Un recorte de hasta dos puntos a la previsión inicial de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022. Es lo que están barajando los técnicos del Ministerio de Asuntos Económicos, según revelan a La Información fuentes conocedoras de los cálculos que empiezan a esbozarse a nivel interno cuando falta apenas un mes para que se cumpla el plazo máximo en el que el Gobierno debe remitir el nuevo Programa de Estabilidad a la Comisión Europea. Este recorte dejaría el avance del PIB previsto para este año en el entorno del 5%, frente al 7% proyectado en la última actualización del cuadro macroeconómico que se hizo en octubre de 2021. Con todo, la vicepresidenta Nadia Calviño está monitorizando el impacto del shock energético provocado por la guerra en Ucrania en tiempo real y de la evolución del conflicto bélico en las próximas semanas y sus efectos sobre los precios en el ámbito nacional dependerá la cifra final.
El contexto es de máxima incertidumbre y el escenario imprevisiblemente cambiante. Por eso los responsables de pilotar la política económica del Gobierno no se pronuncian oficialmente sobre la previsión de crecimiento esperada para 2022. Sin embargo, internamente, en el cuadro de mando del Ministerio que dirige Calviño llevan semanas observando los acontecimientos que se están sucediendo en suelo europeo y midiendo su eventual impacto sobre la economía española a corto y medio plazo. Y los primeros resultados de estas mediciones apuntan a que la crisis energética agravada a raíz de la invasión rusa de Ucrania va a frenar considerablemente el proceso de recuperación en el que estaba ya inmerso el PIB tras superar lo peor de la pandemia. De acuerdo con la información que manejan en el cuartel general de Calviño y que ha llegado a oídos de fuentes financieras, el Gobierno va a recortar su previsión de crecimiento para este año en 2 puntos.
Frente al 7% que figura actualmente en el cuadro macro, la nueva previsión estaría en estos momentos más cerca del 5% y no se descarta que pueda quedar incluso por debajo. La proyección final dependerá de cómo evolucionen las próximas semanas, pues el Gobierno va a apurar al máximo los plazos y no enviará el Programa de Estabilidad 2022-2025 hasta el último minuto. Si habitualmente el Ejecutivo suele esperar hasta el mismo 30 de abril para pulsar el botón rojo, en esta ocasión, con más motivos, pues la volatilidad del contexto macroeconómico por el shock externo ocasionado por la guerra obliga a considerar el máximo de indicadores disponibles para componer las proyecciones con la mayor exactitud posible. El panorama cambia prácticamente cada día y a la volatilidad de los indicadores tradicionales se suma la dificultad de interpretación de algunas variables distorsionadas por el efecto base que provoca la pandemia, así como la incorporación de nuevos indicadores de medición diaria que ha incluido Calviño: datos de afiliación, gasto con tarjeta, movilidad, ingresos fiscales...
El ejercicio se antoja harto complejo. Indicadores como el Índice de Precios de Consumo (IPC) están absolutamente descontrolados. Los analistas y el propio Gobierno daban por descontado que el IPC alcanzaría las dos cifras esta primavera, pero no esperaban que se acercara al 10% hasta el mes de mayo. La tasa anual del 9,8% registrada en marzo -según el avance del INE, que puede ser revisado al alza dentro de pocos días- ha hecho saltar por los aires todas las previsiones y la sombra del 10% se cierne preocupantemente sobre el mes de abril si el plan que acaba de aprobar el Ejecutivo para frenar la escalada de los precios no termina de surtir efecto. De momento, los expertos esperan que el descuento sobre los carburantes empiecen a notarse en la cesta de la compra y está por ver qué impacto podrá tener finalmente el tope que se introduzca al gas para rebajar la factura de la luz. Con la información disponible, Funcas estima que el plan de choque del Gobierno solo contendrá en un punto porcentual una inflación media que se iría al 6,8% en 2022 si la guerra en Ucrania finaliza en el segundo trimestre, con una pérdida de poder adquisitivo para las familias de 16.700 millones.
