La prevención de riesgos laborales está en boga por la pandemia del coronavirus y sus efectos sobre los trabajadores que deben continuar desarrollando su actividad en los centros de trabajo, especialmente los profesionales sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra el Covid-19, pero es un aspecto que siempre ha preocupado al Gobierno y a los agentes sociales. Tanto es así que la Seguridad Social dispone desde hace más de una década de un 'Sistema de alertas' que detecta en tiempo real las empresas que superan los límites de siniestralidad establecidos.
Pues bien, esta herramienta había registrado en 2019, antes de la propagación del Covid-19, hasta 269 compañías catalogadas como "focos de riesgo" de enfermedades profesionales, una cantidad que supera en 25 la cifra del año anterior y dobla de largo el volumen de 2010, cuando las empresas consideradas peligrosas para la salud de los trabajadores eran 131, siempre según las estadísticas oficiales que elabora la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El sistema CEPROSS de comunicación de enfermedades profesionales contiene este servicio de alertas, que pone a disposición de la administración laboral de las comunidades autónomas y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una información precisa que permite localizar posibles "focos de riesgo" de enfermedades profesionales, "a fin de facilitar una mayor eficiencia en las acciones de prevención, así como la mejora de las condiciones de trabajo en general", según lo presenta el último informe del departamento que dirige José Luis Escrivá.
Sin embargo, el repunte de las compañías que se saltan los límites establecidos durante la última década pone en evidencia que la herramienta ha fracasado en la lucha contra la siniestralidad laboral. Lo confirma el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares, quien asegura que existe "un subregistro importantísimo" porque "en muchos casos, las enfermedades se tramitan como enfermedad común y no como derivadas de la actividad profesional". "Son las empresas las que deben declarar las enfermedades a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y lo que se está haciendo es derivar al sistema público la mayoría de patologías de ámbito laboral", indica Linares.
En cualquier caso, los limites de siniestralidad establecen el número de trabajadores de una empresa afectados por una misma enfermedad profesional a partir del cual se considera que la compañía rebasa el umbral definido para cada grupo de enfermedad y ha de ser objeto de control. Desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social recuerdan que "el objetivo fundamental es detectar un posible foco de enfermedades profesionales para que se adopten las medidas preventivas necesarias, incluso en aquellas empresas en las que debido a su tamaño el número de partes de enfermedad profesional en relación con el número de trabajadores sea reducido".
El año pasado hasta 269 empresas saltaron automáticamente en la pantalla del modulo de alertas de la aplicación CEPROSS por superar los baremos en 331 enfermedades profesionales, de manera que existen empresas donde las alertas se han originado en más de una enfermedad profesional. Aquí se incluyen por ejemplo las enfermedades causadas por agentes físicos, como las provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo (fatiga, inflamaciones, parálisis de nervios debido a la presión...), las provocadas por inhalación de sustancias como el polvo de sílice libre o las que tienen su origen en agentes carcinógenos como el amianto.
También aparecen las derivadas de agentes biológicos, como las enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. Este caso sería el del personal sanitario que se ha contagiado por estar expuesto a la pandemia del Covid-19. De hecho, en el último informe anual del 'Sistema de alertas' se destaca la alta concentración de enfermedades causadas por agentes biológicos en actividades hospitalarias, así como en actividades de medicina general y en la asistencia en establecimientos residenciales tanto de cuidados sanitarios como para personas mayores.
Los sanitarios, en primera línea contra el Covid-19
Desde que estalló esta crisis sanitaria han sido numerosas las denuncias de médicos y enfermeros que han tenido que protegerse hasta con bolsas de basura ante la falta de equipos de protección individual y material básico como batas, mascarillas o gafas. En estos momentos, los datos acumulados de personal sanitario infectado por coronavirus superan los 28.000 casos y hay que lamentar una treintena de fallecimientos entre este colectivo. Pero además, son muchos los trabajadores de todos los sectores que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo estos días, como los cajeros y reponedores de supermercados, los trabajadores de transportes, logística, telemarketing... o los de la industria y la construcción. Algunas empresas han facilitado equipos de protección, pero otras se siguen resistiendo, tal y como denuncian los sindicatos.
Según los datos que maneja Escrivá, los servicios sanitarios ya han concedido más de 400.000 bajas por incapacidad temporal derivadas del Covid-19. No obstante, hay que tener en cuenta que solo una de cada cuatro bajas laborales por coronavirus son casos confirmados, el resto son aislamientos preventivos. Además, estas bajas computan como contingencia común, con un código de enfermedad especial para que a efectos económicos conste como contingencia profesional, sin que compute como accidente de trabajo en las estadísticas. Los sindicatos han pedido al Gobierno que facilite el reconocimiento, a todos los efectos, de accidente laboral a las bajas del personal del transporte sanitario y sector sanitario y sociosanitario, así como funerarios, contagiados por Covid-19 en el desarrollo de su actividad profesional.
La inspección, vigilante
Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recuerdan que todas las actividades, sanitarias y no sanitarias, están expuestas al riesgo de contagio por coronavirus y, por tanto, todas las compañías sin excepción deben adoptar obligatoriamente las medidas preventivas que han sido recomendadas por las autoridades sanitarias, incluidas, además de las respectivas a la higiene y la seguridad en los centros de trabajo, la realización de teletrabajo siempre que sea posible, la revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias, la flexibilidad horaria y el planteamiento de turnos escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores y la prevalencia de las reuniones por videoconferencia.
La Inspección distingue entre las empresas en las que se desarrollan actividades en las que la infección puede constituir un riesgo profesional (servicios de asistencia sanitaria, labores de limpieza, eliminación de residuos, laboratorios, trabajos funerarios...), donde los inspectores están actuando conforme a criterios comunes, vigilando el cumplimiento de la normativa general en prevención de riesgos laborales y la específica referida a riesgos biológicos. Y por otro lado, el resto de compañías en las que la presencia de Covid-19 en los centros de trabajo es excepcional, porque no guarda relación con la naturaleza de la actividad que desarrollan, y además la infección de los empleados puede producirse en los lugares de trabajo o por vías distintas a la profesional.
El incumplimiento reiterado de estas medidas puede suponer "el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias" y "la suspensión del ejercicio de actividades" por parte de las autoridades sanitarias, como establece la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Desde CCOO, Linares insiste en la necesidad de que las empresas, de todos los sectores, evalúen los riesgos laborales porque la prevención, afirma, "es la pieza fundamental de la salud pública". El Covid-19, como otros coronavirus, deberá introducirse entre los riesgos biológicos en los planes de evaluación a partir de ahora y, como sociedad, "debemos aprender de esta crisis a articular la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de la salud pública".
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