Hicieron falta solo seis días desde la declaración del estado de alarma, para asumir que la carencia de equipos de protección haría perder la batalla en los hospitales. Durante semanas, España lanzó a los 'héroes' de la pandemia bajo el escudo de las bolsas de basura y los chubasqueros. La gran ola pilló a la sanidad sin reservas y a los distribuidores sin capacidad para abastecerse. El 20 de marzo, la cartera de Industria tomó cartas en el asunto y aprobó, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIyP), una medida excepcional que avalaba ciertas alternativas a las mascarillas con el marcado CE europeo, por entonces tan difíciles de adquirir. Ya han pasado cuatro meses y la excepción aún es norma.
La modificación que aprobó la cartera que lidera Reyes Maroto, sirvió de chaleco salvavidas en pleno naufragio. "Entre una mascarilla sin sello o asistir con la cara descubierta... siempre prefieres lo primero", comparten fuentes de la plantilla del Gregorio Marañón. Desde que el mismo momento de su publicación en el BOE, la propuesta tuvo fecha de caducidad. "Las medidas establecidas serán aplicables únicamente mientras dure la situación de excepcionalidad de la que traen causa". En pocas palabras, desde el 20 de marzo hasta que terminase la escasez.
De la desescalada a los rebrotes, la Covid no ha dado tregua. La transmisión comunitaria ha vuelto en pleno verano, con las plantillas bajo mínimos, y todo apunta a que en otoño las cosas volverán a complicarse. Las autoridades se enfrentan al tiempo para hacerse con las reservas de equipos suficientes para evitar la tragedia (y el sonrojo) de volver a tropezar con la misma piedra. Así, varias CCAA como Madrid o Valencia han vuelto a poner a disposición de los fabricantes, los protocolos para obtener una autorización temporal de estos productos sustitutos.
Las últimas actualizaciones de estas guías datan del 10 de julio, en el caso de la Generalitat, y del 13, en el de Madrid. "En una situación normal, las únicas mascarillas EPI que podrían comercializarse en todo el territorio de la Unión Europea serían aquellas que llevasen el marcado CE", reza el texto que ha colgado la Comunidad de Madrid en su página oficial. Solo de esta manera, los países miembros han podido garantizar durante años que estos productos sensibles cumpliesen todas las condiciones propias de su sello. Al parecer, el salto a la nueva normalidad no ha sido suficiente para retomar los viejos procedimientos, pues la puerta a estos canales alternativos sigue abierta.
"Mientras dure la situación de excepcionalidad de la que traen causa". El texto de Industria del 20 de marzo no dejaba lugar a dudas: la escasez llevaba la batuta de los protocolos. La cartera dio un giro un mes después. El 23 de abril, Industria estableció la caducidad de los salvoconductos para estos fabricantes "en el momento en que se complete la evaluación de conformidad necesaria para poner el marcado CE a dichos productos, o hasta el 30 de septiembre de 2020, lo que antes ocurra". En definitiva, si antes del final de septiembre, el fabricante es capaz de acreditar que su producto es digno del sello europeo, el producto seguirá comercializándose después de la pandemia.
La modificación del 23 de abril amplió el cerco. Un mes después del primer tanteo, el Gobierno apeló de nuevo a la escasez para considerar "necesario ampliar el listado de normas consideradas como equivalentes". Es decir, para suavizar aún más los requisitos. Además, lo que en marzo empezó como una medida exclusiva para las mascarillas clasificadas como EPI, en abril sirvió de paraguas para "guantes y ropa de protección, protección ocular y facial, mascarillas de protección, así como cualquier otro tipo de EPI que pudiera ser necesario en el contexto de la protección frente al Covid". En definitiva, para cualquier tela o pantalla que supusiera una barrera entre el bicho y la persona.
Con el 30 de septiembre como fecha tope, a pie de camilla siguen llegando equipos sin el marcado CE, aunque nadie parece saber si sigue habiendo o no escasez. La cartera que lidera Reyes Maroto ha compartido en conversaciones con La Información, su confn en que "los fabricantes hayan tenido tiempo para adaptar su oferta de productos con marcado CE y que, por lo tanto, no haya escasez de EPI con el citado marcado en los próximos meses". La cuestión de si ahora mismo existe o no una falta de 'stock' de productos con el certificado de Bruselas queda en el aire y no es baladí. ¿Es tal la falta de equipos que obliga depender de un material cuya certificación oscila en función del contexto en el que se comercialice?
La fecha tope que marcó el departamento era en sí misma una prórroga del objetivo original: solventar una escasez mortal. "Es pronto para saber si es necesario ampliar el plazo previsto en la resolución de 23 de abril de 2020, que finaliza el 30 de septiembre", aseguran fuentes del departamento de Industria a este medio, "Todo dependerá de la evolución de la pandemia y de si el mercado es capaz de suministrar EPI con marcado CE, tal como exige la regulación europea. En septiembre se analizará la situación". Las CCAA apuran el verano para asegurar sus reservas... y no son las únicas. Cada uno por su lado, autoridades regionales y Gobierno central aprietan, con el eco de la primavera a la espalda y los tambores de un otoño difícil en el horizonte.
La macrocompra que prepara Sanidad sí exige el sello de la UE
El Ministerio de Sanidad anunció este miércoles un acuerdo marco para realizar una macrocompra de recursos sanitarios que garanticen una reserva estratégica, por lo que pueda pasar. El monto al que asciende la operación podría alcanzar los 2.431,79 millones. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -bajo la batuta de la cartera de Illa-, ha abierto el plazo para que aquellos que se postulen como suministradores puedan ofertar por once lotes de productos. El objetivo que persigue la estrategia, según trasladó el Ejecutivo, es el de aguantar dos años (por si las moscas traen rebrotes) y aprovechar las economías de escala para recortar gasto.
Dos días después de anunciarse el acuerdo, cinco CCAA tomaron distancia. Ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia, ni Murcia se han adherido a un proyecto que tampoco contará con la Comunidad Valenciana, pese a estar liderada por el PSOE. La Información ha preguntado al Ministerio de Sanidad sobre si, en la macrooperación que ha promovido el Ejecutivo de coalición, el certificado europeo será condición 'sine qua non' para entrar al bombo de las licitaciones. "Los productos licitados se han definido de acuerdo con las normas técnicas europeas y con la exigencia del marcado CE", respondieron desde la cartera. El 'stock' del Gobierno lucirá el sello de Bruselas. Para valorar las reservas de las CCAA, habrá que esperar a otoño.
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