El gobierno andaluz no se plantea tocar sus presupuestos para este año en caso de que el Senado rechace por segunda vez los objetivos de estabilidad que el Ministerio de Hacienda lleva este martes al Consejo de Ministros. Fuentes de la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos aseguran que las cuentas de 2024 se elaboraron con una previsión de ingresos prudente, que con toda probabilidad podría superarse, y que contarán con la holgura necesaria para cumplir cualquier senda fiscal.
El Ejecutivo central se comprometió con Bruselas a rebajar el déficit este año hasta el 3% para ceñirse a la vuelta de las reglas fiscales, que se recuperaron desde enero tras haberse suspendido durante la pandemia y tras la invasión rusa de Ucrania. Teniendo en cuenta esa meta global, el Estado endureció su tope de déficit del 3 al 2,7% del PIB y repartió esas tres décimas entre las comunidades autónomas y las entidades locales.
Así y con esta nueva senda -que pretendía servir de base para los Presupuestos Generales del Estado- las autonomías podrían cerrar con un agujero del 0,1% y no en equilibrio presupuestario (déficit cero), como se les exigía con anterioridad. Mientras, los ayuntamientos podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, que es lo que se fijó en abril.
Desde el departamento que capitanea Carolina España inciden en que la flexibilización del límite de déficit para este año apenas supone unos 200 millones de euros de oxígeno 'extra' para Andalucía que, sin embargo, cumplirá "con holgura" su meta fiscal. Así, sostienen que no necesitarán modificar sus cuentas en caso de que los nuevos objetivos decaigan y Hacienda pase a tomar en cuenta los que se enviaron a Bruselas en el Programa de Estabilidad del Reino de España el pasado abril (el déficit cero en el caso de las comunidades).
Andalucía ha recibido 14.000 millones menos de la financiación
La propia consejera, que participó el lunes en la presentación del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas (CGE), incidió en que Andalucía es junto a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia una de las regiones peor tratadas por el actual sistema de financiación, que caducó en 2014, y en que están haciendo un esfuerzo "a pulmón" para tratar de mantener el dinamismo de la economía, dado que con el modelo de reparto actual han recibido 14.000 millones de euros menos que la media desde que este echó a andar en 2009.
Andalucía recibe, según sus cálculos, 170 euros menos que la media de las autonomías de régimen común por ciudadano y 222 euros menos que Cataluña. Por este motivo, las fuentes consultadas inciden en que a la comunidad presidida por Juanma Moreno le compensaría más la puesta en marcha de un fondo de nivelación en tanto que se aborde la reforma del modelo que la condonación de parte de la deuda contraída con el Estado vía Fondo de Liquidez Autonómico. El Gobierno ofrece esta medida a todas las comunidades en virtud del acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.
La consejería de Economía andaluza no ha sido convocada aún a la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para abordar esa quita, a la que acudirá por lealtad institucional, si bien seguirá defendiendo que cualquier medida en este ámbito debiera negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como reclama la dirección nacional del PP.
Un previsible nuevo veto a la senda de déficit en el Senado
Los populares condicionaron su voto favorable a los objetivos de estabilidad que hoy vuelve a aprobar el Gobierno a tres exigencias, que pasaban por una rebaja de impuestos (deflactación de la tarifa de IRPF y reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), a un reparto más equilibrado de esos topes de déficit entre el Estado y las comunidades, y a la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que no han llegado a cuantificar.
Estas exigencias hacen "inviable" la negociación, en opinión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El desencuentro en este ámbito entre los dos partidos mayoritarios hace más que probable que la senda vuelva a ser rechazada en la Cámara Alta cuando se presente de nuevo antes del plazo de un mes.
