A la espera de la formación de Las Cortes

La baza de Díaz para cerrar un pacto con el PSOE: vivienda y jornada laboral de 37,5 h

Los equipos de Sumar y del PSOE llevan las negociaciones en riguroso secreto, para no tensionar la conversación con los eventuales socios del ala soberanista del Congreso, pero buscan puntos de encuentro en el plano social.

Yolanda Díaz
La baza de Díaz para cerrar un pacto con el PSOE: vivienda y jornada laboral de 37,5 h.
EUROPA PRESS

Las conversaciones para fraguar un pacto de investidura que permita a Pedro Sánchez seguir al frente del Gobierno transcurren en riguroso secreto desde el 23-J y a la espera de si la oferta de VOX de no integrarse en un hipotético Ejecutivo abre la puerta que Alberto Núñez Feijóo pueda finalmente convertirse en el nuevo residente de La Moncloa. Desde los equipos negociadores de Sumar y del PSOE apelan a la discreción y rechazan entrar en detalles sobre el contenido de los intercambios verbales mantenidos en los últimos días. Los socialistas han puesto sobre la mesa la reforma de la financiación autonómica como 'caramelo' para atraer a Junts -el socio más distanciado programáticamente- al acuerdo, mientras que Yolanda Díaz ha apuntado que para su partido la clave es el programa que se pacte y no el reparto de sillones en el Consejo de Ministros. 

Todavía está por resolver la gran incógnita: si los partidos que aspiran a reeditar la coalición de gobierno -PSOE y Sumar- elegirán fijar las bases del programa del futuro ejecutivo primero, para después acordar con Junts, PNV, ERC, EH Bildu, BNG y tal vez, Coalición Canaria, otros puntos. O si actuarán justo al contrario. Sin embargo, lo que sí se desprende de las declaraciones realizadas por los integrantes de ambas formaciones es que el plano social será la base para consensuar la senda de actuación del nuevo Gobierno, dado que para el socio minoritario actuar sobre la pérdida de poder adquisitivo de las familias resulta prioritario. Y confían en poder hacerlo en tres frentes la subida del precio de la cesta de la compra, de la vivienda y la mejora generalizada de las condiciones laborales, con especial énfasis en la jornada laboral.

La coalición, que integra a 15 partidos de izquierdas, ha enmendado el discurso triunfalista del ala socialista del Gobierno que celebra que la economía "va con una moto" y pone el acento en el impacto que ha tenido la inflación registrada en el último año en el bolsillo de los españoles. En Sumar han elevado la crítica hasta las instituciones europeas al posicionarse en contra de la política de subida de tipos del BCE que entienden "errática", ya que perjudica especialmente a las familias españolas que están más hipotecadas que las de otros países comunitarios, como por ejemplo Alemania. La pasada semana, Díaz también destacaba el impacto que tiene para las empresas al haber encarecido su crédito y poder mermar la inversión. 

Sumar incluía en su programa un bono de emergencia para contribuir a paliar la subida de las hipotecas que sufren los hogares como consecuencia de la reiterada subida de tipos. Este consiste en un único pago de 1.000 euros del que podrían beneficiarse las familias que hayan adquirido una vivienda de hasta 300.000 euros y hayan suscrito la hipoteca en los últimos diez años. Esta iniciativa fue duramente criticada por la titular de Economía en funciones, Nadia Calviño, por considerar que suponía una transferencia directa de dinero público a las entidades bancarias. Sin embargo, se trata de uno de los pilares del programa económico de Sumar, al que esperan dotar de la máxima importancia en estas negociaciones. 

Según ha trascendido en los medios, esta vez las encargadas de llegar a un punto en común no serían las dos vicepresidentas sino, María Jesús Montero -ministra de Hacienda en funciones- y Nacho Álvarez -hasta ahora secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar- por lo que esta vía podría no estar vetada para el eventual acuerdo de investidura. La formación impulsada por Yolanda Díaz también otorgaba un importante peso a la construcción de vivienda pública como motor de la productividad de la economía, un enfoque podría estar más alineado con las tesis defendidas desde el gabinete de Nadia Calviño.  

Aún está por esclarecer si Díaz seguirá al frente de la cartera de Trabajo, si bien, está claro que este es uno de los puntos de peso de su programa, al que también dedicó su carrera profesional antes de dar el paso a la política. En este plano, la gran promesa de la plataforma 'magenta' es reducir la jornada laboral -fijada en 40 horas desde hace un siglo- hasta las 37,5 horas por ley para el próximo 2024, para después iniciar una negociación con los agentes sociales que culminase en el recorte progresivo hasta alcanzar las 32 horas semanales o la jornada de cuatro días. El número dos de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconocía la semana pasada en una entrevista concedida a 'El País' que esta cuestión tendría un "protagonismo muy importante en las negociaciones de un futuro Gobierno de coalición". 

El PSOE no se ha pronunciado de forma directa sobre esta propuesta, aunque Sánchez y José Luis Escrivá -ministro en funciones de Seguridad Social- sopesaron que esta cuestión debía ser abordada por trabajadores y empresarios en las mesas de negociación colectiva, en lugar de ser atajadas por la vía normativa, "por respeto a la reforma laboral". Si bien, el programa del PSOE recogía de manera expresa la intención de introducir incentivos a la jornada de cuatro días, una vía señalada por Escrivá como más propia al haber sido aplicada por los alemanes. No obstante, en ese apartado de su programa también abrían la posibilidad a aplicar reformas legales, por lo que ambos socios podrían encontrar un punto de consenso en este aspecto.

Estos marcos podrían dar pie a tejer alianzas entre las dos formaciones que no tienen otra alternativa que entenderse si quieren evitar una repetición electoral, pero pueden no ser suficientes en el caso de que los socios no encuentren un consenso en el ámbito de la financiación autonómica. Esta es una cuestión delicada, ya que el sistema actual está caduco desde hace nueve años y las autonomías solo coinciden en la necesidad de reformarlo debido a una acuciante infrafinanciación de la mayoría de territorios. Pero además, es una materia que puede levantar ampollas dentro de Sumar, debido a que alguno de los partidos que se agrupan bajo su paraguas como Compromís -valencianos- o Mès -baleares- han elevado sus propias demandas, que pasan por la condonación de la deuda o la autogestión de los impuestos.

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