El Ministerio de Trabajo mantuvo este lunes una reunión con los agentes sociales y les trasladó que digitalizará el control horario en las empresas de más de 50 trabajadores e incrementará las sanciones por incumplimiento.
Noelia Casado
Twitter: @ncrnoelia Linkedin: noelia-casado-romero-681299201Periodista y politóloga por la URJC. He pasado por las redacciones de elDiario.es y Europa Press antes de llegar a La Información, donde sigo los temas de Laboral y Gobierno. También aprendo sobre derecho parlamentario, electoral y legislativo en la Universidad Complutense.
250 artículos de Noelia Casado
Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que incorporar un plan de actuación frente a la violencia dirigida a este colectivo, aunque no tienen una guía para hacerlo por no haberse desarrollado el reglamento de la 'ley trans'.
CEOE, CCOO y UGT intentan sacar adelante un acuerdo laboral del sector a nivel estatal, mientras Asaja, COAG y UPA negocian para cerrar convenios a nivel provincial que en algunos casos llevan más de cinco años bloqueados.
Los expertos convocados por el Consejo General de Economistas y el 'think tank' Fedea defienden que una vez alcanzado el 60% del salario medio, este factor debe primar sobre el social y proteger a las CCAA menos fuertes.
Los sindicatos ultiman un documento conjunto en el que reflejarán las objeciones y las propuestas de mejora al borrador presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la última reunión de la mesa.
Todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a implementarlo el 3 de marzo, sin embargo, no tienen indicaciones para desarrollarlo, dado que el Ministerio de Trabajo no ha cerrado el desarrollo reglamentario.
El presidente, Antonio Garamendi, recuerda que la patronal exigió al Gobierno una reducción del 20% de la cuota empresarial por contingencias comunes para el sector agrario como condición para respaldar la subida del SMI.
El secretario general del sindicato, Unai Sordo, trasladó al presidente del Gobierno que esta debía ser la clave de la legislatura en materia laboral una vez se ha consolidado la norma de 2021 que se centró en atajar la temporalidad.
Más de 10 millones de trabajadores llevan en su puesto de trabajo más de seis años, en ocasiones, pese a no estar contentos en él, lo que algunos expertos vinculan con la protección frente a un despido improcedente.
La ministra Elma Saiz responde a las peticiones de las asociaciones del trabajo por cuenta propia con la puesta en marcha del organismo en el que someterá a examen la prestación por cese de actividad con los agentes sociales.
El Ministerio de Isabel Rodríguez ha invitado a los sindicatos y a la patronal a participar en el consejo asesor que guiará al Gobierno en las políticas de esta área y se creará en las próximas semanas una vez se fiche a los expertos
El Gobierno ha prohibido que los acuerdos puedan establecer un plazo superior a los seis meses para los técnicos y a los dos meses para el resto de los asalariados, al trasponer la directiva de condiciones previsibles de trabajo.
Los representantes de CCOO y UGT han trasladado al Ministerio de Trabajo que consideran clave que se revise la cuantía de la ayuda, vinculada al indicador público que fija Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado.
En enero, este tipo de contratación creció mucho menos de lo que lo hizo el contrato ordinario a tiempo completo y también, algo menos que el parcial, dada su concentración en el sector servicios, donde más empleo se destruyó.
El número de desempleados alcanza los 2,7 millones en un mes en el que el sector Servicios marca el alza (58.721) y la afiliación en la Hostelería, el Comercio y las actividades en servicios auxiliares cae en más de 40.000 personas
Las compañías de pequeño y mediano tamaño son mayoría en el tejido empresarial español, pero en el último año su crecimiento se moderó respecto a las de hasta 500 empleados, que anotaron un aumento del 5,2% en 2023.
Seguridad Social y Trabajo tienen abiertas diferentes meses de negociación con los sindicatos y la patronal para reducir la jornada laboral, cambiar el subsidio o la jubilación parcial, que corren el riesgo de quedar en papel mojado
El cambio incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI se cerró en 2022 con María Jesús Montero al frente de la cartera, quien se comprometió a darle luz verde en los Presupuestos Generales del Estado.
En 2022 quedaron desiertos más de 24.000 lotes de licitación, lo que las empresas atribuyen a los aumentos de costes laborales marcados también por el auge de las cotizaciones y a la necesidad de actualizar la normativa.
El mercado laboral español cierra el año con una tasa de paro del 11,76% lo que se sitúa en la línea de la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la del Gobierno, pero por debajo de lo avanzado por el 80% de institutos.
El cuarto trimestre deja 21,2 millones de personas trabajando, lo que supone un descenso respecto al dato del mes de septiembre, al tiempo que el desempleo no alcanza el mínimo de junio.
Los negociadores de CCOO, UGT y las patronales han acordado discutir en una mesa bipartita el cómo se aplicaría la reducción de jornada laboral en los diferentes sectores económicos y en las distintas tipologías de empresa.
La primera reunión mantenida entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para recortar la jornada máxima concluye en tono positivo, con el compromiso de los negociadores de acordar como llegar a 37,5 horas en 2025.
El Ministerio de Yolanda Díaz inicia este jueves la mesa de negociación para llevar la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en dos años, como PSOE y Sumar reflejaron en el acuerdo de Gobierno, pero CEOE no lo ve claro.
Los representantes de los trabajadores se sitúan al margen de las discrepancias con los 'morados' y cuestionan el diseño del decreto que planteó el Gobierno así como la eliminación del "recorte" que exigen los de Ione Belarra.
Página 4 de 10