El pacto para la investidura de Pedro Sánchez que firmaron el jueves el PSOE y Junts Per Catalunya (JxCat) compromete al próximo Gobierno de coalición a negociar los cambios necesarios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que se reconozca la "singularidad" catalana y pueda llegar a plantear se la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en la región. Esta demanda, que el partido independentista ha llevado a su propio Parlamento junto con Esquerra en el documento de conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, pondría en tela de juicio el modelo de solidaridad financiera vigente entre autonomías, al plantear un cupo a semejanza del vasco.
El Concierto Económico da capacidad y autonomía a las Juntas Generales o parlamentos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para regular y legislar sobre los impuestos (IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones) y la autonomía está obligada a hacer una aportación o transferencia al Estado (cupo) por los servicios que éste haya prestado en su territorio. Al mismo tiempo, y en lo que respecta a las autonomías de régimen común, el modelo de financiación se basa en los principios de solidaridad y equidad. El sistema apuesta por una redistribución de los recursos con el objetivo de compensar las diferencias económicas y sociales que existen entre las distintas regiones.
En el acuerdo de legislatura, los socialistas se muestran partidarios de explorar medidas que permitan "la autonomía financiera" y el acceso al mercado de Cataluña, así como de establecer un "diálogo singular" sobre el impacto actual que el modelo de reparto vigente -aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que caducó en 2014- tiene en la comunidad. Fuentes del Ministerio de Hacienda inciden a este diario que el documento supone, de hecho, la confirmación de que el PSOE "rechaza el cupo a la catalana".
Otras fuentes consultadas temen que, dado que en la redacción misma del documento los socialistas se abren a buscar fórmulas que posibiliten esa "autonomía financiera" a través de una negociación bilateral, no están rechazando de pleno la posibilidad de sacar a Cataluña del sistema fiscal que prevé la Constitución para las quince autonomías de régimen común. Este fue aprobado por todos los españoles mediante el referéndum que ratificó la Carta Magna, que también dio luz verde al régimen especial de Euskadi y Navarra.
Es una inquietud que comparten, entre otros, los Inspectores de Hacienda del Estado, para los que el acuerdo de socialistas y JxCat deja entrever "la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias", entre ellas, la financiera. Así, su asociación profesional entiende que la propuesta supondría una ruptura del artículo 14 de la Constitución, el que establece la igualdad entre todos los españoles, creando “comunidades autónomas de primera y de segunda”.
Problemas para financiar los servicios públicos
El hecho de que Cataluña alcanzase un acuerdo similar al cupo conllevaría que la comunidad, que representa alrededor del 20% del PIB nacional, dejaría de aportar a las políticas de solidaridad del resto del territorio español. Esto podría suponer un problema para la financiación de los servicios públicos fundamentales en las autonomías menos ricas, como explica a 'La Información' Miguel Ángel García, investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC. Sería, en su opinión, lo más parecido a un modelo confederal asimétrico, que ampliaría las diferencias que ya existen entre comunidades autónomas.
Por otra parte, el propio documento establece que la estabilidad de la legislatura estará "sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones" y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ido más allá en su comparecencia posterior a la firma del pacto, al asegurar que sin el cumplimiento del mismo, la legislatura "no tiene recorrido". Tanto una como otra afirmación amagan con atar de pies y manos al próximo Ejecutivo cuando tenga que sacar adelante leyes clave, como los Presupuestos Generales del Estado.
El problema de la deuda y el ajuste fiscal pendiente
El momento en que esto sucede está marcado por la incertidumbre global, la desaceleración de nuestros principales socios comerciales, una inflación que se resiste y unos tipos que permanecerán altos por más tiempo del previsto. Si se produce cualquier evento que impacte en la deuda pública, el Ejecutivo va a tener muy difícil hacer un ajuste estructural teniendo que cumplir a la vez un pacto de este calado, advierte a estas páginas el economista José Carlos Díez.
El fundador de LUAfund recuerda que la Unión Europea recuperará la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue suspendido para hacer frente a la pandemia y a la crisis inflacionaria y energética, el próximo 1 de enero. Si se imponen la tesis de Alemania o Austria, que están presionado para ello, poco cambiará en relación a las reglas fiscales actuales, que obligan a los Estados a ceñirse a un objetivo de déficit del 3% y a situar la ratio de deuda sobre PIB como máximo en el 60%, apunta.
España, que despidió el año pasado con un desequilibrio del 4,8%, se ha comprometido a reducir ese saldo negativo en las cuentas públicas al 3,9% al cierre de este ejercicio y al 3% el próximo. Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han dejado claro que esto será imposible sin eliminar todas las medidas anticrisis y si el conjunto de administraciones moderan el gasto. Mientras tanto, la deuda escaló en el segundo trimestre hasta el máximo histórico 1,569 billones de euros en términos absolutos, aunque moderó su peso sobre el PIB al 111,2%, según los últimos datos publicado por el Banco de España.