Entre tanto, la confianza de los consumidores se hunde y las cuentas públicas agonizan. Aunque la salida de la pandemia y el buen comportamiento del mercado laboral, además del incremento de la recaudación por la propia subida de la inflación, permitieron cerrar 2021 con un déficit del 6,8%, frente al 10% del año anterior y notablemente por debajo del 8,4% que preveía el Gobierno, el saldo negativo sigue siendo elevado para afrontar con la holgura suficiente los retos que plantea la guerra en Ucrania para la economía española. "Hoy por hoy, con toda la prudencia, el Gobierno estaría en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit, que este año se sitúa en el 5%", afirmó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según las estimaciones iniciales elaboradas por el economista Javier Santacruz para La Información, el primer paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para hacer frente al impacto económico del conflicto bélico sumará 15.200 millones de euros al déficit y elevará la ratio de deuda sobre PIB en 0,9 puntos porcentuales.
El primer paquete para paliar el impacto de la guerra sumará 15.200 millones de euros al déficit y 0,9 puntos a la deuda
Los técnicos de Hacienda y Asuntos Económicos todavía no han elaborado la previsión de déficit porque están a la espera de poder calcular el impacto en los ingresos que puedan tener las medidas adicionales que se van a adoptar en las próximas semanas para paliar los efectos de la crisis energética, entre ellas, el tope al gas que se está negociando con la Comisión Europea para rebajar la factura de la luz. También están pendientes de incorporar a las cuentas eventuales medidas que puedan suponer un incremento del gasto, como nuevas ayudas directas al tejido productivo y las familias. Y, por supuesto, se mantienen expectantes sobre el impacto sobre el crecimiento del PIB que vaya a suponer la guerra, en función de la propia evolución del conflicto bélico y de las decisiones que pueda tomar Vladimir Putin, como cerrar el grifo a los países que no paguen el gas en rublos. Las fuentes consultadas insisten en que la previsión no está cerrada, pero en estos momentos se maneja que el PIB crecerá un 5% en 2022.
Rebaja generalizada de previsiones
En el cuartel general del Ministerio de Asuntos Económicos también miran de reojo a los organismos nacionales e internacionales que están rehaciendo sus previsiones y adaptándolas al actual contexto. Los últimos en recortar la estimación de crecimiento para este año han sido los analistas de Funcas, que acaba de rebajar en 1,4 puntos su augurio hasta el 4,2%. La Comisión Europea, el FMI y la OCDE sostienen que la economía española crecerá más de un 5,5% en 2022, pero elaboraron sus proyecciones antes del estallido de la guerra en Ucrania. Mientras, el Banco de España, que en diciembre de 2021 estimó que el PIB crecería un 5,4% este año, hará públicas sus nuevas previsiones el martes de la próxima semana y fuentes al tanto del mood del supervisor adelantan que serán revisadas a la baja. La preocupación es máxima en el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, hasta tal punto que, en un movimiento inédito, está promoviendo un pacto de rentas entre empresarios y trabajadores donde los primeros acepten recortar márgenes a cambio de subidas salariales moderadas para los segundos, de manera que se repartan los costes de la crisis y se evite un empobrecimiento mayor.
Quedan cuatro semanas para que venza el plazo fijado por la Comisión Europea para alumbrar el nuevo cuadro macro y en este tiempo cualquier previsión puede darse la vuelta. De momento, economistas consultados al respecto de la rebaja de dos puntos en el crecimiento que está proyectando ahora mismo Calviño consideran que "se queda corta". Hay otro factor que podría influir sobre el desempeño económico, que son los fondos europeos, pero su impacto sobre el PIB es una incógnita. A la escasa ejecución del dinero disponible se suman las dudas sobre el nuevo tramo de 12.000 millones de euros que tiene que solicitar España antes de que finalice el primer semestre y que dependen de la reforma laboral y de la de las pensiones, ahora en cuestión por la revalorización de las prestaciones con un IPC disparado. Esa vinculación no gusta a Bruselas y está por ver cómo reacciona. La gran duda es si el Gobierno modificará los compromisos adquiridos o adoptará hitos y objetivos adicionales para acceder también a los 70.000 millones de préstamos que corresponden a nuestro país.
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