El Gobierno ha accedido finalmente a abrir la mano y no limitará el respaldo público a la reestructuración de deudas empresariales a las compañías que en su día recurrieron a las líneas de avales del ICO para apuntalar su liquidez, según ha podido confirmar La Información con fuentes del Gobierno. El criterio del Ejecutivo de restringir el radio de acción de este fondo de ayudas a las más de 600.000 empresas que se han acogido a los préstamos bancarios con garantía estatal canalizados a través de la banca pública, como una fórmula para garantizar que las medidas de apoyo a la solvencia llegaran a empresas realmente necesitadas, fue contestado desde el principio por las empresas, que consideraban el criterio no sólo demasiado restrictivo, sino también injusto porque dejaba fuera a sociedades que también atravesaron problemas de liquidez pero que optaron por otras vías alternativas de financiación para superar ese problema.
La aproximación del Gobierno al asunto, por el contrario, se sustentaba en la evidencia de que todas las empresas acogidas a los ICO habían acreditado una situación objetiva de necesidad de liquidez, lo que veían como una buena base para hacer un triaje que evitara picarescas o maniobras para aprovechar el nuevo programa de ayudas del Gobierno para garantizarse un ajuste barato de la deuda sin existir una necesidad real.
La presión de las empresas ha convencido al final al Ejecutivo que preverá en el Real Decreto que se aprobará este viernes alguna clase de mecanismo para que empresas sin financiación ICO, pero con una situación de 'sobreendeudamiento' puedan sacudirse esa sobrecarga financiera que arrastran. Lo que no está tan claro es el cómo. Fuentes empresariales aseguran que el Gobierno se debate entre dos posibles alternativas. La primera, más alineada con lo que solicitan las empresas, es hacerlo a través del fondo para reestructuraciones dotado con 3.000 millones de euros, cuya gestión el Gobierno va a confiar a las entidades financieras con la supervisión del ICO y en el que se barajarán diferentes herramientas que van desde la transferencia de recursos para amortizar parte de los créditos con garantía pública solicitados o la ampliación de los plazos de amortización hasta las quitas de deuda, que será una solución de último recurso, como ya ha avanzado la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Las fuentes empresariales consultadas aseguran que esta solución no terminaba de convencer, sin embargo, a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, más inclinada a reservar ese fondo para reestructurar créditos ICO en exclusiva. Por esta razón, señalan como más probable la otra alternativa, que se apoyaría en el fondo de ayudas directas a fondo perdido dotado con 7.000 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas y que permitiría realizar inyecciones directas de recursos públicos a empresas sobreendeudadas, pero viables, para facilitarles la devolución de los créditos bancarios que no estén en condiciones de devolver en su situación actual.
Ese cauce es además muy bien visto tanto por las entidades financieras como por el Banco de España ya que es el menos dañino para los balances de los bancos, ya que tiene los mismos efectos contables que una amortización anticipada de deuda y es el único mecanismo de reestructuración que no obliga a los bancos a realizar una dotación de capital para cubrirse ante el incremento de riesgo del crédito.
11.000 millones de euros, 7.000 de ellos a fondo perdido
Tras muchos tiras y aflojas y 17 días después del anuncio del presidente Pedro Sánchez, el Gobierno aprobará al fin este viernes su plan de ayudas directas a las empresas. El paquete de ayudas se distribuirá en tres fondos: uno de 7.000 millones de euros para transferencias directas no reembolsables a pymes y autonómos, que será gestionado por las comunidades autónomas pero bajo la supervisión de la Agencia Tributaria; otro de 3.000 millones, que se dedicarán a un fondo de reestructuración de deudas empresariales, que gestionará la banca; y otro de 1.000 millones para la recapitalización de medianas empresas, como una especie de 'hermano menor del Fondo Sepi', que será gestionado por la sociedad pública Cofides, dependiente del Ministerio de Industria de Reyes Maroto.
El esquema se ha definido tras varias semanas de tensión interna en el Ejecutivo por la demora de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en definir el esquema, las prisas de parte del Gobierno por dar respuesta a lo que en las últimas semanas se ha convertido en un clamor empresarial y una guerra de cifras permanente en torno a la parte del fondo que se destinaría en ayudas a fondo perdido para las empresas. Una guerra que continuó incluso este jueves al mismo tiempo que el esquema ya se estaba presentando en la reunión de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios.
Desde Podemos se celebró ayer como una victoria sobre Nadia Calviño el hecho de que el fondo para ayudas directas disponga de 7.000 millones de euros y así se difundió a través de sus redes sociales. La formación proponía llegar a los 8.000 millones, pero considera la cifra final como un logro porque sospechaban que la intención de Economía y Hacienda era dejarla en 3.000 millones. Desde el área económica del Gobierno, sin embargo, se asegura que las cifras ya estaban cerradas desde una semana atrás y que lo único que se ha afinado estos últimos días ha sido el procedimiento técnico para poner en marcha la herramienta.
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