Rechazo al Gobierno después de un encuentro telemático. Alcaldes de 31 municipios que se oponen al modelo de ayudas contra el coronavirus acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pedido al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, que presente un Real Decreto exprés con un reparto por población del fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos, independientemente de si tienen remanente o no como el que se pretende convalidar en el Congreso de los Diputados, donde se plantean acudir para que se escuche su voz.
La reunión telemática que han celebrado este martes por la mañana ha culminado con un documento conjunto respaldado por los primeros ediles de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
En una rueda de prensa que recoge Efe, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que ha estado coordinando durante todo el verano las reuniones de los alcaldes contrarios al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, ha calificado el encuentro de "histórico". Ha asegurado que la firma del documento conjunto ha sido "fácil", pese a concitar a formaciones tan distintas como PP, ERC, BNG, PdCat, CC, PRC, Compromís, UPN, Cs, Podemos o Barcelona en Común, en un momento de especial crispación en el ámbito político nacional.
Se trata de alcaldes de "prácticamente todos los partidos políticos" menos del PSOE, ha recalcado Azcón, quien ha afeado a los socialistas que hayan preferido defender la posición de su partido en lugar de unirse a la posición mayoritaria de los alcaldes españoles y de defender a sus ciudadanos. Ante esta situación, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente el Ministerio de Hacienda, debería hacer una reflexión sobre las soluciones que está aportando a las entidades locales, que más que soluciones son "nuevos problemas".
En ese sentido, ha advertido de que la solución del Gobierno ante la eventual no convalidación del real decreto en el Congreso no puede ser "castigar a las ciudades" porque haya habido alcaldes "rebeldes". En su lugar, ha emplazado al Ejecutivo central a que recoja en un nuevo real decreto aquello en lo que "la inmensa mayoría estamos de acuerdo", ya que los partidos de los alcaldes firmantes suman cerca de 200 diputados en el Congreso.
"Un reparto justo e igual para todos"
Un nuevo real decreto que se caracterice por que el fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos sea "justo" e "igual para todos", es decir, que se reparta en función de la población y no de cuestiones que afecten a la contabilidad nacional o de que dispongan o no de ahorros, de la misma manera que no se le exige esta condición a las Comunidades Autónomas, ha recordado.
Además, el también portavoz del PP en la FEMP ha añadido otras cuestiones que también han suscitado el acuerdo entre estos 31 alcaldes, como un fondo extraordinario para el transporte público, prorrogar el tiempo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles o la flexibilización de la regla de gasto en 2020 y 2021.
En cualquier caso, Azcón ha anunciado que los alcaldes contrarios al acuerdo local entre Hacienda y la FEMP acudirán presencialmente al Congreso de los Diputados el día en que se convalide el real decreto, ya que quieren que se les escuche después de haber pedido diálogo "por activa y por pasiva". "Nos hemos cansado de ofrecerle diálogo a la ministra", ha lamentado Azcón, sorprendido de que, en su comparecencia en la Cámara de este lunes, en la que todos los portavoces excepto el socialista rechazaron su real decreto, no reaccionara anunciando un nuevo periodo de diálogo, lo que ha tachado de "incomprensible".
Su principal objetivo al abrir este frente contra el Gobierno de España, ha subrayado, ha sido la defensa de Zaragoza ante la aprobación de un fondo extraordinario de 5.000 millones para los ayuntamientos, del que iba a quedar fuera la capital aragonesa por no contar con remanente de tesorería cuando, por población, le corresponderían unos 71 millones.
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