A las imágenes de los muñecos de nieve, esquiadores en plena Gran Vía de Madrid y demás estampas tan originales como históricas que ha dejado la borrasca Filomena se suma la otra cara de la moneda: árboles caídos que han afectado a locales, viviendas y coches de particulares, fallos en los suministros de la luz, y un largo etcétera. Y es que tras el temporal es momento del balance de daños que no es menor. Tanto es así que el Ayuntamiento de Madrid aseguró este pasado domingo que estaba estudiando solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital: "Valoramos ese estado, es una de las opciones que manejamos como medio y manera de controlar esta situación", dijo.
Una postura, la del consistorio madrileño, que por el momento no ven tan clara desde el Ejecutivo central. Esta misma mañana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho en una entrevista en RTVE que antes de cualquier medida, hay que "evaluar los impactos y daños causados" por el temporal. Misma línea que también defendía el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no descarta que Madrid sea declarado como "zona catastrófica", aunque asegura que "no hay que anticiparse".
Pero ¿qué es una "zona catastrófica" y cómo se declara?
Antes de nada, matizar, que según la Ley, este recurso ya no es conocido como zona catastrófica, sino como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". Se regula así en el capítulo 5 de la Ley del Sistema de Protección Civil.
El artículo 23 lo define de la siguiente manera: "A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".
Para que una comunidad sea declarada zona catastrófica, deberá ser aprobada -solicitud mediante- por el Consejo de Ministros, que será quien determine si los daños producidos "perturban gravemente las condiciones de vida de la población".
Qué ayudas o subvenciones conlleva
Según el artículo 24 de la citada Ley, cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección social, se podrán adoptar, entre otras, algunas medidas como ayudas y/o medidas fiscales. La lista es la siguiente:
- Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad
- Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables
- Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes
- Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios
- Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular
- Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina
- Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial
Medidas fiscales
En el apartado de medidas fiscales las medidas que se podrán adoptar son las siguientes:
- Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya ocurrido la emergencia que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares. Esto cuando hayan sido dañados y se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos hayan tenido que ser objetivo de realojamiento total o parcial en otras viviendas.
- Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas para industrias de cualquier naturaleza, siempre que la emergencia haya obligado al realojamiento o se hayan producido daños que provoquen el cierre temporal de la actividad.
- Exenciones de las tasas de Tráfico, para aquellos vehículos que hayan sido baja o aquellos dañados.
- Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Medidas laborales y Seguridad Social
- Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.
¿Qué supone esto? Primero, que la Seguridad Social podrá exonerar al empresario el abono de las cuotas mientras que dure el periodo de suspensión. En el supuesto en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o reducción temporal del trabajo, el Servicio Público de Empleo autorizará las prestaciones por desempleo, sin necesidad de contar con los periodos de cotización necesarios.
- En el caso de los autónomos: podrán solicitar y obtener -previa justificación de los daños sufridos- una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
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