Las cuentas de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social para este año harán 'crack' más pronto que tarde y la sangría que provocarán no se contará por millones, ni por decenas de millones, ni siquiera por cientos de millones, será de miles de millones de euros y obligará al Estado, un año más, a ejecutar un rescate en toda regla que hará tambalearse las cuentas públicas. Un informe interno sobre los Presupuestos de 2021 elaborado por el Departamento de Economía de CEOE concluye que las cuentas de los departamentos encargados de sostener el 'escudo social' dispuesto por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia adolecen de "falta de realismo", ignoran el deterioro de la situación de la economía y del mercado laboral e infraestiman los gastos en los que tendrá que incurrir el Gobierno para dar cobertura a contingencias como la pérdida de empleo por parte de los trabajadores, la factura de las regulaciones de empleo o las bajas como consecuencia de los contagios y cuarentenas derivados de la Covid.
La organización empresarial vaticina la aparición de fuertes desajustes en las cuentas de ambos ministerios a poco que avance el año, que aflorarán un 'déficit durmiente' de proporciones millonarias. CEOE hace referencia, por ejemplo, a la dotación de 24.660,8 millones de euros prevista para hacer frente al pago de las prestaciones por desempleo, inferior en un 36% a los más de 35.000 millones que el propio Ejecutivo asegura haber invertido en el asunto a lo largo de 2020 y que la organización empresarial augura que será claramente insuficiente. "Un escenario de desempleo del 16,3% es poco probable partiendo del 16,26% actual, y difiere de las previsiones del Banco de España o de la Comisión Europea, que lo sitúan entre el 19,4% y el 22%". Los empresarios son particularmente críticos con el hecho de que Trabajo no haya tenido en cuenta la extensión de la protección por desempleo de los trabajadores por ERTE más allá del mes de enero, cuando todos los indicios apuntaban a que ésta se extendería al menos hasta el mes de mayo, como Trabajo negocia estos días con sindicatos y patronal.
El efecto de esta forma de presupuestar, advierte el informe del departamento que dirige el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, no será inocuo para las cuentas públicas, ya que obligará a revisar al alza la factura de las prestaciones por desempleo y a la baja la de los ingresos por cotizaciones con consecuencias relevantes para el presupuesto. El informe advierte de que esto no sólo ocurrirá con la cuenta de las prestaciones por desempleo sino también con el balance de ingresos y gastos del Fondo de Garantía Salarial, en el que aprecia desequilibrios similares.
La factura de la pandemia, fuera del Presupuesto
La misma falta de realismo que la organización empresarial observa en las previsiones del Ministerio de Trabajo aparece en las del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El 'pecado' vuelve a ser el mismo: la minimización de la factura presupuestaria de la Covid-19 bajo la singular presunción de que el 'escudo social' dispuesto por el Ejecutivo no iría más allá del mes de enero. Esa 'presunción' fuerza por ejemplo que Seguridad Social solo haya previsto en la cuenta de ingresos 1.779 millones por la exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social previstas en los ERTE, cuyo coste asume el Estado, cuando, aseguran desde CEOE, "las estimaciones del propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social superan los 9.000 millones de euros". Es decir, que hay más de 7.200 millones de euros que Seguridad Social sabe que va a necesitar, pero que los oscuros designios de la política presupuestaria han optado por localizar por alguna razón en las cuentas del Estado y no en las de la Seguridad Social.
De nuevo, algo similar sucede con la partida prevista para sufragar el coste de las bajas asociadas a contagios por Covid o a cuarentenas de contactos, para la que el presupuesto de la Seguridad Social sólo prevé 51 millones de euros en 2021 cuando, advierte el informe de la organización empresarial, en 2020 ese coste se disparó hasta los 1.580 millones de euros. Desde la Seguridad Social normalizan este juego de infradotaciones de partidas y supuestos poco razonables. "El que se hayan presupuestado 50 millones no implica que, si es más, no se pueda financiar. Al igual que ha ocurrido con los ERTE, son cifras cuya evolución está ligada a la pandemia, pero cuya cobertura está garantizada como ya sucedió en 2020", subrayan.
Esta fórmula de construir los Presupuestos del Estado hace asimismo que la Seguridad Social solo haya 'pintado' 521 millones de euros para hacer frente a la prestación especial por cese de actividad de los autónomos afectados por la pandemia, una prestación llamada a prolongarse como poco durante cinco meses hasta el fin del estado de alarma en el mes de mayo y que el año pasado supuso en nueve meses una factura de 5.970 millones de euros.
Los porqués de esta forma de presupuestar son harina de otro costal, pero la realidad es que esconden un déficit potencial de grandes dimensiones. No para las cuentas de la Seguridad Social, cuyos potenciales desequilibrios debidos al efecto de la pandemia el Gobierno ya ha anunciado que se cubrirán con fondos del Estado, pero sí para el Estado que transferirá recursos extra a la Seguridad Social en el momento en que se pongan de manifiesto sin tener ingresos extra con los que compensarlos. Resultado: más déficit.
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