España cerró el año pasado con un déficit (la diferencia entre lo que el país ingresa y lo que gasta) del 4,8% del PIB, en el entorno de los 63.776 millones de euros. El agujero de las cuentas públicas se sitúa por debajo del 5% que el Gobierno incluyó en el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre, pese a que la Unión Europea mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta el próximo ejercicio y a que los países no están obligados a ceñirse a los objetivos de déficit y deuda. En dos años el país ha logrado llevar a cabo la mayor reducción de su desequilibrio presupuestario de la historia desde el pico del 10,1% que este alcanzó en 2020, cuando a causa de la pandemia de Covid el Estado se vio obligado a desplegar todo un paquete de medidas extraordinarias ante la paralización de la economía.
La ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, ha destacado que esa rebaja del déficit se ha producido gracias a que el comportamiento de la economía y del empleo, mejor de lo previsto, ha permitido a las arcas públicas ingresar la cifra récord de 255.463 millones de euros en impuestos, un 14,4% más de lo recabado el año anterior. El Gobierno, ha dicho, ha mantenido sus compromisos presupuestarios, de forma que "por tercer año consecutivo España cumple con el objetivo de estabilidad pactado con Bruselas", ha apuntado en la rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria de 2022.
Desde su punto de vista, mantener la agenda social y la protección a los ciudadanos ante las crisis energética e inflacionaria es compatible con los principios de estabilidad. En concreto, han sido la Administración Central y la Seguridad Social las que han contribuido en mayor medida a la reducción del saldo presupuestario del conjunto del país. La segunda ha reducido su agujero a la mitad, hasta el 0,5% del PIB (5.986 millones de euros), debido al incremento de los ingresos derivados de los mejores salarios y el aumento del empleo, así como a los 37.665 millones recibidos de la Administración Central.
La inflación explica solo un tercio del alza de la recaudación
El informe de recaudación publicado este jueves por la Agencia Tributaria (AEAT) refleja que la recaudación aumentó un 14,4% interanual, lo que según Montero obedece sobre todo al mejor comportamiento de la economía y del empleo en relación a lo previsto. Según la ministra, la subida de precios (la inflación despidió de media en el 8,4% el pasado ejercicio) explica solo 5 puntos de esa subida, esto es, alrededor de una tercera parte.
Según Montero, el impacto presupuestario de las medidas extraordinarias destinadas a rebajar la factura de la guerra en Ucrania en el bolsillo de los consumidores supera los 35.000 millones de euros. De esa cantidad, más de 22.000 millones han tenido impacto ya en el año 2022, generando un ahorro de 6.894 millones de euros para los hogares por esas medidas de choque.
El Impuesto de la Renta elevó su recaudación el año pasado un 15,8% (recaudó 109.485 millones en total), mientras que el Impuesto sobre Sociedades la disparó un 20,8% hasta superar los 32.176 millones de euros, su nivel más elevado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, por "el buen comportamiento de los beneficios empresariales". En un contexto en que el mercado laboral ha resistido, la mejora de la actividad, del consumo y las subidas salariales y de pensiones han impulsado su avance.
El tercer impuesto que más recauda, el IVA, permitió a ingresar un 13,9% más hasta un total de 82.595 millones de euros. Montero ha incidido en que su incremento fue inferior al del IRPF o al de Sociedades, que de hecho están menos afectados por el impacto de la inflación. Mientras, los impuestos especiales aumentaron 2,5% su recaudación, menos de lo que se habría producido sin las medidas extraordinarias. Con la información disponible hasta la fecha, la recaudación habría crecido un 2,7% nominal a marzo (un 3,7% en términos homogéneos) con un alza del 6% de los ingresos brutos.
Aumento del gasto y fuerte incremento del déficit autonómico
En lo que respecta al gasto público, se elevó un 3,6% en el conjunto del ejercicio hasta los 318.610 millones, del que más de la mitad se debió a los pagos a otras administraciones (165.732 millones). Subieron también con fuerza las partidas de ayudas y subvenciones (141%), las transferencias sociales en especie (33%), la inversión (13,2%) o consumos intermedios (25%).
Buena parte del agujero en las cuentas públicas se concentra en la administración central, que registró un déficit equivalente al 3,1% del PIB (41.058 millones). Mientras, las comunidades autónomas triplicaron el agujero de sus cuentas hasta los 15.085 millones, alrededor del 1,1% del PIB, debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado.
A la vez, la liquidación negativa de ese ejercicio llevó a las entidades locales a registrar un déficit de 1.647 millones (0,1% del PIB) tras años de superávit continuo debido a una cuestión que es "técnica y coyuntural", esto es, de tipo contable. María Jesús Montero también ha puesto en valor que a lo largo del año pasado se autorizaron fondos europeos por un total de 5.143 millones, un 13,6% más que en 2021. Ese ritmo ha seguido acelerándose en lo que va de 2023, puesto que hasta marzo se habían autorizado proyectos por 10.757 millones.
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