Las miradas se dirigen hacia Nadia Calviño. La reunión de este lunes entre el Ministerio de Transportes y el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el anuncio de la titular del departamento, Raquel Sánchez, no calmó las aguas en el sector. Tras la propuesta de inyectar 500 millones de euros para bonificar el gasóleo profesional, varias patronales se sumaron a la protesta que lleva en marcha más de una semana y que está afectando a varias industrias como la alimentación. Los transportistas demandan más concreción al Gobierno y exigen conocer la repercusión que tendrá para ellos la medida que puso sobre la mesa la ministra. Sin embargo, fuentes cercanas a la reunión explican que el problema de fondo radica en el Ministerio de Asuntos Económicos, que ha frenado cualquier medida concreta a la espera de cómo se desarrolle la reunión del Consejo Europeo prevista para este jueves y viernes en Bruselas.
La vicepresidenta primera sigue posponiendo el plan mientras el paro del transporte causa pérdidas millonarias a empresas de todo tipo y deja baldas vacías en muchos supermercados del país. El presidente de la Xunta de Galicia y futuro líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado incluso recurrir al Ejército para garantizar los suministros, pero la respuesta del Gobierno, liderada por Calviño, sigue siendo la de esperar al día 29 de marzo. El ambiente social se complica para el Ejecutivo, no solo por el transporte: los sindicatos han convocado movilizaciones este miércoles, la agricultura y la ganadería concentraron a millares de manifestantes este pasado fin de semana. La inflación se ha convertido en un lastre para la recuperación económica tras la pandemia que se ha agravado con el conflicto en Ucrania y, de momento, el Gobierno sigue sin desvelar su plan, pese a la presión económica y política.
Hasta ahora las propuestas en las que trabajan los distintos ministerios no trascienden, incluso se solapan y contradicen. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habló abiertamente de un impuesto para las eléctricas, la medida era descartada horas después por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En lo que respecta al transporte, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que se revisaría la fiscalidad de los carburantes, la rebaja de impuestos es una vía que actualmente ha dejado de tener recorrido para Moncloa.
El freno de Calviño está provocando división en el Gobierno, mientras los paros y los problemas de abastecimiento van a más. División no sólo con UP. Desde algún ministerio del PSOE deslizaban este martes que echan de menos algo más de concreción en las medidas que van a aprobarse el próximo martes. Asumen, no obstante, que la vicepresidenta económica tiene sus ritmo y que la esperanza está puesta en Bruselas. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos subrayan, por su parte, que el Gobierno sigue trabajando en el plan de choque económico y califican las reuniones mantenidas con la oposición, los agentes sociales y las comunidades autónomas como un "proceso de escucha". La urgencia no se manifiesta en el discurso oficial y en los últimos días no ha habido avances, según las fuentes consultadas.
Tal como publicó este periódico, igual que desde Asuntos Económicos se enfriaron las prisas de Díaz, también se ha dejado en el aire la propuesta de Transportes para los camioneros. Lo confirmaba entre líneas la propia ministra Raquel Sánchez, al pedir un "voto de confianza" al sector. "Vamos a concretar lo antes posible esas medidas, pero les pido a los autónomos y a esos transportistas que han decidido no retomar su actividad que lo hagan", indicó. "Van tarde", advierten desde la patronal CEOE, involucrada con los sectores afectados. Calviño lo fía todo a Bruselas, a encontrar una respuesta comunitaria a un problema que está cobrando mayor magnitud de la que el Gobierno podría prever cuando afirmaba que los paros estaban impulsados por la ultraderecha.
El Gobierno ha rechazado públicamente la opción de bajar los impuestos, pese a ser una de las demandas más repetidas en las reuniones que ha mantenido y después de que Pedro Sánchez saliera de la conferencia de presidentes de La Palma prometiendo una rebaja generalizada de los tributos. El Partido Popular, Ciudadanos y varios gobiernos regionales exigen celeridad y piden un recorte fiscal. En el lado contrario, los sindicatos rechazan un recorte generalizado y consideran que esta medida sería una forma de "ocultar la raíz del problema" y supondría "rebajar la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza". Es el planteamiento que defiende también Yolanda Díaz. Fuentes del Ejecutivo justifican que si los costes del gas y la electricidad siguen subiendo, la bajada de impuestos tendría un efecto limitado sobre los precios finales que pagan los consumidores y las empresas.
El Gobierno justifica que si el gas y la electricidad siguen subiendo, la bajada de impuestos tendrá un efecto limitado
Por ello, Sánchez defenderá ante el resto de líderes de la UE en el marco del Consejo Europeo el desacople del precio del gas al de la electricidad en el mercado mayorista. En los últimos días, el presidente del Gobierno ha visitado varias capitales europeas para conseguir el apoyo de otras economías. Sin embargo, la piedra en el zapato del plan que propone España sigue siendo Alemania, que ve con recelo esta opción. En la agenda del Consejo no figura la propuesta española, pero los estados miembros sí "discutirán acerca de los elevados precios de la energía y su impacto sobre los ciudadanos y los negocios". La Comisión Europea propondrá opciones "para asegurar que los precios de la energía son accesibles y que su suministro está asegurado".
Pacto de rentas
Según ha anunciado el Gobierno, una de las patas del plan nacional de respuesta al impacto socioeconómico de la guerra va a ser un gran pacto de rentas. Una aspiración para la que el Ejecutivo quiere contar con el respaldo de los agentes sociales, pero que en estos momentos también está atascada. Las tres vicepresidentas han mantenido ya dos reuniones (la primera la presidió Pedro Sánchez) con los primeros espadas de la patronal y los sindicatos y, de momento, no hay avances. En el encuentro de este lunes, celebrado en el Ministerio de Economía, la vicepresidenta primera se limitó a trasladar a los presidentes de CEOE y Cepyme y a los secretarios generales de CCOO y UGT las líneas maestras del plan nacional, pero no entró a especificar medidas concretas. Los agentes sociales echan en falta una mayor concreción por parte del Gobierno, cuando apenas queda una semana para que el plan de choque vea la luz en Consejo de Ministros.
"El Gobierno lo fía todo al Consejo Europeo y no va a sacar sus cartas antes de esa cita clave en la que se despejará la incógnita del plan de acción contra el modelo energético en su conjunto", revela una fuente del diálogo social. Frente a la postura de Yolanda Díaz y Unidas Podemos, que han defendido la necesidad de actuar cuanto antes para paliar el impacto de la crisis y evitar consecuencias mayores, Calviño, el PSOE y el propio Sánchez apuestan por esperar a Bruselas. Solo después de pondrá en marcha el plan nacional.
Para entonces, el Gobierno no tendrá sobre la mesa un nuevo acuerdo salarial entre patronal y sindicatos. La mesa de negociación está bloqueada en las cláusulas de revisión con el índice de precios al consumo (IPC), tras la oferta patronal de subir los sueldos hasta un 9% en tres años. Esta semana no se va a producir ninguna reunión, de modo que difícilmente habrá un acuerdo antes del día 29. Patronal y sindicatos tienen prisa por cerrarlo, pero prefieren esperar a conocer las medidas que aprueba el Gobierno para terminar de definir la hoja de ruta para la negociación colectiva hasta 2024. Antes, eso sí, exigen conocer el contenido del plan. "El Gobierno ya lo ha diseñado, solo está esperando al visto bueno de Europa", intuyen fuentes del diálogo social que insisten en la demanda de conocer el contenido cuanto antes para poder concretar sus aportaciones al Ejecutivo.
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