Cumpliendo el guion previsto, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a los objetivos de estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas para el periodo que va de 2024 a 2026. Se trata de la segunda vez que la senda déficit y deuda acude a la Cámara Baja tras decaer en el Senado el pasado 7 de febrero por el rechazo del PP, que cuenta con mayoría absoluta. Junto a estas metas también ha salido adelante el Plan de Reequilibrio.
Ambos deberán acudir ahora al Senado donde todo hace prever que serán tumbados por segunda vez. El Gobierno ya ha advertido de que un escenario de este tipo no impedirá, sin embargo, que siga adelante con los trabajos para sacara adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año, que confía en poder tener aprobados en el primer semestre.
Esto es así porque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura contar con un informe de la Abogacía del Estado por el que el Ejecutivo podrá tomar como referencia la senda de estabilidad que envió a Bruselas el pasado mes de abril en el marco de su Programa de Estabilidad. Como ha vuelto a recordar Montero en su intervención -y ha reprochado al PP- esos objetivos son más estrictos tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos.
Con la senda de estabilidad que ha aprobado el Congreso las autonomías podrían cerrar con un agujero del 0,1% y no con el equilibrio (déficit cero) que se les exigía hace unos meses. Mientras, las entidades locales podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, como se estableció inicialmente.
Esto es así porque el Estado endurece tres décimas su propio objetivo hasta el 2,7%, de forma que el conjunto de las administraciones despidan el ejercicio con un desequilibrio máximo del 3%, cumpliendo así con las reglas fiscales, que vuelven a estar operativas desde enero a nivel europeo tras el parón decretado a raíz de la pandemia, primero, y de las crisis energética e inflacionaria y la guerra en Ucrania, después. Ha sido un periodo en el que los gobiernos europeos tuvieron que disparar el gasto -y con ello la deuda- para poder hacer frente a los efectos económicos de una coyuntura sin precedentes.
Una reducción de la ratio de deuda de más de un punto este año
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé situarla en el 106,3% del PIB a finales de este ejercicio, lo que supondría una rebaja de más de un punto en relación al 107,7% al que despidió 2023, cuando el tirón de la economía -mayor de lo previsto- permitió compensar en parte el aumento del pasivo español en términos de volumen. Además, el Ejecutivo prevé situar el conjunto de las administraciones en el 105,4% el próximo ejercicio y en el 104,4% ya de cara a 2026. Al mismo tiempo, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% el que viene y un 2,8% ya en 2026.
La senda de estabilidad supone, junto al límite de gasto no financiero o techo de gasto -que se informa, pero no se vota-, el paso previo para la aprobación de los Presupuestos de 2024. Montero ha recordado que este tope asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, lo que supone un incremento del 0,5% en relación a 2023.
Los populares condicionaron su voto favorable a los objetivos de estabilidad a tres exigencias, que pasan por una rebaja de impuestos (incluyendo una deflactación de la tarifa de IRPF y la reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), por un reparto más equilibrado de esos topes de déficit entre el Estado y las comunidades (asumiendo el primero un nivel de esfuerzo mayor que los entes territoriales) y por la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que no han llegado a cuantificar hasta la fecha.
