Bruselas ha puesto en el foco una de las medidas estrella con las que el Gobierno pretende aderezar su reforma del mercado de trabajo: los nuevos 'ERTE permanentes' o como ha decidido denominarlos ahora 'Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo'. El contrato operativo firmado por el Gobierno de España con la Comisión Europea para regular por escrito la entrega de los fondos europeos a partir del cumplimiento de una serie de objetivos o hitos de gestión fija que el Ejecutivo deberá garantizar que los nuevos 'ERTE permanentes' no implicarán más gastos de los que la Administración es capaz de financiar y que, por tanto, no incrementarán el déficit a medio y largo plazo de las ya tensionadas arcas públicas españolas.
Tal y como se ha vendido desde el Gobierno de España, la iniciativa pretende instaurar un mecanismo de soporte de naturaleza permanente para impedir que los problemas estructurales de determinados sectores o los 'shocks' puntuales a los que se puedan ver expuestos se traduzcan en la salida del mercado de trabajo de cientos de miles de trabajadores, como ha venido sucediendo en España a lo largo de las últimas décadas. Estos nuevos ERTE tendrán un doble objetivo. Por una parte, ofrecerán una red de seguridad en forma de prestación a los trabajadores a los que se suspenda de forma transitoria su relación laboral; y, por otra, les garantizará la formación necesaria para o bien reintegrarse en otros ámbito dentro de su misma empresa o bien recualificarse para trabajar en otro sector en el que existe una mayor demanda de puestos de trabajo.
Bruselas no pone ningún 'pero' a los nuevos ERTE como mecanismo de flexibilidad interna del mercado laboral, pero manifiesta más dudas sobre la sostenibilidad financiera del dispostivo, probablemente a la luz de la tendencia endémica en España a crear nuevos fondos y elementos que acaban traduciéndose en más déficit. El contrato rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, especifica que el Gobierno de España deberá remitir a Bruselas antes de plantear la aprobación del mecanismo un informe que acredite que éste dispondrá de los ingresos suficientes para sufragar los gastos previstos.
El compromiso rubricado en el contrato operativo señala, en concreto, que "la reforma deberá ir acompañada de un informe 'ex-ante' del acuerdo tripartito de financiación incluido en la reforma que acredite su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo". El documento acordado con Bruselas también especifica que ese documento deberán incluir diferentes opciones y escenarios para estar garantizar ese requisito previo ante cualquier posible contingencia a futuro.
Precisamente el Gobierno negocia estos días en la mesa de diálogo social el mecanismo de financiación de los nuevos ERTE permanentes. El último borrador presentado en esa mesa, adelantado por La Información, prevé el establecimiento de una especie de tasa a las empresas que soliciten un ERTE para sostener su financiación, una transferencia directa desde los Presupuestos y un eventual tercer cauce de ingresos en el caso de que la Comisión Europea avanzara en la configuración de un esquema europeo de protección al desempleo.
Supuestamente la negociación está abierta, pero el contrato operativo publicado este miércoles especifica que el Gobierno de España ya habría enviado a Bruselas ese informe previo en el que detalla los mecanismos de financiación que acreditarán que los nuevos ERTE no traerán más déficit.
Bajo negociación en la mesa de diálogo social
En el último borrador de la reforma laboral, al que ha tenido acceso La Información, el Gobierno plantea la aprobación de la 'Ley del Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo', que adquirirá la forma de un fondo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Trabajo, "con la finalidad de atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y estructural del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación".
Su gestión, según aparece en el documento, dependerá del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como la formulación, puesta a disposición, aprobación y rendición de cuentas. Las dotaciones del fondo las decidirá el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los titulares de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Trabajo y Economía Social, de Hacienda y Función Pública y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta "las posibilidades económicas y la situación financiera de la Seguridad Social" y estableciendo como condición que en el cierre del ejercicio anterior al que se pretenda realizar la dotación, el Servicio Público de Empleo Estatal no sea deudor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Este fondo, según está planteado, invertirá sus recursos en valores emitidos por personas jurídicas públicas y se dispondrá de sus activos exclusivamente para financiar las prestaciones y bonificaciones del mecanismo. Dispondrá, asimismo, de un comité de gestión y de una comisión de asesoramiento y seguimiento compuestos por responsables de varios departamentos ministeriales. Como se ha venido avanzando y especifica la propuesta gubernamental, el fondo se nutrirá de recursos del excedente de cotizaciones de desempleo, de aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de instrumentos de financiación de la Unión Europea.
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