El acuerdo de legislatura que han firmado este jueves en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull, y que tiene como clave la ley de amnistía, incorpora varios compromisos de negociación de cara a los próximos cuatro años. Ambas formaciones se comprometen a debatir, a propuesta de JxCat, los cambios necesarios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que el nuevo texto reconozca la "singularidad" catalana y "facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Esto supondría, de facto, la creación de la Agencia Tributaria Catalana al margen de la estatal.
Los socialistas, mientras tanto, se comprometen a apostar por medidas que permitan "la autonomía financiera" y el acceso al mercado de Cataluña, así como por establecer un "diálogo singular" sobre el impacto actual que el modelo de reparto vigente, que caducó en 2014, tiene en la comunidad. Son algunas de las claves del ámbito más puramente económico del documento, que las dos partes han dado en llamar "de superación de los déficits y limitaciones del autogobierno".
En este perímetro se debatirán también los elementos esenciales de un plan para "facilitar y promover" el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Alrededor de una veintena de grandes empresas tomaron la decisión de salir de la región tras el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 y ninguna de ellas ha hecho el camino de vuelta en estos seis años. Entre ellas se encuentran firmas del Ibex 35 como Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Cellnex y Colonial, pero también compañías como Abertis, Agbar, Catalana Occidente, Cementos Molins, eDreams e Idilia Foods, entre otras.
El documento firmado por el PSOE y Junts, apenas una semana después de que los socialistas sellasen también un pacto con ERC, admite las "profundas discrepancias" sobre la forma final de la resolución del conflicto entre el Estado y la Generalitat, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos. Por este motivo, las dos formaciones han acordado dotarse de un mecanismo de mediación internacional que acompañe, verifique y realice un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que lleguen.
A cambio de comprometerse a negociar sobre estos aspectos económicos y de incorporar al texto del acuerdo la amnistía para casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la Justicia -que afectaría a todos los relacionados con el procés entre 2012 y 2017-, los socialistas consiguen el compromiso de Junts de apoyar con sus votos en el Congreso de los Diputados las leyes que impulse un Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez a lo largo de toda la Legislatura. Esto permitiría al Gobierno de PSOE y Sumar sacar adelante leyes clave, como la de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, pese al complejo mapa político surgido de las elecciones del 23 de julio.
El pacto fiscal, el principal objetivo económico de Puigdemont
En su declaración ante los medios, el líder de facto de Junts, Carles Puigdemont, ha recalcado la importancia del bloque económico sobre el que las dos partes tendrán que iniciar una negociación antes de que acabe el mes de noviembre. El principal beneficiado de la amnistía acordada este jueves ha destacado que confía en que la mesa produzca avances en dos ámbitos: la autodeterminación y el pacto fiscal. Puigdemont ha asegurado que el déficit fiscal de Cataluña acumula limitaciones desde hace varias décadas, pero además ha mencionado cuestiones como la gestión de la inmigración, las competiciones deportivas o la agenda internacional a abordar dentro del bloque económico.
Además, en contra de lo defendido por el negociador socialista Santos Cerdán y lo reflejado en el pacto en el que se habla de un acuerdo de legislatura, el expresident ha asegurado que el nuevo Gobierno tendrá que ganarse el apoyo de sus diputados para cada una de las iniciativas que trate de promover, como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con "eventos" que justifiquen este respaldo. El líder de Junts ha defendido que el texto supone el inicio de una etapa inédita en las negociaciones entre Cataluña y el Estado español, al tiempo que ha avanzado que la posición que defenderán será la expresada por el Parlament en los últimos años y no las iniciativas defendidas en sus respectivos programas electorales.
El pacto se suma a la quita de la deuda y al traspaso Rodalies
El documento aborda, además, la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, "particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio". Estos acuerdos se suman a los que los socialistas alcanzaron el pasado 2 de noviembre con ERC y que incluyen la condonación de una parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado. Es aquella que está ligada directamente al ciclo económico y que asciende a 15.000 millones de euros, alrededor del 20%.
La medida será aplicable también al resto de comunidades autónomas, que podrían beneficiarse de la quita de una parte de su deuda, aunque no se hayan acogido a los mecanismos extraordinarios de financiación creados a raíz de la pasada crisis financiera -como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)- cuando los territorios no podían obtener liquidez en los mercados o la conseguían a precios inasumibles. El pacto con Esquerra incorporaba también el traspaso integral de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat.
