Cada semana se ven menos mochilas amarillas, azul marino o rojas ante los restaurantes de comida rápida que abundan en el centro de Madrid. Es el efecto más visible de la la nueva 'Ley Rider' que el Gobierno aprobó el pasado martes y que obliga a las compañías del sector a cerrar un contrato con los repartidores. Dicho régimen todavía no se ha impuesto pero varias empresas ya han implementado un periodo de prueba para sus trabajadores antes de ofrecerles un contrato indefinido. La consecuencia: estos 'riders' ganarán menos por el mismo número de pedidos que cuando eran 'autónomos'.
José lleva solo dos semanas trabajando como 'rider'. No ha firmado ningún contrato, pero su horario y sueldo corresponden al de un empleado fijo. "Nos dijeron que están esperando unos días para hacernos fijos, pero primero toca hacer la prueba piloto", cuenta. El joven venezolano no tiene un contrato directo con 'su' compañía, Uber Eats, porque le subcontratan a través de Closer, una empresa "especializada en logística y reparto de última milla".
Las pruebas, según el joven, "son un experimento para ver cómo les va con la 'Ley Rider'", aunque hay situaciones que se parecen a las que cuentan sus compañeros 'riders' que trabajaban como autónomos. "Lo único que te dan es la mochila, porque la bicicleta o la moto es de cada uno, como el teléfono y los datos de internet... ahora dicen que nos dotarán de equipamiento pero si se me avería el teléfono o la bicicleta no lo van a cubrir".
"Somos esclavos", se queja Alejandro, otro 'rider' que prefería trabajar como autónomo porque escogía sus horarios. "Tienes que hacer las horas que ellos te digan todos los días y los pedidos que te exijan para cumplir una cantidad mínima". Aún así, trabaja con un "contrato de palabra" con una empresa de empleo temporal (ETT) que ofrece sus servicios a Uber Eats.
A pesar de que su régimen es idéntico a lo que haría como asalariado, no ha firmado ningún contrato porque sigue "periodo de prueba". Compara su situación a cuando llegó por primera vez a España, cuando todavía no era residente y trabajaba con una cuenta alquilada, dando un porcentaje de sus ganancias al titular de la misma. Es una forma de trabajar en negro que utilizan muchos 'riders', especialmente inmigrantes, aunque las cifras varían entre los "cientos" y los "miles" según los propios repartidores.
Una opción para los trabajadores de las plataformas de reparto de comida a domicilio es el "arraigo laboral", un permiso de residencia temporal para gente en situación irregular que ha vivido 2 años en España y ha trabajado al menos 6 meses. El problema es demostrar con pruebas que han trabajado como 'rider', para lo cual pueden servir pantallazos de las aplicaciones o incluso de los 'chats', explica Pedro, un joven que solía formar parte del grupo Repartidores Unidos, aunque se ha mantenido en el margen porque no cree "que esta pelea vaya a dar fruto".
Más allá de la recomendación particular para los inmigrantes irregulares, Pedro sugiere a todos sus compañeros que contacten con abogados y sindicatos para defenderse. "Si nos pones en una situación que solo se resuelve con juicios, es la manera de actuar. Si después de una prueba, Glovo no te contrata, ¿Qué vas a hacer?".
El 'ejemplo' de Italia y Francia
Para Pedro, lo ideal hubiera sido que todos los 'riders' tuvieran la opción de seguir siendo autónomos si así lo desean. "Para eso se podría hacer un convenio entre varios repartidores para escoger nuestra tarifa, pero no nos quieren dejar porque ahora pagan 1,80 euros por pedido", dice. "Nosotros queríamos hablar con la ministra (de Trabajo, Yolanda Díaz) para crear una nueva modalidad de autónomo digital, como en Italia y Francia, y hacer un gremio. Si es un trato mercantil, las dos partes tienen que llegar a un acuerdo". De todas maneras opina que ya es demasiado tarde y que las empresas han perdido una oportunidad para ayudarles.
Las empresas de reparto a domicilio dan prioridad a los subcontratados para llevar los pedidos, exigiéndoles entre 16 y 18 cada día. Por otro lado están los autónomos, que muchos días no llegan a tener ni siete encargos. "Yo pago mis cuotas a la Seguridad Social, ¿cómo me van a decir que soy falso autónomo?", reclama Christian, quien lleva 5 horas esperando un pedido. No quiere un contrato porque si hace más pedidos de los que corresponderían al sueldo, se beneficiaría la empresa en vez de él, como le pasó a un familiar. "Duró un solo día como contratado porque hizo más de 200 euros entregando pedidos, pero le pagaron 30", explica
Si bien la 'Ley Rider' puede ser útil para garantizar seguridad y protección en caso de accidentes o condiciones de explotación, Christian y sus compañeros coinciden en que van a ganar mucho menos de lo que estaban acostumbrados como autónomos. Uno de los mayores errores de Trabajo, opina, es no haber escuchado a los repartidores.
Con las condiciones de la nueva ley se espera que disminuya de forma desproporcionada el número de 'riders' en activo, con lo que el servicio de reparto a domicilio sería mucho más limitado. Christian considera que la reducción en la cifra es una consecuencia lógica, dado que "una persona con moto que ganaba 3.000 no va a querer seguir haciendo lo mismo por 1.100", una cifra que sería igual para los que se desplazan en bicicleta en el caso de Uber Eats. Aún así, le gustaría seguir trabajando como repartidor. "Me gusta el trabajo. Ahora que voy a tener una moto, quiero seguir todavía más, pero no podré hacerlo si voy a ganar menos".
No es el caso de Alejandro, que quiere encontrar otro trabajo antes de que se implemente la nueva ley. "Espero no seguir como 'rider'", afirma. "Viene el verano, cuando con el calor sufres más en este trabajo y no quiero hacerlo por un dinero que no vale la pena". Sin embargo, no puede evitar un mueca de burla cuando alguien le menciona a los repartidores que exigen que los contraten. "Lo hacen porque les gusta... Yo vengo de Venezuela, y ya he comido 'mierda'. Si los españoles quieren averiguar a qué sabe, adelante".
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