Al Banco de España no le gusta la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el Gobierno y así lo hace constar en su último informe anual. A lo largo de sus más de 300 páginas el supervisor dedica varios apartados a abordar lo que considera que es la fuente principal de la vulnerabilidad de las cuentas públicas y advierte de que las decisiones adoptadas son insuficientes y van a ser necesarias medidas adicionales para hacer frente al incremento del gasto que inevitablemente se avecina en las próximas décadas. Sobre todo, carga contra la indexación de las pensiones al IPC en un contexto de tensión inflacionista y contra el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por endosar el coste de la jubilación de la generación del baby boom a las generaciones de trabajadores más jóvenes.
En realidad, lo que hace el organismo que encabeza Pablo Hernández de Cos es actualizar sus opiniones y recomendaciones sobre la sostenibilidad del sistema público de las pensiones y adaptarlas al nuevo marco tras la reforma. En este sentido, insiste en criticar la indexación de las prestaciones al IPC, como ha hecho anteriormente, pero lo hace con mayor dureza en el actual contexto inflacionista, al afirmar que el compromiso de revalorización "tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual". En este contexto, reitera que la garantía del poder adquisitivo debe ofrecerse a los perceptores de pensiones mínimas, pero no a todos los pensionistas, ya que excluir a este colectivo del ajuste generalizado de rentas que es necesario para salir de esta crisis discrimina a los perceptores de rentas del trabajo y del capital, que tendrán que asumir una parte mayor de los costes.
Sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -la herramienta que sustituye al Factor de Sostenibilidad para afrontar el coste de la jubilación de los llamados baby boomers, los nacidos entre 1959 y 1974- el Banco de España advierte de que "se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores". Eso es lo que, en esencia, hace el MEI, ya que está planteado en dos fases, una primera en la que se acumulará una sobre cotización entre 2023 y 2031 para los trabajadores actuales y otra posterior en la que el sistema podrá gastar lo acumulado en la jubilación de la generación del baby boom y, si no fuera suficiente para cubrir ese pico de gasto, se buscarían ingresos adicionales o se abordaría un ajuste en las prestaciones.
En el informe de 2020, que se elaboró cuando José Luis Escrivá ya había puesto sobre la mesa sus planes para las pensiones, aunque aún no estaba aprobada la reforma, el supervisor ya advertía de que "hacer recaer una parte importante de un eventual ajuste en el sistema de pensiones sobre la población jubilada podría implicar una reducción desproporcionada de su nivel de renta y bienestar, en la medida en que este colectivo tomó sus decisiones de ahorro y oferta laboral en base a unas determinadas expectativas de prestaciones y dispone de una capacidad de ajuste muy limitada en la actualidad. Y a la vez, avisaba de que "hacer descansar todo el peso de una posible reforma del sistema sobre las futuras generaciones de trabajadores, mediante un aumento significativo de las transferencias intergeneracionales de renta, supondría, igualmente, un impacto muy significativo sobre la renta y el bienestar de dichas generaciones".
En su compilatorio de recetas, el BdE también insiste en un clásico en sus recomendaciones, como es "la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas −asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables−", así como de "iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas". También considera "deseable" que se dote al sistema de "una mayor transparencia y previsibilidad, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación". En este sentido, el supervisor incide en que "podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas", tal y como hacía el anterior Factor de Sostenibilidad, que reducía el importe de la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida.
Para el BdE tanto el Factor de Sostenibilidad como el índice de revalorización de las pensiones, que forzaba las polémicas subidas del 0,25% cuando el sistema se encontraba en su habitual déficit, "permitían aliviar de forma significativa la situación financiera del sistema de pensiones", si bien reconoce que "a costa de una notable reducción de la cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio". Ambos elementos han sido derogados, al tiempo que se han adoptado medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, si bien el supervisor considera que los efectos de estas últimas se diluyen parcialmente porque se ha establecido un periodo transitorio para su despliegue completo y pide una evaluación ex post para valorar su eficacia, por lo que tampoco se muestra del todo convencido respecto a esta parte de la reforma de las pensiones.
Deuda del 140% del PIB
Respecto a los planes de pensiones de empleo, que deben desarrollarse en la segunda parte de la reforma - sobre la cual el supervisor, por el momento, no se pronuncia- , el Banco de España considera que "de cara al futuro, será fundamental evaluar en qué medida la nueva regulación de los planes de empleo puede impulsar un mayor desarrollo de estos que compense las menores aportaciones efectuadas en los planes individuales". Y en conjunto, respecto a las medidas desplegadas, avisa de que, "de acuerdo con las estimaciones disponibles, que incorporan las medidas recientemente adoptadas, hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos". Resumen que evidencia que al BdE no le gusta la reforma de las pensiones y que el supervisor tiene claros los deberes pendientes del ministro Escrivá.
De no tomarse medidas, el Banco de España advierte en su informe anual de que, "en los próximos años, el endeudamiento público permanecerá en niveles muy cercanos a los actuales, o incluso superiores, salvo que se implemente un plan de ajuste fiscal ambicioso". De acuerdo con los ejercicios de simulación elaborados por el supervisor, si en los ejercicios venideros no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país (ese es el escenario principal que maneja), "las presiones que supondrá el proceso de envejecimiento poblacional para el gasto público -si se mantienen los parámetros actuales del sistema de pensiones vigente- implicarían un aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB" hasta alcanzar, en 2040, el 140% del PIB, tal y como también ha proyectado la Autoridad Fiscal.
