El Ejecutivo de la CAM se refiere al Real Decreto que asigna una cantidad a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura "al margen del reparto aprobado" y sin que exista "ninguna razón".
La reforma laboral de 2012, que se ha visto modificada parcialmente desde el 1 de enero de este año, introdujo mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones.
Solo uno de cada diez acuerdos firmados el pasado año, exactamente 2.113.341, el 10,90% del total de 19.384.359, fue indefinido.
"Necesito discreción en la gestión actual, pero por supuesto el diálogo también será político", ha respondido Díaz al diputado de ERC, Lluís Salvadó.
La cláusula de garantía salarial, que liga los sueldos al IPC, ha desaparecido en gran parte de los convenios de las empresas desde el año 2008, cuando la crisis condujo a la extinción o congelación de las mismas.
Recoge medidas de prevención, concienciación y formación; medidas de detección, investigación y enjuiciamiento, entre las que se prevé la tipificación como delito.
"No son cifras, son personas. Hay que convertir los lugares de trabajo en sitios seguros, donde nadie pierda la vida", ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Asegura que en la antesala del 8-M presentó una guía "enormemente polémica" en el Gobierno y otros agentes la llamaron "alarmista".
La ministra y Schmit han destacado también los avances en materia de transparencia en la igualdad retributiva y en los trabajadores de reparto en plataformas digitales.
Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos ha dejado claro que es "preferible" que tanto patronal como sindicatos se sumen al acuerdo.
En los primeros meses del año se registraron 2.603 convenios colectivos con efectos económicos en 2021, pero solo 513 se han firmado este mismo ejercicio.
La vicepresidenta segunda agrega que sí se pueden suprimir partes de ella como se hizo con la anulación del despido de un trabajador en baja médica.
La Audiencia obliga a readmitir a 29 trabajadores cesados en 2015 a partir de un ERE de 2005. Estima que la compañía debe pagar el sueldo dejado de percibir por los empleados desde el momento de despido.
Carolina Vidal, secretaria de Acción Sindical y Formación Sindical en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha y esposa del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, entra en la cúpula del sindicato.
"Los avances se están haciendo desde el Ministerio de Trabajo y hay que seguir poniéndolos en marcha", recuerdan los portavoces del partido morado.
Ambos partidos han solicitado al Ministerio de Trabajo un estudio sobre el coeficiente de parcialidad aplicado al cálculo de las prestaciones y subsidios por desempleo.
El Gobierno negocia con los agentes sociales una tasa de temporalidad máxima en las plantillas del sector privado, aunque baraja la posibilidad de establecer distintos niveles en función del tamaño de la compañía.
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a abordar este asunto en la reunión de la mesa de reforma laboral de la semana que viene, pero Trabajo ya marca sus propuestas y propone límites a la temporalidad.
El Ministerio de Trabajo va a simplificar el nivel asistencial de desempleo, agrupando las prestaciones existentes en un único subsidio cuya cuantía ascenderá al 80% del indicador de referencia (IPREM).
La vicepresidenta segunda recibe a 20minutos en plena negociación presupuestaria y cuando 1,5 millones de personas cobran el nuevo SMI.
El Gobierno cambia el Real Decreto-ley a última hora y modifica los importes de incremento del crédito para la financiación de acciones formativas, aumentando las cuantías para las empresas de menor tamaño.
El choque entre Díaz y Escrivá por asuntos como la formación en las microempresas, los frentes con la patronal y la presión de los sindicatos complican una de las mesas clave para los fondos europeos.
Los tres sindicatos firmantes piden a la ministra "soluciones inmediatas" para la plantilla, mermada por el aumento del número de jubilaciones.
La patronal y los sindicatos acusan a la Seguridad Social de bloquear las negociaciones con sus ausencias. Hay desacuerdo entre los ministerios, que tienen que remitir una propuesta conjunta a los agente sociales.
En la reunión entre Trabajo y los agentes sociales ha habido un acercamiento respecto a la necesidad de que las empresas vuelvan a solicitar un nuevo ERTE, cuya vigencia empezaría el 1 de noviembre.
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