Fumata negra. El Comité Ejecutivo de la CEOE ha decidido por unanimidad rechazar la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros que ha propuesto el Gobierno para 2022, según avanzan fuentes de la patronal a La Información. Los empresarios, que ya se negaron a apoyar el incremento del SMI a finales de 2021, vuelven a plantar a la vicepresidenta Yolanda Díaz y fuerzan otro acuerdo cojo en el diálogo social, ya que saldrá adelante solo con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT.
El Ministerio de Trabajo se reunió este lunes con los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la subida del SMI para 2022 y les dio unas horas, hasta este miércoles, para analizar su oferta en sus órganos de dirección. CCOO ratificó la propuesta en la tarde de ayer y UGT ya firmó en su última Ejecutiva un SMI de 1.000 euros si la oferta del Gobierno iba en esa dirección. La propia Yolanda Díaz acudió a la reunión de este lunes para presionar por el acuerdo e incluso elevó la propuesta inicial desde 996 hasta 1.000 euros para intentar atraer a los empresarios bajo una advertencia: si no se sumaban al acuerdo con los sindicatos, la subida sería mayor.
Finalmente, la CEOE no ha sucumbido a la presión y se ha desmarcado del pacto, porque a ojos de los empresarios resulta igual de perjudicial una subida de 31 euros mensuales que una de 35 euros. Fuentes de la organización empresarial justifican su posicionamiento en contra de una subida que consideran "indiscriminada", sin conexión con la productividad y la recuperación. "La responsabilidad es del Gobierno, que atiende a un compromiso político asumido en 2019", advierten, para insistir en que el incremento planteado supone un "riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados". Eso sí, muestran su disposición de llegar a un acuerdo (AENC) con los sindicatos con alcance y que permita adaptar los salarios a la realidad de cada sector y territorio.
De este modo, la patronal fuerza otro acuerdo bipartito en el seno del diálogo social y un nuevo incremento del salario mínimo sin respaldo empresarial. Aunque esta decisión es exclusiva del Gobierno, Díaz es partidaria de aprobarla con consenso social, algo que no consiguió a finales de 2021 y que no ha logrado tampoco ahora. El plante de los empresarios, como avanzaba La Información, supone una zancadilla importante en el relanzamiento de la agenda política de Díaz en el ecuador de la legislatura, tras la aprobación de la reforma laboral.
Este lunes, tras el primer encuentro, fuentes del diálogo social ya auguraban que la subida del SMI saldría adelante con un pacto bipartito entre Trabajo y los sindicatos en el que no participará la patronal y la propia vicepresidenta daba por descontada esta opción, aunque insistía en que es una decisión exclusiva del poder ejecutivo. Siendo esto cierto, también ponía en valor el diálogo social, que no ha fructificado en esta ocasión. El nuevo plante de la patronal supone un varapalo para la vicepresidenta en el relanzamiento de su agenda política, tras el fiasco de la negociación con sus socios prioritarios para la reforma laboral, un fracaso que, según ella misma ha admitido, puso en riesgo una norma que al final salió por la mínima y que de haber decaído hubiera llevado a su dimisión.
Para Díaz resultaba prioritario sacar adelante la subida del salario mínimo con el respaldo conjunto de los sindicatos y la patronal. A finales del año pasado, evitó forzar las negociaciones para arrancar el 'sí' a los empresarios porque estaban en marcha otras conversaciones más relevantes, precisamente, sobre la reforma laboral. Pero ahora Díaz necesitaba dar empaque a la que va a ser su primera gran medida de esta nueva etapa, pasado el ecuador de la legislatura, y no lo ha logrado. Con todo, la negociación exprés finalizará este mismo miércoles, cuando la mesa volverá a reunirse para constatar las posiciones de los agentes sociales, y todo apunta a que el Consejo de Ministros aprobará el decreto la próxima semana.
No se esperaba un giro en el guion empresarial. El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advertía hace tan solo unos días de que llevar el SMI hasta 1.000 euros en 2022 podría provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis, sobre todo las más pequeñas. "Lo de los 1.000 euros lo veo complicado (...) Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados", comentaba el líder de la patronal, alejando cualquier posibilidad de pacto.
El argumentario de CEOE y Cepyme
En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme han explicado su rechazo "en un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad". Las organizaciones empresariales recuerdan que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles de 2019, el excedente bruto de explotación todavía está muy lejos de normalizar su situación y continúa siendo un 6,6% inferior, lo que implica que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que aún vive el tejido empresarial.
"Una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo", advierten, para recordar después que las empresas han asumido una subida del SMI del 30% desde 2019 y un incremento de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales.
La patronal también se queja de que el Gobierno sigue sin indexar los contratos públicos a esta evolución, "un compromiso adquirido en 2019 que incomprensiblemente nunca ha sido atendido", denuncian. Además, recuerda que en 8 comunidades autónomas el SMI ya está por encima del 60% del salario medio de la región e insiste en que la propuesta gubernamental es "inasumible" para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo.
A juicio de la CEOE, la decisión de subir el SMI "responde más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica". Y en su opinión, "el deseo compartido de que la recuperación económica lleve aparejada un mayor nivel de rentas debe lograrse favoreciendo las palancas que están detrás del desarrollo económico y, concretamente, del crecimiento empresarial, como son la formación, la inversión o el desarrollo tecnológico". Así, muestran su disposición a analizar con los sindicatos la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años, en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), "que ofrezca tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país".
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