuso dio el primer paso del diseño de la Ciudad de la Justicia.
El nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso parece dispuesto a pasar página y jugárselo todo a la reedición del proyecto, que se ubicará al lado del actual hospital de emergencias, enfermera Isabel Zendal.
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