El Banco de España da un espaldarazo a la protección del empleo como elemento central de la estrategia de gestión política en esta crisis. El supervisor se alinea así con las tesis defendidas por el Gobierno en el marco de la negociación del pacto de rentas nacional, en un momento en que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha conseguido incorporar una nueva limitación al despido en el plan nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. La medida, que ha suscitado un agitado debate fuera y dentro del propio Ejecutivo, está inspirada en la legislación pandémica y el bagaje de sus resultados en el mercado laboral ha llevado al gobernador del BdE a incorporar recomendaciones en ese sentido entre sus recetas para capear la crisis energética agravada por el conflicto bélico.
Pablo Hernández de Cos expuso su vademécum anticrisis este martes en un desayuno informativo celebrado por el 20 Aniversario de la Institución Futuro. Durante su intervención, el gobernador abogó por un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios a nivel nacional. Lo cierto es que el máximo responsable del organismo supervisor lleva apostando por un acuerdo de este tipo desde el pasado mes de enero, antes incluso del estallido del conflicto bélico. Los precios ya estaban disparados y el objetivo principal era evitar una espiral inflacionista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cogió prestada la idea y el pasado 2 de marzo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, anunció que aprobaría un paquete de medidas para responder al impacto socioeconómico de la guerra y que el primer eje de ese plan nacional sería precisamente un "gran pacto de rentas".
Pero Sánchez no ha culminado sus planes. El decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros no incorpora ningún pacto de rentas porque, de hecho, ninguna de las medidas del texto ha sido negociada con los agentes sociales. La patronal y los sindicatos se han reunido con el Gobierno en un par de ocasiones para intentar consensuar el contenido de ese pacto de rentas, pero las conversaciones no han fructificado. Entre tanto, CEOE, CCOO y UGT mantienen contactos para tratar de acercar posturas sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco de recomendaciones para los negociadores de los convenios que fija la subida salarial. Pero esas negociaciones, que tampoco han llegado a buen puerto, son independientes del pacto de rentas que quiere Sánchez y en el que tanto la patronal como los sindicatos esperan que el Gobierno ponga medidas sobre la mesa.
Entre tanto, el Banco de España lanza su propia propuesta. La pérdida de rentas de la economía que supone el aumento de costes energéticos, agravado a raíz de la invasión de Ucrania, debe ser repartida entre los trabajadores, mediante una inevitable caída de su poder adquisitivo, y las empresas, a través de la disminución de sus márgenes. Ese es el planeamiento inicial del organismo para alcanzar un pacto de rentas "que evite una espiral inflacionista". Así lo detalló De Cos en una intervención que bien podía haber pronunciado la vicepresidenta Díaz, pues el reparto de los costes entre empresarios y trabajadores es la principal máxima que viene defendiendo para afrontar la gestión de esta crisis. Es, además, una visión compartida por el presidente Sánchez y asumida por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Además de demandar a los empresarios un compromiso de moderación de los márgenes empresariales, "para asegurar la competitividad de las empresas españolas y que el crecimiento económico se resienta lo menos posible", De Cos apuesta por compromisos plurianuales en los aumentos salariales, ligados a la inflación subyacente (que está muy por debajo de la general), eso sí, complementados con "compromisos en la protección del empleo que aporten certidumbre a los agentes en sus decisiones de consumo e inversión". Y ahí está la clave. Tras constatar los buenos resultados para el mercado laboral del compromiso de mantenimiento del empleo adoptado por las empresas que acudieron a los ERTE pandémicos, el gobernador del BdE ha pasado de apostar por mecanismos de flexibilidad que permitan el ajuste de plantillas a empresas en dificultades a poner el foco en la protección del empleo para afrontar esta crisis energética.
No es un pronunciamiento menor. El Banco de España se alinea así con las tesis de Yolanda Díaz, al defender que las empresas, además de reducir sus márgenes, deben adoptar este tipo de compromisos de mantenimiento del empleo y evitar los despidos, especialmente cuando adopten subidas salariales moderadas. De Cos también expresó la necesidad de que la política económica y laboral evite la adopción de medidas generales o excesivamente rígidas, dada la heterogeneidad de sectores, empresas y trabajadores, "permitiendo que el ajuste no recaiga en los colectivos más vulnerables". Y recomendó no recurrir a fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o a cláusulas de salvaguarda, con el objetivo prioritario de evitar un agravamiento de los temidos efectos de segunda ronda.
Esas son, según el supervisor, las bases sobre las que debe asentarse el pacto de rentas. El hecho de que el gobernador se haya pronunciado a favor de incorporar compromisos de mantenimiento del empleo y de evitar que el ajuste recaiga sobre los colectivos más vulnerables para repartir de manera equitativa los efectos de esta crisis sobre empresas y trabajadores supone un espaldarazo a la vicepresidenta Díaz, que solo ha conseguido incorporar la prohibición del despido justificado por el incremento de los precios energéticos en las empresas que reciban ayudas públicas tras un nuevo choque con Calviño. La vicepresidenta económica se negó en un principio a incluir cualquier medida en este sentido en el plan nacional de respuesta a la guerra y finalmente aceptó limitar los despidos en las empresas que perciban dinero del Estado, frente al veto generalizado que promovía Díaz.
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