Tras una separación o divorcio uno de los progenitores aportará una cantidad mensual, de no hacerlo podrá ser considerado delito de abandono de familia y los jueces podrían establecer pena de cárcel.
La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a tres años de prisión a un hombre que vendían cada pastilla a quince euros, cuando en farmacias tienen un precio de 25 céntimos de euros por unidad.
La mujer salió con el menor de su vivienda de Huércal de Almería para dirigirse a las Norias de Daza, en El Ejido, con el cuerpo del menor quien supuestamente ya había fallecido por asfixia en el asiento de atrás.
La decisión del magistrado deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de ex consejera para la continuación de las actuaciones conforme a derecho.
La asociación Dignidad y Justicia ha declinado la asistencia al considerar que es "una maniobra publicitaria" para "tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo".
El Ministerio Público considera que en la decisión del tribunal fue "contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio" y que hubo "insuficiencia e irracional motivación fáctica".
Porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes "con libertad" y "en la confianza de estar entre amigos".
Los 'populares' apuntan al gobierno de estar detrás de los dos permisos propuestos por la Junta de Tratamiento de la cárcel madrileña de Soto del Real para Bárcenas a cambio de beneficios.
La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio contra Ugaitz Errazquin e Iurgi Garitagoitia.
La víctima ha sostenido que cuando iba a casa de sus abuelos en verano o Navidades muchas noches el abuelo se metía en su cama y le hacía tocamientos. La defensa niega los hechos.
El jurado ha considerado probado que el asesinato se produjo con alevosía y con ensañamiento, y se contempla además como probada la agravante de género y parentesco.
El documento, que empezó a circular durante el último debate de las elecciones catalanas, contenía datos del aspirante de los socialistas. "Se falta de forma manifiesta al honor del interpelado", dice la querella.
El exvicepresidente del Gobierno ya obtuvo el pasado octubre el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad, que le permitió salir de la cárcel mediante control telemático.
El candidato del PSC ha afirmado que es "falso" que se hubiera pactado con los demás candidatos hacerse un test previo al debate y ha defendido que nadie le dijo que fuera "obligatorio".
Pilar Santos señala en el juicio contra la expresidenta madrileña que esta quiso salvar su carrera política, por lo que hubo "presión" en su nombre y dice que "estaba al tanto de todo".
Anticorrupción no descarta escuchar al extesorero en la causa por la financiación irregular del PP madrileño, antes de que termine la instrucción.
El pasado 4 de diciembre el Alto Tribunal acordó revocar el tercer grado penitenciario concedido a los 9 condenados por sedición al considerar que se trataba de una medida prematura.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Gavà ha decretado el secreto de las actuaciones mientras los Mossos continúan con la investigación.
El Ministerio Público señala que el profesional no tuvo en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento del citado anciano el contexto epidemiológico de España.
El joven de 26 años, que se encuentra en la cárcel desde el pasado día 18, ha sido conducido a la Ciudad de la Justicia de Málaga para declarar
El fiscal solicitaba en su escrito cinco años de prisión, pero rebajó en el juicio la solicitud de pena a dos años y medio por haber pagado tres millones de euros.
La acusada pretendía modificar el testamento del fallecido y se le reclama una multa de 3.600 euros, según lo que ha informado el Ministerio Fiscal.
La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental.
El Alto Tribunal ha dado traslado de la querella al Ministerio Fiscal para que informe "sobre su competencia y contenido".
Presentan ante el Supremo los informes individualizados en los que resaltan la gravedad de las penas y denuncian un uso político de la medida de gracia.
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