La construcción pide agilizar los visados para emplear a 500.000 inmigrantes

La construcción ocupa en España a 1,3 millones de personas y pese a la crisis de los materiales o el frenazo de la vivienda, cerró 2022 con más ocupados (+2,7%) y empresas (+2,1%) que el año previo. No parece que su ritmo vaya a frenar en el presente año, cuando se espera un verdadero despliegue de los fondos europeos que llevarán el ladrillo a un nuevo nivel, asociado a la rehabilitación de viviendas o la mejora de la eficiencia energética en edificios. Pero las empresas del sector se han encontrado con un problema difícil de resolver: falta personal.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que ejerce de patronal, lleva tiempo solicitando un plan de choque que facilite el acceso de determinados colectivos a su mercado laboral, entre los que se incluyen mujeres (a día de hoy son el 11% del total de empleados), jóvenes o personas en situación de desempleo que quieran reciclarse de su profesión. Y en ese plan de atracción aspiran a repetir una fórmula que ya se empleó en el otro gran ciclo alcista de las obras (2000-2008): la inserción laboral de inmigrantes. Según sus cifras, la escasez de trabajadores para la obra ronda el medio millón. 

Cinco ministerios implicados

El problema reside en la fórmula que se fije para facilitar este acceso, que en su día discutió el Gobierno pero que lleva tiempo olvidada en un cajón. Mientras que las organizaciones sindicales proponen regularizar a migrantes irregulares que ya residen en España, otras voces abogan por facilitar la llegada de personal cualificado desde sus países de origen. La primera depende exclusivamente del ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, mientras que la segunda obliga a contar con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ostenta las competencias al respecto. 

Pero las quejas del sector no llegan a estos gabinetes, sino al ministerio de Transportes, quien ostenta las competencias de vivienda y ejecuta las grandes infraestructuras. Y para rizar el rizo, también implican a Educación, encargado de diseñar toda la parte relacionada con la cualificación y formación profesional de estos trabajadores, con la que recibirían sus permisos de residencia. Tampoco hay que olvidarse del Ministerio del Interior, que debe validar a los extranjeros que llegan a España.

Por esta razón, el Gobierno decidió trasladar el debate y sus posibles soluciones a la actualización del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (CODC), herramienta con la que el Gobierno facilita las autorizaciones para que empresas de determinados lugares y sectores cuenten con trabajadores extranjeros, que de esta forma pueden residir y trabajar legalmente en España. 

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que este asunto está siendo abordado "con normalidad", pero que no existen novedades por el momento. Trabajo defendía que no era un problema general de vacantes, sino que los hechos se limitaban a determinados territorios o sectores. 

6.820 millones de fondos europeos en juego

Otras fuentes consultadas por este periódico aseguran que el asunto está paralizado, pero que existe preocupación en Transportes ante el posible cuello de botella que podría provocar en la ejecución de fondos europeos, cuya disponibilidad para gastar está limitada, como máximo, al año 2026. El departamento de Raquel Sánchez, junto a Transición Ecológica son los encargados de repartir 6.820 millones de fondos NextGen destinados a rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y eficiencia energética. 

El cálculo del Gobierno fijaba en 188.300 empleos directos la aportación de los fondos europeos a la economía española sólo en rehabilitación. A esos hay que sumar otros 100.000 obreros que a día de hoy ya tienen más de 60 años y que se irán jubilando progresivamente, lo que genera un agujero mayor. La mayoría de ellos trabajan a pie de obra en construcción de edificios y en funciones como albañiles, canteros, labradores o grabadores de piedras, trabajos intensivos que además requieren de formación previa. 

Mientras la gran obra pública sigue su curso apoyada en los PGE y no sufre de falta de trabajadores porque recolocan a sus propios empleados en aquellas obras más destacadas, son las pequeñas empresas y obras, las que afectan a locales, viviendas o comunidades de vecinos, las que podrían verse limitadas por la falta de personal. Algunas de las faenas que están requiriendo manos son las instalaciones de placas fotovoltaicas o la ejecución de cerramientos, actuaciones donde el peso de las pymes es mayor y su mano de obra es mucho más intensiva. 

"Pedimos que se pongan de acuerdo porque viene una intensidad de trabajo muy importante", comentan desde la CNC, que asegura que la necesidad de personal es "urgente". Su brazo formativo, la Fundación Laboral de la Construcción, asegura tener capacidad para enseñar a un total de 200.000 trabajadores al año: "el sector tiene las herramientas y la capacidad para hacerlo, pero hace falta voluntad política", concluyen.